A Marlaska se le acumulan los problemas tras sancionar a un Policía por tuitear
El PP presenta una batería de preguntas en el Congreso después de que la Audiencia Nacional anulase la sanción que Interior impuso a un policía por dudar de la capacidad de algunos de sus mandos en X.com
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
A Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, le van a dar el verano. Y todo, por una sanción que la Secretaría de Estado de Interior impuso a un Policía, Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el S.XXI, tras dos tuits que publicó en la red social X.com.
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Vázquez criticó en dos mensajes en esa red social la escasa preparación del director general y su homóloga en la Guardia Civil, lo que le acarreó una suspensión de empleo y sueldo de tres meses. La Audiencia Nacional revocó la sanción al agente al considerar que no incurrió en falta alguna porque además, los comentarios, incardinados en su libertad de expresión, no iban "más allá de constatar una realidad", imponiendo las costas a la Administración.
El PP pregunta en el Congreso
Con estos mimbres, fuentes del Grupo Popular en el Congreso han confirmado a ESdiario que van a interpelar al Gobierno acerca del asunto, tanto para defender a la Policía como a la libertad de expresión. Ana Vazquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, diputados populares, han formulado varias preguntas al Gobierno sobre este suceso, y esperan una respuesta por escrito.
Los diputados populares, amparados en el artículo 20 de la Constitución, que ampara que cualquier persona pueda expresar sus opiniones sobre las administraciones públicas o sobre la gestión por parte de las autoridades públicas que las dirijan, han formulado las siguientes preguntas:
¿Respeta el Gobierno el derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión que incluye la crítica a autoridades y cargos públicos?
¿Por qué el Gobierno suspendió de sus funciones a un policía durante tres meses por criticar en redes sociales a determinados altos cargos políticos ocupados en ese momento en el Ministerio del Interior?
¿Considera el Gobierno que los agentes de la Policía Nacional carecen del derecho de expresar sus opiniones libremente y que si lo hacen deben ser objeto de sanción?
¿Qué consecuencias ha extraído el Gobierno para actuaciones futuras en casos similares tras la demoledora sentencia de la Audiencia Nacional?