La financiación autonómica: la verdadera y auténtica pesadilla de Sánchez

Con los ecos de la nada (nada nuevo fue lo que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su anunciada "Regeneración democrática") los socios de Sánchez en el Parlamento le afean algo que vienen reprochándole con mayor o menor intensidad a lo largo de la presente y la pasada legislatura: la improvisación; el hecho de llegar al límite con iniciativas legislativas que no ha consensuado con todos los actores necesarios; o que, inicialmente, tienen una estructura y una finalidad que luego se va modificando a golpe de trámite parlamentario y de exigencia, petición o necesidad de alguno de sus múltiples socios.

Esa es una de las premisas de la acción de Gobierno del actual equipo de Sánchez: vivir peligrosamente, día a día, surfeando sobre la actualidad y trampeando con sus socios parlamentarios y gubernamentales.

Y en este momento, más que trampear con el reglamento de la UE -que repasó este miércoles ante el Congreso de los Diputados- sobre los medios de comunicación (a los que se pretende reforzar la libertad de expresión) a Sánchez le interesa por encima de todo (incluso por encima de la declaración de su esposa mañana ante el juez instructor) los buenos oficios de Salvador Illa, el líder del PSC. El ex ministro aspira a ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña antes de que arranque el mes de agosto.

A Illa, a su vez, le meten prisas desde ERC, la formación independentista de quien depende su investidura y que ahora mismo es algo parecido a un polvorín con sus dirigentes enfrentados, con posiciones favorables o contrarias a permitir gobernar al PSC. Teniendo en cuenta todos los considerandos, la clave de bóveda es, según los negociadores, la financiación autonómica, la financiación “singular” para Cataluña.

Supuestamente, Illa tiene “manos libres” para negociar con ERC, pero desde el negociado que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero advierten que la condonación de la deuda de Cataluña -los tan manidos 15.000 millones de euros que la administración catalana debe al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- es lo máximo que pueden ofrecer. Y aun así, tendrían un cúmulo de dificultades para sacarlo adelante en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el PP tiene mayoría absoluta y al que llega con posiciones levantiscas.

Los elementos con los que pretende jugar a su favor la vicepresidenta Montero son las abultadas deudas que acumulan prácticamente todas las CC.AA. (a excepción de la Comunidad de Madrid) y a las que, chequera en mano esperan poder atraer al “lado oscuro”. A cambio, ofrece a las CC.AA. la posibilidad de sanear su propia deuda. Nada nuevo bajo el sol, por tanto: sacar la chequera y ofrecer a Cataluña lo que quiere, a cambio de regar al resto con cantidades que no puedan rechazar, bajo la apariencia de que se les trata a todas por igual.

Desde Cataluña, en cambio, ya han puesto sobre la mesa la palabra “cupo”, que tanto y tan bien ha funcionado a sus amigos del PNV durante todas las décadas que ha gobernado con una financiación “singular”, recogida y amparada por la Constitución Española.

El independentismo catalán quiere el concierto y el cupo vasco, ese sistema que, en su día, rechazó el “padre” de la Constitución, Miquel Roca i Junyent, en nombre de CiU. Y Montero dice que hoy no es posible. Pero lo cierto es que este viernes puede serlo, como ocurrió con la Ley de Amnistía. Al PSOE de Pedro Sánchez le toca “hacer de la necesidad virtud” cada día, porque forma parte de su cotidianeidad esta forma de gobierno basada en vivir peligrosamente y a expensas de sus socios.

Por eso, más allá de los anuncios, Sánchez no aterriza propuesta alguna hasta que no tenga resuelto el puzzle catalán y, por consiguiente, su propia continuidad al frente del Gobierno. Dicen quienes le rodean que Sánchez está firmemente convencido, pase lo que pase, de que Junts no va a provocar la salida del Gobierno de Sánchez porque le conviene más hacerle sufrir que empujarlo fuera, y que, en ningún caso, el presidente va a convocar elecciones en otoño, como se ha especulado.