PP y PSOE pactan entre reproches y prevén una larga travesía para la amnistía

Decía este miércoles el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, que el pacto para renovar el CGPJ que sellaron ayer en el Congreso, en forma de proposición de Ley conjunta, es una oportunidad para volver a la normalidad política, la tónica general de lo que ha sido la dinámica política en España desde la democracia hasta la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Desde entonces hasta ahora, no ha habido acuerdos de Estado, ni pactos que antepongan el interés general a los intereses de partido, de cualquiera de los dos partidos que ya no son rivales, sino enemigos acérrimos.Sin embargo, a Patxi López no le creyó ni su parroquia, que aplaudió todos y cada uno de los ataques dirigidos al PP y al Cristo que lo fundó, que precedieron a esa supuesta “declaración de intenciones” hueca y vacía de contenido y voluntades.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, le dio hasta en el cielo de la boca al PSOE y al gobierno en su turno de intervención: antes, durante y después. Tellado, al menos, no aventuró futuros acuerdos ni pactos. Pero los suyos tampoco le hubieran creído, porque de los 350 diputados que conforman el Congreso, ni uno solo espera nada más del acuerdo PP-PSOE para renovar el CGPJ que un reparto “tuyo-mío” de los miembros del CGPJ. Tal vez por eso, lo que emanaba ayer desde ambos grupos, PP y PSOE, era incomprensión o, incluso, vergüenza.

Preguntando a los diputados que, de forma acrítica, apretaron el botón del “sí”, como en tantas otras votaciones, no se apreciaba sino la obediencia debida. Sin entusiasmos, sin argumentos y sin voluntad de vender como un “hito” el hecho de acabar renovando con cinco años de retraso el CGPJ. En cambio, al resto de los representantes de todos los Grupos de la Cámara Baja no había ni que preguntarles.

Pataleta entre los socios de Sánchez por el CGPJ

Todos se subieron a la tribuna de oradores a lanzar espumarajos verbales y diatribas contra el pacto y los firmantes del mismo. Y ahí se quedaron: en la pataleta. Ninguna de las voces críticas, empezando por VOX y terminando por Sumar o Podemos, pasó de las palabras a los hechos o hizo ademán alguno de romper sus acuerdos y pactos de gobierno o de legislatura. Ni siquiera la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que hizo suyo el tuit de Carles Puigdemont, denunciando una presunta “Toga Nostra” y señalando a los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena, se atrevió a ir más allá.

Tal vez toque romper, sí, pero no será en este momento, ni por el supuesto “pacto de la vergüenza” que denuncian independentistas, nacionalistas, VOX, Sumar, etc. Y, en caso de hacerlo, no sería la portavoz parlamentaria la encargada de hacerlo, sino el propio Puigdemont, con toda la ceremonia. Sin embargo, todavía hay que esperar a ver qué ocurre, en primer lugar, con la legislatura en Cataluña y, por supuesto, con la ley de amnistía.

Desde el entorno de Sánchez reconocen que la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía en los casos de malversación de los condenados por el procés les ha pillado con el pie cambiado. Además, visto el planteamiento que se ha hecho desde el Tribunal Supremo (TS), la ley de amnistía muy probablemente tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional y someterse posteriormente a los designios de los Tribunales europeos.

Y es que desde el TS siguen guardando la opción de la cuestión prejudicial, que podría retrasar más de un año incluso (según los cálculos de alguno de los colaboradores de Sánchez) la aplicación de la amnistía en los casos que afectan a Puigdemont o a Oriol Junqueras, entre otros. La cuestión es, según estas mismas fuentes, si Puigdemont perderá la paciencia y dará una patada al tablero, arriesgándose a la llegada de un gobierno “hostil”, con PP y VOX en la Moncloa, o si seguirán dando cuerda (quizás para acabar ahorcándolo) al gobierno de Sánchez.