El pasado judicial podría salvar al presidente murciano de la "garra" de Rivera

Quince veces ha sido imputado Pedro Antonio Sánchez y otras quince ha sido desimputado. Y todo por el empeño del PSOE murciano, que sistemáticamente ha recurrido a la Justicia, o mejor dicho a las denuncias, (probablemente) para intentar arrebatar al PP una victoria que no consigue en las urnas.

Así, la carrera del todavía presidente de Murcia ha ocupado más páginas en las secciones judiciales de los periódicos que en las de política. Una vida marcada por un estado, casi natural, “el de imputado”, como afirman con mucha ironía y resignación fuentes del Partido Popular.

Pero en esta ocasión, en medio de un ambiente ya de por sí muy caldeado, con los medios llenos de asuntos como la condena a Iñaqui Urdangarín o a los beneficiarios de la tarjetas “black” de Caja Madrid, los focos han vuelto a señalar a Sánchez. Se ve que la oposición ha mordido una presa que no quiere dejar escapar. De reojo, PSOE y Podemos miran a otra cacería política, la de la vecina Valencia, que se cobró la cabeza del entonces presidente Francisco Camps, obligado a dimitir para luego ser absuelto en los tribunales.

Y mientras, ante este cruce de acusaciones, el caso se complica con el vuelco que el Gobierno ha dado a la Fiscalía después de proceder al relevo de una treintena de fiscales, entre ellos el fiscal jefe murciano. Como era previsible, Manuel López Bernal, que así se llama el sustituido, no ha aceptado de buen grado su cese y ha tratado de poner altavoces mediáticos para que un relevo profesional parezca una enorme “purga” ideológica y política.

Cierto: en los 11 años que ha estado al frente de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia nunca había denunciado presiones. Sin embargo, apenas 24 horas después de ser sustituido no paró de quejarse de las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir la corrupción. Eso sí, ha preferido omitir un dato muy relevante: que está casado con la abogada del PSOE de Murcia, precisamente quien presenta las querellas contra Sánchez.

Pero la clave sobre la resolución del futuro político de Pedro Antonio Sánchez no reside ni en la oposición ni en la Justicia… No, la llave está en manos, antes de nada, del mismo PP. Y, según aseguran desde Génova 13 importantes mandatarios, “no están dispuestos a dar un paso atrás” en este caso. No van a ceder. Lo tienen claro. El PP ya ha fijado posición respecto al presidente murciano, y si Ciudadanos, su socio de gobierno en la Asamblea de Murcia, quiere exigir su destitución, “que asuman su responsabilidad y hagan lo que consideren deben hacer; allá ellos”, señalan.

El pasado jueves el líder naranja, Albert Rivera, reiteraba que Sánchez tiene “fecha de caducidad”: la próxima semana, cuando se celebre una de las reuniones periódicas de coordinación que mantienen C’s y PP en la región de Murcia. Sin embargo, a día de hoy sus compañeros murcianos aseguran que la postura del partido es “bastante más conciliadora” con el presidente autonómico que la exhibida desde los despachos nacionales. De ahí que no sería extraño que se pudiese pactar, de momento, una “tregua”, al menos hasta que se produzca la declaración judicial del presidente del PP como investigado en el caso Auditorio, el próximo 6 de marzo.

Desde luego, C’s de Murcia no se plantea apoyar una moción de censura en connivencia con el PSOE y con la complicidad de Podemos. Los dirigentes murcianos de Ciudadanos desean permitir que la justicia agote sus plazos antes de “ajusticiar” políticamente a Pedro Antonio Sánchez. Más aún con el precedente del poco recorrido que han tenido las imputaciones anteriores.