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Fiscalía General del Estado

El Fiscal General de Sánchez, Álvaro García Ortiz, imputado por el Supremo por revelar secretos del novio de Ayuso

Es la primera vez en la historia que se abre causa contra un fiscal general del Estado por la difusión de un comunicado con información privada de Alberto González Amador

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El Tribunal Supremo ha convertido a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general del Estado investigado formalmente por la justicia. La Sala Penal ha admitido la exposición razonada enviada por un juez de Madrid y ha abierto una causa por revelación de secretos al hombre de confianza de Pedro Sánchez puesto a dirigir la Fiscalía por la difusión de un comunicado a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La imputación a Álvaro García Ortiz viene tras la querella de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid desvelaba detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto en relación con una causa por supuesto fraude fiscal que tiene González Amador.

Álvaro García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota y se puso con ello al borde de la imputación como máximo responsable del presunto delito. El novio de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid llevó el caso a los tribunales, ya que la divulgación de los correos de González Amador violaba la privacidad del mismo. Además, la finalidad del comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid iba más allá de desmentir informaciones erróneas en la prensa, sacando a la luz datos que no debían ser compartidos con terceros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que la nota informativa de la que Álvaro García Ortiz se hizo responsable no se ajustaba a los propósitos que alegaba la Fiscalía, pues revelaba detalles confidenciales sobre la investigación y contenía información que no había sido divulgada por la prensa, la excusa puesta por la Fiscalía.

La decisión final de imputar a Álvaro García Ortiz recaía en el Tribunal Supremo, que ha dado el visto bueno a investigarle por unanimidad. La magistrada Susana Polo, junto con los jueces Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, fueron los designados para valorar si la actuación del fiscal general de Pedro Sánchez constituye o no un delito de revelación de secretos. Por ahora, sí ven indicios y van a investigarlo.

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