El ranking de Transparencia de las principales instituciones españolas
La Fundación Hay Derecho reflexiona sobre la transparencia en España, un camino obligatorio que no todos quieren o saben recorrer. Y explica su ranking de instituciones de toda España-
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia
Como saben nuestros lectores, la Fundación Hay Derecho tiene por misión la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la regeneración institucional y la promoción de la transparencia. Estos cuatro objetivos están estrechamente vinculados entre sí; la fortaleza del Estado de Derecho reside en la de sus instituciones, que a su vez precisan de legitimidad.
Algunas de nuestras principales instituciones que no han sabido o no han podido estar a la altura
Y esa legitimidad se deriva de dos vías: del cumplimiento de sus fines y de un adecuado ejercicio de sus funciones y de la confianza de los ciudadanos. Esa confianza es cada vez más difícil de obtener en nuestras modernas democracias, lo que sin duda hay que considerar una buena noticia. Por eso en Hay Derecho hablamos de indicadores de capacidad (la adecuación entre los medios de que disponen las instituciones y los objetivos que consiguen) y de indicadores de confianza (la que depositan en ellas los ciudadanos). Los dos son esenciales
Es indudable que la crisis que hemos vivido ha dejado tocadas a algunas de nuestras principales instituciones que no han sabido o no han podido estar a la altura de lo que se exigía de ellas en momentos difíciles y así lo relevan los barómetros del CIS. Actuaciones como la del Banco de España y la CNMV en el caso Bankia, del CGPJ en relación con los nombramientos judiciales, de la Fiscalía en relación con la lucha de la corrupción política cuando están implicados políticos o ex políticos con relaciones con el poder, de la CNMC en la lucha contra los cárteles, del Tribunal de Cuentas en relación con el despilfarro, la mala gestión y la corrupción, etc, etc son algunos de los ejemplos de lo que algunos autores han denominado un “fallo multiorgánico” de nuestras instituciones. Por eso nos parecía que era esencial iniciar el camino para recuperar su credibilidad y, en paralelo, la confianza ciudadana.
Por esa razón, nos dirigimos hace unos meses al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para proponerle la realización del informe referido al cumplimiento de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por una serie de organismos e instituciones de relevancia constitucional. Podríamos decir que son los buques insignia de nuestro Estado de Derecho.
Tenemos que decir que el CTBG acogió con entusiasmo el proyecto, y eso que no sabían qué es lo que íbamos a encontrarnos. Lo que sí sa ben es que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para que los ciudadanos conozcan el funcionamiento real de las instituciones y puedan valorarlo; pero también son esenciales para que lo hagan las propias instituciones.
En ese sentido, desde Hay Derecho defendemos que la auténtica lealtad institucional es la que permite detectar y corregir malas prácticas en las instituciones, ya se trate de mala gestión, despilfarro, nepotismo, malas prácticas en general o pura y simplemente de corrupción. Además, desde un punto de vista positivo, pensamos que la evaluación y la medición son los mejores instrumentos de que disponemos para mejorar y aprender buenas prácticas que también existen en nuestro país; no siempre hay que mirar a Suecia o Dinamarca para encontrar ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien.
En ese sentido, podemos decir los indicadores que hemos generado y el “ranking” o el orden concedido a las distintas instituciones han funcionando a lo largo de los meses previos a esta presentación como un poderoso incentivo para que las instituciones evaluadas hayan mejorado su cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, lo que es sin duda una buena noticia y demuestra la bondad de este tipo de iniciativas aunque en un primer momento se puedan contemplar con un cierto recelo, en particular por los que no han hecho del todo los deberes.
Por otro lado, la solidez de la metodología y el rigor del informe ofrecen la posibilidad como ya hemos dicho de comparar unas instituciones con otras y de aprender de las que están en cabeza. Y no es tanto o no solo una cuestión de medios sino, una vez más, de voluntad y de ganas de hacer las cosas bien. Recordemos una vez más que la transparencia solo es un medio para conseguir el fin de un mejor funcionamiento institucional y que quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer.
España es un país donde con frecuencia las leyes no se cumplen y no pasa nada
Es cierto que puesto que medimos por una parte el cumplimiento de las obligaciones legales deberíamos esperar, y así ha sucedido, que todas nuestras instituciones aprueben. Algunas con muy buena nota, lo que demuestra que se pueden hacer bien las cosas, tanto desde el punto de vista del fondo como de la forma. No obstante, conviene no olvidar que España es un país donde con frecuencia las leyes no se cumplen y no pasa nada. Y en concreto, la Ley de Transparencia estatal carece de un sistema de sanciones digno de tal nombre, y el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene facultades sancionadoras ni de investigación, lo que limita de forma importante sus posibilidades de actuar como órgano garante del cumplimiento de la Ley.
Por otro lado, tampoco podemos olvidar que nuestra Ley estatal de transparencia es muy poco ambiciosa, y que sus aspiraciones han sido muy modestas, incluso si las comparamos con otras leyes autonómicas que han ido mucho más allá al imponer muchas más obligaciones de transparencia en sus respectivos ámbitos de aplicación. Por esa razón, diseñamos también una serie de indicadores para medir la transparencia voluntaria de nuestras instituciones estatales, tomando muchas veces como punto de partida las obligaciones que se han impuesto en alguna de las normas autonómicas más avanzadas, como la Ley de Canarias (Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de Transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias) o la de Cataluña, Ley 19/2014 de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la Generalitat de Catalunya. Aquí los resultados del ranking no son tan buenos, lo que demuestra que todavía queda mucho terreno por avanzar.
Por último, hay que recordar que la transparencia es siempre un medio para conseguir un fin y que es difícil pretender que la transparencia se limite sólo a la fachada o al “front office”. Si puede cuestionarse, por ejemplo, la política de nombramientos de los altos cargos de la Magistratura por parte del Consejo General del Poder Judicial es precisamente gracias a la información que facilita su portal de transparencia, uno de los mejores de nuestras instituciones.
No es posible deslindar la trasparencia de un correcto funcionamiento de las instituciones y de la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía; quizás esta es la lección que todavía nos falta por aprender. La transparencia es un auténtico caballo de Troya en una institución que pretenda seguir funcionando como en el pasado.