Acoso feroz de Moncloa contra el juez Peinado: Begoña Gómez también se querella

En Moncloa están decididos a doblegar al juez Juan Carlos Peinado, y por ello han desplegado toda una ofensiva. Después de la querella de Pedro Sánchez al magistrado usando la Abogacía del Estado, ahora es la defensa de su mujer, Begoña Gómez, quien ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

La querella de la defensa de Begoña Gómez contra el juez Peinado señala que “mediante actuaciones y resoluciones judiciales, se han producido conductas que pueden ser calificadas como delictivas”, y cita la difusión en prensa de la propia existencia de la causa estando bajo secreto o la notificación de determinadas resoluciones a una acusación popular cuando la investigada aún no tenía acceso.

El abogado de Begoña Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas, que el juez Peinado pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas ya que habría trasladado a las acusaciones populares -Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias- "actuaciones procesales declaradas secretas", lo que propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

A juicio de Antonio Camacho, la actuación del juez Peinado ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión.

Añade Antonio Camacho que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio del abogado, podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado", indica.

Antonio Camacho apunta que, con las resoluciones dictadas, principalmente providencias, el juez Peinado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones".

Entiende Antonio Camacho que este actuar del juez Peinado "pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico".

El juez Peinado pide los contratos de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado por su parte continúa con la investigación a Begoña Gómez y ha acordado una batería de diligencias para en rastrear los pormenores de su contrato con el Instituto de Empresa y también con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Por ello ha reclamado los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas en dicha universidad.

El juez Peinado ha librado oficio a la Complutense para que, junto con los convenios de fundación, se aporten los currículum de los directores y codirectores de dichas cátedras. El objetivo del juez en este asunto es investigar la creación del máster y la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez y ratificar la excepcionalidad de lo sucedido con su cátedra.

El juez Peinado abre también en otra vía de la investigación, el posible tráfico de influencias relacionado con el Instituto de Empresa pues Begoña Gómez codirigía el África Center, dependiente de IE, y el juez solicita al IE el contrato laboral realizado entre IE África Center y la investigada.