En contra del impuesto a las bebidas azucaradas

Como seguro que ya saben nuestros lectores, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un impuesto a las bebidas azucaradas con la finalidad de desincentivar su consumo. De hecho, asumiendo el papel de ángel de la guarda de los catalanes, no descarta extenderlo a otros alimentos en el futuro, siempre por el bien de aquellos. Pues bien, resulta sorprendente la escasa oposición que esta medida ha suscitado. Incluso algunos prestigiosos scholars y políticos de tendencia liberal, como Conde-Ruiz y Elorriaga, parece apoyar expresamente la medida.

Usar el Derecho para desincentivar costumbres nocivos viene de muy antiguo y llega hasta Obama

Esta tendencia de utilizar el Derecho como instrumento para desincentivar comportamientos nocivos e indeseables tiene un indudable origen cristiano (en Roma tenían otros instrumentos para ello, como la censura) pero en los últimos tiempos ha recibido un supuesto espaldarazo científico gracias a los trabajos del Behavioral Law and Economics. Esta corriente fue acogida con entusiasmo por la Administración del expresidente Obama, gran admirador de Sunstein, a quien encomendó la dirección de Información y Asuntos Regulatorios.

Su influencia se nota en muchos ámbitos, pero uno de los más significativos es el de los llamados “sin taxes”, nombre de por sí bastante elocuente. La idea es gravar especialmente ciertos productos que se consideran nocivos para la salud, con el fin de disuadir su consumo.

Frente a la acusación de paternalismo, sus partidarios se defienden utilizando varios argumentos. El principal es que con estas medidas se busca evitar externalidades negativas, es decir, efectos derivados de ese consumo que no sólo resultan perjudiciales para el usuario, sino para los terceros. En el caso concreto de los “sin taxes”, se alega el aumento del gasto sanitario que al final tenemos que sufragar entre todos.

Bien, este argumento es frágil, porque resulta dudoso que los obesos, alcohólicos y fumadores resulten más gravosos para las arcas públicas que las personas sanas. Más bien cabe sospechar lo contrario, especialmente en los tiempos que corren. Los obesos y fumadores mueren antes y así nos ahorran las cuantiosas pensiones que deberemos pagar a las personas sanas hasta que cumplan cien años, que al disfrutar además de una vejez y decrepitud (eso sí, natural) mucho más larga, terminan consumiendo muchos más recursos sanitarios.

Por otra parte, no cabe negar que los “sin taxes” también producen externalidades negativas, porque al disuadir del consumo de un producto podemos estar incentivando otro que puede terminar siendo peor. Por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, podemos terminar incentivando -no el agua- sino el alcohol o las bebidas light, que según ciertos estudios recientes elevan el riesgo de demencia y el ictus. Claro que siempre podemos gravar todo menos el agua, para conseguir una sociedad de efebos saludables que, en el fondo, reconozcámoslo, es lo que queremos.

Podemos gravar todo y lograr una sociedad de efebos saludables, que en el fondo es lo que queremos

En definitiva, ese mantra de los defectos de información del regulador (no por manido menos cierto), que siempre está en la boca de los liberales para proponer la desregulación, brilla aquí por su ausencia.

El segundo argumento de defensa frente a la crítica de exceso de paternalismo es que los “sin taxes” no prohíben nada. El que quiera seguir bebiendo azúcar puede hacerlo a discreción. Sin embargo, el argumento vuelve a ser muy débil. El Derecho penal tampoco impide nada. Si yo quiero matar a mi vecino porque su perro ladra por la noche nada puede impedírmelo… salvo la sanción, claro. Pues aquí pasa lo mismo, aunque sea –lógicamente- a menor escala.

Pero todo esto palidece en comparación a la principal externalidad negativa de los “sin taxes” que es profundizar en la fusión entre Derecho y Moral, uno de los grandes males de nuestro tiempo. Esa fusión arranca de San Agustín, la profundiza la Reforma y la Secularización no ha hecho más que agravarla. Su precio es anular el sentido de la responsabilidad individual, aplastando de paso la autonomía y dignidad de las personas. Frente a la vida mala, educación e información, pero no Derecho por favor, tampoco el Fiscal.