González, bochorno y decepción

La detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha tenido un impacto tremendo en la opinión pública por la naturaleza de sus presuntos delitos, la magnitud del previsible enriquecimiento y la envergadura política del presunto responsable de todo ello.

Aunque es difícil insistir en la presunción de inocencia, en pleno espectáculo televisado de acciones que se sustentan teóricamente en el secreto de sumario pero avalan -de manera constante e inquietante- una pena anticipada de Telediario, conviene recalcarlo para evitar que la Justicia se convierta en un arma justiciera y no reparadora: porque tal vez acierte con ese espíritu en alguna ocasión, pero puede no hacerlo en tantos otros y en todo caso transforma la acción penal especializada en una suerte de Auto de Fe colectivo impropio de un Estado de Derecho.

Pero dicho lo cual, los detalles ya sabidos de la 'Operación Lezo' perfilan un caso de corrupción tan mayúsculo como sorprendentemente chusco: se compraban con dinero público empresas sobrevaloradas para, en el camino, enriquecerse personalmente con la diferencia entre lo que de verdad valían y lo que en realidad se pagaba. Y que en ese montaje aparezcan familiares y amigos, como parece demostrado, resulta sonrojante e impropio de alguien que presidió la primera Comunidad de España en muchas cosas buenas y en alguna mala: desde luego, en corrupción, pocas se le asemejan.

La envergadura de los afectados por operaciones como Gürtel, Púnica o ahora Lezo (los dos vicepresidentes de facto y un buen ramillete de alcaldes y diputados) avala la sensación de que todo era corrupción en los Gobiernos de Aguirre y ensombrece los múltiples logros que durante esos años ha conquistado Madrid con una gestión decidida: estamos ante la primera o segunda región con menor paro, deuda y déficit y con mayor renta, PIB y progreso escolar de España.

Tan inapropiado es envolverse en esos éxitos objetivos para minusvalorar la profundidad de los casos de corrupción como servirse de éstos, por escandalosos que sean, para enmendar la totalidad de una era, extender la mancha a todos sus protagonistas y, de paso, abrir una causa general contra el PP madrileño actual y, si se puede, contra el conjunto del partido en toda España. Pero eso será más difícil de sostener si, frente a la evidente campaña por inculpar al conjunto del partido, el PP no reacciona con energía y se limita a tramitar como meros hechos aislados la concatenación de bochornos de enorme intensidad y con notables participantes.

Sobre la 'Operación Lezo', resulta patético, de confirmarse, conocer al González codicioso y sin escrúpulos que monta una trama criminal para llenarse los bolsillos desde la Puerta del Sol; pero también lo es ampliar esa brutal mancilla al conjunto del llamado 'aguirrismo' y también a la sucesora de todos ellos por decisión de los electores, Cristina Cifuentes. Los delitos, de existir, siempre son individuales y nada define peor a una democracia sólida que amplificarlos al conjunto de una ideología, raza o confesión a la que pertenece cada garbanzo negro. Especialmente cuando el origen es una denuncia de la sucesora del ahora detenido y la primera en dimitir, sin estar imputada, fue la que le dejó la presidencia.

Otra cosa son las responsabilidades políticas, y si bien es cierto que todos los partidos tardan en asumirlas y explicarlas (desde el PSOE de los ERES a la CiU de Pujol), no lo es menos que ahora le toca al PP y que tiene poco sentido escudarse en el comportamiento del resto. Por mucho que Rajoy crea que su Gobierno y su partido han hecho contra la corrupción, no es ésa la impresión mayoritaria en la opinión pública, sumida en un estado de ánimo cercano a la depresión y al enfado. Y a eso hay que saber responderlo con algo más que frases hechas y un mensaje de respeto a la Justicia, como si ésta lo necesitara para actuar.