La privatización de bienes universitarios por Begoña Gómez choca con leyes de Sánchez y Zapatero

"Formarán parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la universidad de las funciones que le son propias, así como los derivados de la ejecución de convenios de colaboración empresarial". Lo proclama una ley del esposo de Begoña Gómez.

Pero ya Zapatero consagró idéntica frontera legal. "El derecho a solicitar los títulos y recurrir a los mecanismos de salvaguarda de la propiedad industrial o intelectual, pertenecerán a la entidad a las que esté vinculado dicho personal de investigación, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de forma expresa y por escrito".

Pese a ello, tras hacerse público que Begoña Gómez registró como marcas propias el nombre de la cátedra TSC de la Complutense y una herramienta digital donada por varias firmas privadas, no lo denuncian ni el rector (Joaquín Goyache, que declina hablar) ni el exvicerrector (Juan Carlos Doadrio, que también calla). Silencian si toleraron excepción a la norma. Y Doadrio filtra que le desaconsejó privatizarlas.

Tampoco han ejercido tal acusación los mecenas o colaboradores de la cátedra como Reale, Fundación la Caixa, Indra, Telefónica, Google, Barrabés, Manpower, KPMG...

Su altruismo tenía como fin engrandecer una cátedra, no a su codirectora. Podrían sentirse estafados. Pero no.

Esto sólo agravó un conflicto de origen. Grandes firmas públicas y privadas escogían precisamente la cátedra de la segunda dama para darle apoyo con dinero, actuaciones gratuitas (plataformas digitales o informes) o respaldo publicitario. No era poco tener a la presidenta de Redeia de telonera.

El escándalo se agigantó cuando dichas firmas privadas fueron crecientemente regadas por Sánchez, como ha destapado este diario. Si la contratación del Gobierno a un sponsor subió un 3.900% o un 1.000% respecto de Rajoy… cuesta ver casualidad.

Pero el conflicto presuntamente desbordó la ley, no ya la ética, cuando Begoña dio dos pasos. Uno, recomendó empresas. Dos, se apropió bienes de su cátedra pública. Ambos hechos están denunciados. Y sobrevuelan su próxima comparecencia judicial.

Pero el juez tiene otros interrogantes. La Complutense dice que no le pagaba salario por su cátedra TSC. ¿Y de dónde cobraba Begoña?

El gestor de los fondos era la Complutense. "La Escuela de Gobierno de la UCM gestionará los recursos de la Cátedra provenientes del patrocinio que asume Reale Seguros y Fundación La Caixa, así como cualesquiera otros fondos que la Cátedra obtenga por otras fuentes".

La Complutense sólo detraía un 10% de sus ingresos privados. "Un 90% de los recursos de la Cátedra se destinarán al desarrollo de las acciones recogidas en la memoria que se adjunta al presente convenio, un 5% irá destinado a los Servicios Centrales de la UCM y el 5% restante al Centro Gestor de la UCM".

Esto dejaba a la cátedra que lideraba Begoña Gómez ese 90% de una cantidad que la Complutense y la segunda dama nunca han revelado. 

Y agravaba el choque ético. Los mecenas apenas pagaban a la Complutense. Nutrían la cátedra de la esposa de Sánchez. Su financiador vía contratos.

Fijaron controles para evitar delitos. Pero el dinero o donación física caía de contratistas maritales. Y todo se tornó sospechoso: por qué escogían patrocinarla, por qué su esposo los contrataba.  

"Entre dichas medidas, se encuentra el establecimiento de protocolos internos de prevención de riesgos penales encaminados a la prevención de la comisión de delitos, especialmente aquellos tipificados con responsabilidad para las personas jurídicas".

Que la cátedra iba a crear una herramienta de medición de impacto lo supo el rector desde el minuto uno. “A lo largo de los dos primeros años se pondrá en marcha una Plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación”.

Pero el rector dijo que no le importaba cómo se pagó cuando saltó que la donaron firmas privadas y su codirectora tutelada la inscribió como propia.

Paradójicamente, existía una comisión de seguimiento de la cátedra presidida por el vicerrector. Pero poco siguió: Begoña Gómez registró como marca propia el nombre de su cátedra TSC y su herramienta digital.

Tras semanas de escándalo sobre las privatizaciones de bienes de la Complutense por Begoña Gómez el rector se personó como acusación el pasado 18 de junio, 24 horas después de ser citado judicialmente.

El juez lo rechazó con un bofetón. Le reprochó que tras leer noticias de prensa invocase posibles daños a la Complutense sin definirlos. Acusaba sin acusar. Le toca explicar si bendijo las privatizaciones de Begoña Gómez. Es su verdugo o coartada.

Pero ninguna cita judicial borrará el Begoñagate: le mimaron contratistas mimados por su esposo. Los recomendó por carta. Su marido en discursos. Ganaron por goleada. Dispararon ingresos. 

Y privatizó bienes públicos. Todo un capítulo de Ética para Amador: "¿Por qué está mal lo que está mal?".