Sánchez votó con el PP en 2014 no rebajar las penas de etarras en contra de la UE

Sánchez vende que la UE exige a España restar las penas de los etarras sufridas en Francia de las aplicadas en España. El argumento es falso.

Y Sánchez lo sabe. En 2014 su partido, del que era diputado y secretario general, votó con el PP no aplicar tal reducción de condenas planteada en una Decisión Marco de la UE de 2008. 

Sus votos refrendaron la ley de Rajoy que consagraba tal excepción a la recomendación promulgada por la UE. "En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la UE con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

Y eso dejaba fuera a centenares de etarras condenados en Francia. ¿No leyó Sánchez la ley obra de Rajoy que votó su partido sin un reproche? Desde la tribuna del Congreso el nacionalismo vasco le hizo saber que era un atropello a los presos vascos de la mano del PP.

Las quejas del nacionalismo vasco

Amaiur: "El Partido Socialista y el Partido Popular se mueven por un impulso vindicativo, que en modo alguno puede tener amparo en el ámbito legislativo, además de dejar claro cuál es la calidad democrática del Estado español".

PNV: "Lo que se aplica es la legislación española. Probablemente para este viaje no hacían falta tantas alforjas, señor presidente; hubiera bastado con mantener el orden jurídico vigente".

Pero el PSOE abrazó vetar la reducción de penas a etarras: "Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente. Contribuye a tener dos nuevos instrumentos legislativos que siguen en la mejora de este espacio de libertad, seguridad y justicia y esa construcción también de una normativa de derecho procesal, de derecho penal común, para avanzar hacia esa idea que todos tenemos de una Europa federal y una Europa cada vez más unida políticamente, también por nuestro cuerpo normativo”.

Hay muchos elementos que contradicen que España estuviese en falta por incumplir la recomendación de la UE. Surgió en 2008 pero no la aplicó Zapatero en todo su mandato. Sánchez avaló en 2014 su incumplimiento desde la oposición con sus votos. Y tras seis años en Moncloa lo corrige en 2024.

¿España llevaba 16 años violando legalidad europea? El Tribunal Supremo rebate tal aserto: "Cuando Francia traspuso la misma Disposición Marco (Ley 2012-409 de 27.3.2012 relativa a la ejecución de las penas) no menciona en su articulado, ni en los preceptos del Código Penal o del Código Procesal Penal modificados, nada relativo a la acumulación de las penas impuestas por Tribunales de los Estados miembros de la UE".

"Lo mismo ocurre con Luxemburgo, que implementó la DM mediante la Ley de 24.2.2012 relativa a la reincidencia internacional".

"La DM contempla esas excepciones que cada Estado puede incorporar en su Derecho: se quiere evitar que la Decisión influya o interfiera en las condenas anteriores (o en la ejecución) de los otros Estados Miembros (art. 3.3); o en las condenas anteriores pronunciadas por el Estado Miembro donde se desarrolla el nuevo proceso (art. 3.4). A la vez que excluye la obligatoriedad de la consideración de la condena de otro Estado Miembro, a efectos de acumulación de condenas".

La Fiscalía ha sostenido similar oposición. "Las Decisiones Marco tienen valor interpretativo, pero no tienen valor directamente vinculante para los tribunales". "No es una Directiva y carece, por ello, de efecto directo, e insiste en la importancia de aplicar la ley nacional". Sólo es exigible si el gobernante, léase Sánchez, la hace ley.

Es la "única forma" de que esas Decisiones Marco "obliguen directamente al ciudadano y de que éste pueda ajustar su conducta a los mandatos de unas normas que afectan de forma muy directa y gravosa a sus derechos fundamentales".

Sánchez ha generado un bello dilema. Francia no computa las penas españolas, pero España sí debe sumar las condenas galas. 

Y esto ocurre en 2024 porque Otegi, harto de ver perder recursos a sus ex compañeros para rebajar condenas, tiene en sus manos al líder que en 2014 le denegó tal mecanismo favorable a los asesinos. Diez años después Sánchez sí precisa sus votos.