Los alcaldes no podrán cobrarla ya si no hay beneficio
La plusvalía, el impuesto que cobran los alcaldes al vender la casa, ya es inválida para toda España cuando no haya beneficio. El TC ha derribado la resistencia de Gobierno y Ayuntamientos.
La alcaldesa de Madrid, que se negó a aplicar la devolución hasta el fallo del Constitucional, ya emitido
El Tribunal Constitucional ha dado un sopapo en toda regla a la voracidad fiscal de los alcaldes de toda España, al fallar que no pueden seguir cobrando la plusvalía cuando, en la venta de una vivienda, no se ha registrado ningún beneficio por la caída de precios con respecto al importe de la compra en origen.
Los ayuntamientos han seguido cobrando de más a sabiendas, con ejemplos como el de Madrid con Carmena
El fallo, esperado, derriba la resistencia de los ayuntamientos a aplicar una medida que, además del sentido común, venía ya respaldada por otra decisión del mismo TC para Guipúzcoa: aunque era previsible que la opinión del Alto Tribunal para un territorio se hiciera extensible al conjunto de España, como así ha ocurrido, los alcaldes se han resistido a aplicarla para prolongar la recaudación a sabiendas de que no era justo y pronto tampoco sería legal.
Y lo ha hecho con una cierta complicidad del Gobierno que, pese a ser instado por el Congreso de los Diputados por mayoría, se negó a reclamar a los municipios que aplicaran la medida y les dejó ganar tiempo apelando a un supuesto informe que estaría elaborando la Federación de Municipios y que ahora ya no es necesario, tal y como adelantó esta misma semana ElSemanalDigital.
Ahora todo va a cambiar. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo.
No es constitucional y vulnera derechos
El Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo" computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.
Por ello, según la sentencia del Constitucional, actualmente el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo.
Esta circunstancia, según el Tribunal Constitucional, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica".
La sentencia añade que basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se vincule a esta circunstancia, "como consecuencia inseparable e irrefutable", un incremento de valor sometido a tributación.
Esto se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo de la cantidad real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.
Montoro ha ayudado a los ayuntamientos a demorar la devolución, pese al mandato del Congreso
El Alto Tribunal declara la inconstitucionalidad y la nulidad de esta ley "solo en la medida en la que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".
Desde la publicación de esta sentencia corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de "no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".
La sentencia del Constitucional avala lo que establecieron las sentencias referidas a este mismo gravamen en Guipúzcoa y Álava, en las que el tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos con plusvalías es "constitucionalmente admisible siempre y cuando respeten el principio de capacidad económica".
Asimismo, señala que para salvaguardar dicho principio, el impuesto "no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".
Medio millón de posible beneficarios
El número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmuebles, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda (índice IMIE) y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.
Hasta 550.000 familias van a poder recuperar una media de 4.500 euros
En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.
La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años.
Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.
Según cálculos oficiosos, la media de recuperación de quienes pagaron este impuesto por importes abusivos rondaría los 4.500 euros. Hasta la fecha, ningún alcalde aplicó la devolución de manera voluntaria, con casos tan sonados como el de Manuela Carmena en Madrid, quien rechazó expresamente adelantarse algo que ahora ya es inevitable.