El juez Peinado no prevarica y la Abogacía del Estado queda retratada: el auto del TSJM impacta en La Moncloa

“Es muy burdo”, aseguró la vicepresidenta Teresa Ribera; "carece de lógica procesal", incidió el ministro Óscar Puente; "caso paradigmático", afirmó el ministro Marlaska; y Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, hasta se querelló contra él por un presunto delito de prevaricación judicial: el Gobierno, casi al completo, ha cargado en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado.

De nada ha servido, sin embargo, que el poder Ejecutivo haya puesto en el punto de mira mediático y judicial al juez que instruye la investigación contra Begoña Gómez, la pareja del presidente del Gobierno. La estrategia diseñada y orquestada por La Moncloa ha fracasado.

Y es que el varapalo que ha sufrido el Gobierno, en especial el líder del Ejecutivo, ha sido doble: por un lado a nivel judicial, tanto con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de permitir al juez Peinado -con acotaciones, eso sí- seguir investigando el 'caso Begoña Gómez' como ahora -este viernes- el rechazo de la querella interpuesta por Pedro Sánchez contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y por el otro, a nivel político-discursivo: quedó del todo constatado que el juez Peinado no ha prevaricado en el transcurso de su investigación y que hay 'caso Begoña Gómez' para instruir. El hasta ahora mantenido relato del Gobierno se ha desmoronado.

La "mala fe" de Pedro Sánchez: el auto del TSJM

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, el auto emitido este viernes por el Tribunal Superior de Madrid es del todo contundente y no solo en su rechazo a la querella que la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, presentó contra el juez Peinado por prevaricación. Va más allá.

Y es que el auto del TSJM, al que ESdiario ha tenido acceso, alega que "a modo de conclusión, no puede la Sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que ésta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado: perseguir conductas improcedentes de quien desempeña la función del juez", se lee en él.

No solo eso. Se lee en el voto particular del magistrado Jesús María Santos Vijande que "me parece harto defendible -por algunas de las razones que da el propio Auto y por otras en las que habré de abundar-, que la querella interpuesta e inadmitida a trámite al amparo del art. 313 LECrim puede entrañar un ejercicio abusivo del derecho a querellarse -en locución, v.gr., del ATS de 5 de octubre de 2022 (roi ATS 13748/2022, Pte. Ferrer García)-", sentencia.

Por ello, advierte de un "ejercicio abusivo que no solo es expresión de temeridad al litigar, sino, más gravemente aún, de verdadera mala fe al hacerlo". Hasta el punto de que el magistrado propone "abrir una pieza separada, que se encabezará con testimonio de esta resolución, con el fin de determinar, mediante acuerdo motivado y previa audiencia del querellante, si la interposición de la querella entraña abuso de derecho o mala fe procesal a los efectos establecidos en el art. 247.3 LEC". 

La conclusión es clara: no solo deja claro el TSJM que el juez Peinado no ha prevaricado sino que, además, pone el foco en la politización de una Abogacía del Estado que se ha prestado, como describe el magistrado Santos Vijande, a una “mala fe” por parte de Pedro Sánchez.

Estupor en La Moncloa y satisfacción en el PP

Desde el Gobierno no se esperaban la contundencia de este auto y el diseño de una nueva estrategia mediática ya está en marcha. Según indican fuentes del Ejecutivo a este periódico, respetan la decisión del Tribunal, pero discrepan de sus "razonamientos jurídicos" y de su "argumentación".

Y pese a que "la respetan", las críticas al TSJM no se quedan cortas: aseguran que el auto tiene un "carácter especulativo" al achacarle a Sánchez un "intento de tergiversar" el delito de prevaricación y la crítica de que se haya valido de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra Peinado.

Es más, en el Gobierno están sorprendidos por "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto" y remarcan que tanto la Presidencia del Gobierno como la Abogacía del Estado solo pretenden "preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal".

Lo contrario ocurre en el número 13 de la calle de Génova. En la sede del Partido Popular no ocultan su satisfacción al comprobar que "todos los intentos de Pedro Sánchez de tumbar las investigaciones contra su mujer han fracasado", asegura una muy destacada fuente de la dirección nacional del PP. "Ahora, no sólo tiene a su fiscal imputado: también a la Abogacía del Estado desacreditada", sentencian las mismas fuentes consultadas.