La "trampa" del plan de C's para eliminar aforados en Murcia, al descubierto

En el verano del año pasado, tras quedar plasmado el acuerdo de investidura con Albert Rivera, un colaborador avisó a Mariano Rajoy sobre la letra pequeña. El presidente del Gobierno guardó silencio. Era consciente de las deudas adquiridas, algunas imposibles de cumplir sin mediar un abanico de cambios legislativos. A ojos de los populares, la manoseada pretensión de suprimir los aforamientos pasa por modificar la Constitución, pero también los estatutos de autonomía, la Ley del Poder Judicial y la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo, entre otras muchas normas.

A ello habría que añadir la delimitación clara del ámbito de responsabilidad respecto del cual se busca eliminar la condición de aforado. En Román paladino: si la pretensión es anularlo para todo tipo de delitos o sólo para los relacionados con la actividad pública. Así, el Gobierno ha ido echando un jarro de

agua fría sobre la bandera que el líder naranja maneja. Lejos de darse por vencido, Rivera busca usar ahora la región de Murcia como una suerte de "experiencia piloto", con el objetivo de extenderla hasta la Carrera de San Jerónimo, lo que significa más o menos empezar la casa por el tejado. O lo que es lo mismo, poner el carro delante de los bueyes.

Así es como explican en privado desde la dirección nacional del PP el hecho de que en Murcia C´s haya sacado de su zurrón quitar los aforamientos como condición para aupar a Fernando López Miras al frente del Gobierno. La medida, que debe ser aprobada en Pleno antes del debate de investidura -que posiblemente se celebrará la última semana de abril-, carecería de aplicación inmediata, ya que, al implicar una reforma del Estatuto de Autonomía, debe ser refrendada en las Cortes Generales.

El proceso, siendo optimistas, se alargaría hasta el segundo semestre del año como mínimo. Para entonces, la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez, y por tanto su futuro político, estarán más claros que ahora. Y el partido naranja habrá podido estirar el disfrute de su triunfo sobre los populares como promotores del final de lo que consideran un "privilegio de los políticos" que, a la postre, solo consiste en que los representantes públicos gozan de un margen previo de inviolabilidad.

Con o sin archivo de las causas contra Sánchez, queda mucho por ver en la crisis de Murcia. En lo judicial, sin duda, pero sobre todo en lo político.