PSOE y Sumar convierten Educación en un coladero para blindar la "ley de nietos"

PSOE y Sumar han decidido que su mayoría parlamentaria pesa más que las advertencias de los letrados. Los dos partidos del Gobierno han dado continuidad a una enmienda sobre nacionalidad española introducida en una reforma educativa, pese al informe que cuestiona expresamente ese procedimiento.

Según ha adelantado THE OBJECTIVE, citando fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Educación ha permitido este miércoles que siga tramitándose la propuesta de Sumar. La decisión mantiene abierto el intento de reforzar la cobertura legal de la llamada "ley de nietos" utilizando una norma dedicada a una materia completamente distinta.

Educación, convertida en un coladero legislativo

La operación consiste en aprovechar una reforma sobre enseñanza y condiciones del profesorado para modificar los requisitos de acceso a la nacionalidad española. Las aulas proporcionan el vehículo parlamentario para una decisión que pertenece a otro debate.

La pieza central es la enmienda 63, registrada por Sumar como una nueva disposición final. Su contenido modifica la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. El salto entre ambas materias retrata la técnica elegida por los socios de Sánchez: introducir una reforma de enorme alcance dentro de un proyecto educativo.

Un aviso constitucional que la mayoría decide apartar

El informe jurídico cuestiona el fundamento mismo de esa operación. Los letrados sostienen que no existe "el mínimo punto de conexión material" entre la enmienda y el proyecto en el que se pretende insertar. También señalan que Sumar la presentó sin justificar esa relación.

La advertencia afecta a las garantías del procedimiento legislativo. Los servicios jurídicos recuerdan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria congruencia de las enmiendas y alertan de que ignorarla podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación de los parlamentarios.

El informe es consultivo y la decisión corresponde a la Mesa. Esa capacidad de decidir permite continuar la tramitación, pero deja intactas las objeciones jurídicas que PSOE y Sumar han optado por asumir. Tener los votos para abrir el trámite no resuelve el problema señalado por los letrados.

El blindaje que buscan los socios de Sánchez

La propuesta incorpora expresamente las razones económicas y sociales entre los motivos de exilio contemplados para esta vía de acceso a la nacionalidad.

Además, introduce en la ley la presunción de que fueron exiliados todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esa presunción ya aparecía en la instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El movimiento pretende elevarla expresamente a rango legal. Una modificación de esa relevancia merece un debate propio; PSOE y Sumar han elegido introducirla entre disposiciones educativas.

El revés del Supremo, detrás del atajo

La iniciativa se produce después de que el Tribunal Supremo acordara medidas cautelares sobre los efectos electorales de las nacionalizaciones afectadas por la controversia.

Según Europa Press, la suspensión del sufragio contempla la excepción de quienes acrediten ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. La propuesta de Sumar busca asegurar el derecho de voto de los nacionalizados mediante la modificación de la Ley de Memoria Democrática.

La respuesta política al conflicto judicial pasa así por cambiar la legislación. El reproche está en el atajo escogido: hacerlo a través de una reforma educativa cuya conexión con la nacionalidad rechazan los propios servicios jurídicos del Congreso.

Primero intentaron avanzar sin informe; ahora siguen pese a él

La tramitación ya había provocado un enfrentamiento. Según THE OBJECTIVE, el PP reclamó disponer del informe de los letrados antes de calificar la enmienda, lo que desembocó en la suspensión de una reunión anterior.

Ahora, con las objeciones conocidas, los socios del Gobierno mantienen la operación. La enmienda todavía debe superar las votaciones correspondientes y no está aprobada definitivamente. Pero la decisión política ya está tomada: PSOE y Sumar prefieren sostener este atajo legislativo antes que atender el reparo sobre la falta de relación entre nacionalidad y educación.