Cuatro fiscales generales del PSOE avalaron los delitos de los ERES que borra el Constitucional
Las acusaciones de prevaricación y malversación las gestó Conde-Pumpido y validaron Segarra, Delgado y Ortiz
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Todos los jueces que condenaron a los jerarcas socialistas andaluces por emplear ilegalmente 800 millones en los ERES -el coste total ronda los 1.3000- en la Audiencia Provincial de Sevilla y en el Supremo son fascistas prevaricadores.
Es el argumento del PSOE. Por eso (más procés y Begoña...) le urgía renovar el Poder Judicial. ¿Pero qué hay de la complicidad de sus fiscales generales Conde-Pumpido, Segarra, Delgado y García Ortiz? ¿No fueron culpables de tal pisoteo jurídico? Sus subordinados cimentaron las condenas que ha dinamitado el Constitucional.
2009
La investigación de los ERE nace bajo mandato de Conde-Pumpido, nombrado por Zapatero. Esto escribían sus subordinados de Sevilla. "El 17 de febrero de 2009 se iniciaron unas Diligencias de Investigación Penal, tras recibir de la Junta de Andalucía un CD que contenía una conversación con trascendencia delictiva".
"El 7 de abril de 2009 se recibe en Fiscalía el atestado, con transcripción de la conversación y declaraciones de testigos (grabaron la conversación en la que directivos de la Fundación Mercasevilla les pedían dinero en nombre de la Junta de Andalucía a cambio de las gestiones para obtener la subvención) e imputados".
"El Juzgado de Instrucción siguió la línea de investigación iniciada por el Ministerio Fiscal. Ha permitido ampliar otras líneas de investigación en el Juzgado. Estas últimas, las de los ERES actualmente en marcha, han surgido casi dos años después del inicio de la investigación".
Esto escribe la fiscal jefe sevillana, María José Segarra, en febrero de 2011. Tan conservadora que Sánchez la nombró fiscal general en 2018.
Y su jefe entonces era otro fiero fascista: Conde-Pumpido. No cuestiona su investigación. Perfilan ya prevaricación y malversación.
2018
El 29 de octubre de 2018, bajo mandato de la fiscal general Segarra, fichada por Sánchez, los fiscales emiten sus conclusiones contra la trama socialista de los ERES en la audiencia de Sevilla. Los consideran autores de un delito continuado de malversación y prevaricación. No una vez, un ratito… Durante un mandato.
2021
El 16 de marzo de 2021 los fiscales pulverizan el recurso de los ERES en el Supremo. Su jefa es Dolores Delgado, nombrada por Sánchez. Tumban lo que Constitucional y PSOE hoy aventan: no hubo indefensión para los acusados.
La prevaricación fue deliberada. "Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en vulneradores de la legalidad". No hubo error, sino "comportamientos activos al servicio del funcionamiento del sistema, no omisivos".
No fue política. "Nada tiene que ver con decisiones políticas. Trata del manejo y otorgamiento de subvenciones excepcionales, ya regladas, sometidas por los recurrentes a un tratamiento que orilla por completo el cauce administrativo que, por existente, debían seguir preceptivamente".
Nadie invocó lawfare. Tampoco las defensas denunciaron la supuesta irregularidad procesal ante una acusación por delito continuado de malversación.
Quisieron malversar. "Los actos prevaricadores fueron el medio para lograr la disposición de los fondos públicos. Sin ellos, no podría haber tenido lugar la malversación de caudales".
2022
Quince años después de iniciarse la investigación, otro fiel escudero socialista pilota la Fiscalía: García Ortiz. Y tampoco cuestiona la labor acusadora de sus subordinados en los ERES. Al contrario. La exhibe como hito contra la corrupción a su venerado presidente Sánchez.
"Diligencias Previas 174/2011 del Juzgado de Instrucción n.o 6 de Sevilla (ERES). Se incoaron el 23 de enero de 2011 [Pumpido] por delito societario de Mercasevilla en los años 2003 y 2007, fraude derivado de la introducción entre los beneficiarios de las ayudas públicas dadas por la Junta de Andalucía a los trabajadores de Mercasevilla, de personas ajenas a la empresa, los llamados «intrusos», intrusos que igualmente fueron detectados en ERES de otras empresas que habrían recibido ayudas públicas de la Junta".
"La investigación no se refiere solo a la detección de intrusos sino también al propio mecanismo de otorgamiento de las ayudas, al hacerse con total omisión de los trámites administrativos propios de las subvenciones, impidiendo cualquier tipo de control, seguimiento, justificación de la ayuda y fiscalización del gasto".
"Hay más de 350 personas imputadas, entre ellas aparte de los intrusos detectados en diferentes empresas, dos ex presidentes del Gobierno andaluz, tres exconsejeros de Empleo y Hacienda…".
García Ortiz tampoco ve indefensión jurídica. Y avala los delitos que luego barre el Constitucional. Cometieron malversación (llegaron ayudas a "intrusos") y prevaricación ("impidiendo todo tipo de control").
2024
La amnesia sacude a Pumpido y fiscales herederos. Dinamitan su gesta contra la corrupción desde el Constitucional. Y aplaude el presidente que llamó indecente a Rajoy.