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Los 'populares' exigen a Illa el cese de la alcaldesa del PSOE de Granollers por atacar a la Policía

El PP pide a Salvador Illa, el president de la Generalitat, que exija responsabilidades políticas por el 'taller' de guerrilla callejera contra la Policía en Granollers.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, atiende a los medios de comunicación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, atiende a los medios de comunicaciónEuropa Press

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Sergio Gimeno

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La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha lanzado duras críticas contra el PSOE, acusándolo de ser extremadamente diligente y rápido en pronunciarse cuando se trata de abordar cuestiones que afectan a otros partidos políticos. 

Según Martín, ese mismo partido guarda un silencio inexplicable y preocupante cuando se enfrenta a situaciones como la acontecida esta semana en Granollers. En este incidente, jóvenes han sido formados en técnicas guerrilleras, con ejercicios que incluían la simulación del lanzamiento de cócteles molotov contra la Policía, lo que ella califica como una grave amenaza al orden público y la seguridad.

El vídeo, que ha sido difundido este miércoles y ha causado una gran controversia, muestra lo que Martín describe como "delitos de odio contra la Policía y una clara exaltación de la violencia". Además, la vicesecretaria del Partido Popular subraya que "se han vulnerado los derechos de los menores de edad presentes en este acto", un aspecto que, según ella, agrava aún más la gravedad de la situación.

Ante este panorama, Paloma Martín exige medidas inmediatas. En su opinión, la alcaldesa de Granollers debe asumir la responsabilidad política y presentar su dimisión de manera inmediata. Asimismo, hace un llamado al PSOE, y en particular al señor Illa, para que actúe con contundencia y exija el cese inmediato de las personas que han financiado y promovido esta actividad, la cual considera totalmente inaceptable. Además, Martín insiste en que es necesario que el PSOE ofrezca una disculpa pública tanto a la sociedad catalana como a la española en su conjunto, ya que este tipo de acciones "no tienen cabida en un Estado democrático" y representan una peligrosa desviación de los valores y principios que deberían regir en una sociedad civilizada.

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