Sánchez cae en su propia trampa ante el juez Peinado: un fallo garrafal por dos motivos
El presidente del Gobierno está reconociendo de manera implícita que lo que conocía de los negocios de Begoña Gómez lo sabía precisamente por su cargo.
Pedro Sanchez, presidente del Gobierno
Pedro Sánchez ha cometido un error estratégico garrafal al solicitar al juez Peinado, exigir más bien, que su declaración sea por escrito porque es su derecho como presidente del Gobierno. Aunque eso ha quedado descartado y la comparecencia será presencial, lo cierto es que el daño para sus intereses ya está hecho. Más allá de la imagen que traslada de tener muy pocas ganas de colaborar con la justicia, algo muy poco edificante siempre y más cuando se es presidente del Gobierno, su pretensión de contestar por escrito al juez conlleva un reconocimiento implícito de su grado de conocimiento de los negocios de su esposa que le compromete mucho.
Lo primero que hay que aclarar es que Pedro Sánchez no tiene derecho a declarar por escrito como testigo por el mero hecho de ser presidente del Gobierno. Solo se puede acoger a ese privilegio si las cuestiones sobre las que va a testificar las conoció en calidad de presidente del Gobierno. Si, por el contrario, son asuntos que conoce fruto de una actividad o una relación personal o un hecho que nada tenga que ver con su cargo, tendrá que declarar de manera presencial, si bien es el juez el que debe desplazarse hasta el despacho o el domicilio del jefe del Ejecutivo.
Eso es lo que establece con claridad la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) en sus artículos 412.2 y 413.3. Así que la cuestión no es si Pedro Sánchez es presidente del Gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, que evidentemente lo es, sino si los hechos concretos sobre los que le quiere preguntar el juez Peinado, los negocios de su esposa, los conoce como marido o como presidente.
La cuestión tiene un debate interesante, desde luego, pero también hay que dejar claro que Sánchez puede renunciar a su derecho a contestar por escrito, si es que le asiste, e incluso podría voluntariamente acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar allí declaración. No lo tiene prohibido. Es más, aunque la ley le ofrece la posibilidad de no declarar cuándo el investigado es su familiar directo, como por ejemplo, su esposa o su hijo o su padre, también puede hacerlo si lo estima oportuno.
En todo caso, Sánchez se encuentra en un callejón sin salida o al menos de estrechas y difíciles salidas. Si pide declarar por escrito está reconociendo que lo que sabe de los negocios de su esposa lo conoce gracias a su cargo de presidente del Gobierno. Y eso es delicado porque implica que conocía las relaciones de Begoña Gómez con empresas como Barrabés, Globalia o con la Universidad Complutense desde su actividad como jefe del Ejecutivo. Y si eso es así, es un indicio más para pensar en que efectivamente hubo un presunto tráfico de influencias e incluso un posible delito de prevaricación por su parte.
Además, si el presidente del Gobierno se acoge finalmente a su derecho a no declarar, como cónyuge que es de la persona investigada, reforzará la idea de sus pocas ganas de colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido. Con eso tendrá que lidiar ante la opinión pública que probablemente no acaba de entender bien, al menos mayoritariamente no, que Pedro Sánchez y sus ministros se dediquen a descalificar al juez por atreverse a investigar a la “presidenta del Gobierno”, como la llamó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en un lapsus memorable.
Más bien la impresión hasta la fecha podría ser que Sánchez y sus acólitos están poniendo todo tipo de trabas a la investigación judicial. Que eso lo haga un ciudadano particular, mal, pero que lo haga el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia nada menos, es verdaderamente lamentable e irresponsable, como le ha recordado la Comisión Europea a Sánchez hace escasas fechas. "El daño a esta confianza en la Justicia es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales", afirma el comunicado emitido desde Bruselas.
La cuestión se complica cada vez más para Pedro Sánchez, víctima de una estrategia muy mal armada desde La Moncloa de la que ahora ya es muy difícil escabullirse. Y esta investigación tiene pinta de que va a ser larga, lo que supone un desgaste de meses para el Gobierno.