Duro golpe de Bruselas a Sánchez por sus ataques a los jueces y la politización de la Fiscalía

La Comisión Europea ha dado un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez por sus ataques a la independencia judicial y por la politización de la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz. En concreto, en su informe sobre el Estado de Derecho en España, Bruselas expresa de la preocupación por los ataques en declaraciones de políticos a la Justicia, incluido desde el Gobierno.

La Comisión Europea que dirige Úrsula Von der Leyen, amiga hasta ahora de Pedro Sánchez, advierte además del riesgo de que este tipo de retórica contra la Justicia dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias y también ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General del Estado, dirigida por el estrecho colaborador de Sánchez, Álvaro García Ortiz.

Para la Comisión Europea, “el daño a esta confianza en la Justicia es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales”, un dardo al Gobierno, a los dirigentes socialistas y a los socios de Sánchez, que han lanzado múltiples improperios contra diferentes jueces.

El texto de la Comisión Europea señala "la preocupación que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial", y pone como ejemplo "cuando desde la política criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto".

El informe de la Comisión Europea sitúa como cuestión prioritaria la falta de independencia de la Fiscalía en el primer punto de las preocupaciones y se queja de que no se ha hecho caso a su recomendación de separar el mandato del fiscal general con el del Gobierno.