Pedro Saura, la mano derecha del exministro Ábalos, admite su mediación en el rescate de Air Europa
Pedro Saura, actual presidente de Correos y secretario de Estado de Transportes durante la pandemia, aparece en el último informe de la UCO como uno de los interlocutores de Hidalgo en las semanas previas al rescate de Air Europa.
Pedro Saura, actual presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes durante la pandemia, aparece mencionado en el último informe de la UCO, el cual derivó en la imputación de José Luis Ábalos, su superior durante el periodo investigado. Ábalos enfrenta cargos por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Según el informe, Saura figura como uno de los interlocutores de Juan José Hidalgo en las semanas previas al rescate de Air Europa.
Saura, quien fue el "número 2" del entonces "número 2" del Gobierno, conocido en la trama como “El 1”, ha reconocido haber mantenido conversaciones con Hidalgo. Justificó estas interacciones señalando que, como CEO de la aerolínea, era razonable hablar con él debido a que "era una situación difícil". No obstante, se ha distanciado de Aldama, afirmando que no lo conoce y solo lo recuerda de una fotografía junto a Ábalos en Zamora.
Por otro lado, Saura admitió haber tratado con Koldo García, aunque negó tener acceso a información privilegiada sobre su nombramiento en Correos o sobre las gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa. Según declaraciones de Koldo a Aldama, “se quería dar el pego”.
Respecto a las críticas por la falta de transparencia en el rescate de Air Europa, Saura defendió el secretismo del Ministerio de Transportes bajo la gestión de Ábalos y, posteriormente, de Raquel Sánchez, argumentando que “la transparencia tiene unos límites”. Esto contrasta con el hecho de que el Ministerio lleva 45 meses sin hacer público el expediente completo del rescate.
Finalmente, tampoco ofreció explicaciones sobre el contrato de Correos con Iberojet, perteneciente a Ávoris, filial de Globalia. Este contrato, firmado sin concurso público, trasladó al Estado las pérdidas generadas bajo su presidencia, sin que Saura haya rendido cuentas al respecto.