'Caso Alberto González'
Elevada al Supremo la revelación de datos de la pareja de Ayuso: García Ortiz, en peligro
El alto tribunal decidirá si el fiscal general del Estado es investigado por difundir información confidencial de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal Julián Salto relativo al presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta.
Novedades en el caso de la investigación sobre Alberto González Amador por presunto fraude fiscal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en concreto el magistrado Francisco José Goyena ha elevado al Tribunal Supremo la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario en relación a la querella presentada al respecto por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Hay que recordar que González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de este y el fiscal Julián Salto por el caso del presunto fraude fiscal en el que se le investiga. Y hace dos semanas, su defensa solicitó elevar las actuaciones al Tribunal Supremo después de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad de la difusión de estos mensajes. También el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular, remitió un escrito en el que solicitaba igualmente la elevación de la causa al Tribunal Supremo.
El hecho de que García Ortiz asumiera la responsabilidad ha provocado el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del querellado Julián Salto, entendiendo que su actuación en relación a la elaboración de la "nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental". Por lo tanto el asunto se centra ahora sobre el fiscal general del Estado y el Supremo tendrá que decidir si se le investiga por estos hechos.
Así consta en la resolución publicada este lunes: "Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz". En la misma, el magistrado del TSJM también recalca que la difusión de la nota "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" como era desmentir un bulo, pues "supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".