La Fiscalía otra vez al servicio de Puigdemont: exige a Llanera la amnistía, “no hay otra opción”

Casualidad o no, la Fiscalía que controla el llamado ‘ministro 24’ y amigo de Sánchez, Álvaro García Ortiz, sigue en su actuación defendiendo los intereses del prófugo catalán, Carles Puigdemont, para que se eliminen íntegramente todos los delitos y acusaciones y quede limpio para volver a España.

En un nuevo episodio de connivencia de la Fiscalía con Puigdemont, el Ministerio público insta al juez Pablo Llarena a amnistiar a Carles Puigdemont. En su escrito discrepa del juez instructor del procés, que aseguró que no era posible aplicar el olvido penal a la malversación que se le atribuye al prófugo catalán porque sí tuvo un enriquecimiento personal y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, aspectos excluidos de la amnistía.

El escrito que firman la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, rechaza el propósito de enriquecimiento de Puigdemont y consideran que en la actuación del prófugo no existió ánimo de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, por lo que no se le puede negar la amnistía por este motivo.

“El fiscal no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación, lo que se discute es que existan indicios de que, en la malversación perseguida en esta causa, además de estar dirigida a la realización de algunos de los fines señalados en la ley, concurra también un ánimo superpuesto y deliberado de enriquecerse personalmente”, señalan los fiscales, rechazando que Puigdemont se llevará dinero para él.

La Fiscalía insiste en que “no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía” a Puigdemont. La Fiscalía también niega que la actuación del prófugo catalán afectara a los intereses financieros de la Unión Europea: “no sólo no hay constancia alguna de que el capital gastado en la realización del referéndum procediera de fondos europeos, tampoco es posible admitir que los gastos requeridos para materializar la votación de la que derivaría, de modo automático, la independencia de una parte del territorio, tuvieran virtualidad lesiva alguna para los intereses financieros de la UE”.

Es decir, niega que la Generalitat gastara dinero de fondos europeos en el referéndum ilegal y que la declaración de independencia afectara al interés económico de la Unión Europea, por lo que Puigdemont puede ser amnistiado al excluirse este aspecto que la norma veta para el perdón.