La otra cara del juez Velasco

Hay dos caras en Eloy Velasco. Una cara más visible y activa: la de juez que no para ante nada, capaz de imputar a un expresidente autonómico -Ignacio González- o a un gran empresario -Villar Mir-. Capaz, incluso, de hacer temblar a todo un Gobierno regional -el de Cristina Cifuentes en Madrid- a golpe de apertura de sumario.

Y otra faceta, menos conocida -o, posiblemente habría que decir, menos publicada-, lejos ya de los casos Púnica y Lezo, del PP, que lo han encumbrado en las portadas de la prensa española: la del caso Acuamed, donde resulta difícil reconocer al mismo juez, donde las imputaciones políticas se quedan en segundos niveles, donde las actuaciones no llaman la atención en los medios, sino, más bien, todo lo contrario. Donde la imagen de juez fatal no parece ser la característica.

Las dos facetas se despiden estos días. Porque Velasco deja ya todos estos casos. El juez más famoso del momento, dejará la instrucción de estas macrocausas de corrupción en menos de dos semanas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le destina a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional junto a Enrique López. Y Velasco abandonará, así, y tras haberlo solicitado él mismo, el Juzgado al que llegó hace 10 años y que le ha catapultado a la categoría de juez estrella.

¿Pero cómo quedan esos casos? ¿Hay diferencias entre unos y otros?

Frente al ruido de Púnica, Acuamed pasa desapercibido. Con Zapatero y Narbona relacionados con ese sospechoso fiasco

Se podría contestar con un monosílabo. Pero dejemos que juzgue cada cual. Llama la atención el récord mundial de imputaciones conseguidas por Velasco en dos de esos casos -Púnica y Lezo-, cuando fue él quien aseguró hace escasos días que quería marcharse porque no era posible efectuar su trabajo de forma correcta con los medios actuales. Y ello, pese a que el CGPJ concedió a Velasco la ayuda de un juez de refuerzo durante meses, un apoyo con el que ha contado hasta el pasado diciembre.

Pero vayamos al resultado en sus actuaciones. En el caso Púnica, el número de imputaciones se ha llegado a situar en 92. En la trama Lezo, recién descubierta, los investigados tampoco se sentirán solos: suman ya 68. Todo ello sin contar, obviamente, las pseudoimputaciones mediáticas, es decir, aquellas que han soportado personas como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los rumores de imputación surgidos durante días u horas para descubrir, tras un pormenorizado linchamiento mediático, que realmente no existía tal investigación.

Pero Velasco no sólo ha estado instruyendo estos casos en su última etapa como juez instructor. Era el encargado de otros. Entre ellos, el caso Acuamed. Un asunto sin demasiados focos ni portadas, sin filtraciones, ni grandes imputaciones políticas, y que, sin embargo, cuenta con declaraciones, documentos y cifras que ya han apuntado a una ex ministra -Cristina Narbona-, a gastos electorales -del PSOE de Zapatero-, y a sobrecostes en las desaladoras por valor de más de 300 millones de euros.

"Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona. Es la frase que estaba en el Ministerio en aquel momento, lo que me dijeron mis jefes". Las palabras son de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012. Y se las dijo al mismo juez, Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.

la Guardia Civil registró Acuamed enenero de 2016. Pese a estar bajo sospecha un proyecto millonario de Zapatero y su ministra Narbona, todo ha quedado de momento en detenciones de cargos medios sin penas de Telediario

Una declaración, la de Massa, que surgió tras ser preguntado por si conocía el contrato entre la empresa pública Acuamed y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy que se gestó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "No lo he visto escrito en ningún sitio… Fue el Ministerio de la época, según me han contado, quién decide hacer una campaña de contra imagen", añadió Massa.

Su testimonio se refiere a la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. Una campaña que tiene su contexto en el 8 de julio de 2007, fecha en la que el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa "El mar, fuente inagotable de vida", que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

El Programa del Agua arrancó en noviembre de 2007, a sólo cuatro meses de las elecciones generales, supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad, y fue uno de los grandes argumentos electorales de Zapatero para arrebatar votos y alianzas al PP.

El entonces presidente prometió 'agua barata'. El resultado fue un desastre con cientos de millones desaparecidos

Porque, según el ex presidente español, iba a conseguir agua barata, sin contaminación, y prácticamente sin límite para los agricultores de la zona. El desastroso resultado final es más que conocido a la vista del estado de las desaladoras. Mucho más, desde luego, que estas declaraciones, que apuntaban a una exministra dentro de un caso judicializado y que, sin embargo, no han tenido consecuencias jurídicas para los mencionados.

Ni en forma de prisión preventiva -Granados ha estado dos años y seis meses-, ni de imputación en el caso de los altos cargos de aquel Gobierno.

Y no será por ausencia de informes policiales. Porque los hay. Detallando, por ejemplo, cómo en el año 2008 -y pasado el apetito publicitario producido en la cercanía de las elecciones- el gasto en publicidad de Acuamed descendió de 7.447.599 a 3.833.061 euros. Y en 2009, hasta 1.954.396. De hecho, una vez destituido Baltanás, nombrado por la Administración socialista, el gasto medio bajo hasta los 200.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló, además, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras por valor de 5.854.884,00 euros "a modo de colaboración". Entre ellas, UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; Construcciones Alpi, 17.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.

El informe de la UCO se centró en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante). Donde la UTE liderada por Acciona pagó tres facturas por el concepto "contribución a la campaña desalización", por un valor total de 1.740.00 euros con IVA sin haberse licitado un contrato específico a tal efecto.

Es más, sistemáticamente desde 2008, la UTE constructora de Torrevieja recordaba el "encargo por parte de Acuamed para realizar una campaña promocional", y el hecho de que nadie asumía ese coste, tal como se refleja, por ejemplo, en un correo enviado en marzo de 2012. Y cuando le preguntaron en la Comandancia de la Guardia Civil a Baltanás por qué todavía Acciona reclamaba la devolución de los pagos que hicieron a Bassat, respondió que desconocía el motivo.

"Se hizo un vídeo que salió en televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación". Curiosamente, no le interrogaron sobre las otras constructoras que colaboraron con el Gobierno de Zapatero en fechas tan próximas a unas generales.

Nuria Segura, técnico de Acuamed, aportó más información: durante su declaración ante Eloy Velasco, señaló que la campaña fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora: "Si sumas todas las desaladoras (…) era una cantidad importante, yo no sé cuánto es normal en una campaña publicitaria… Pero vamos, siempre se habló de la famosa campaña de publicidad".

El Tribunal de Cuentas señaló sobrecostes de 330 millones de euros en la red de desaladoras impulsada por Zapatero

Velasco ha contado con más indicios que le indicaban que se encontraba ante un gran caso. Porque el Tribunal de Cuentas alertó en septiembre de 2014 de que Acuamed había pagado hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en nueve desaladoras del Mediterráneo. Y ese informe hacía referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la que se habría desarrollada la mencionada campaña de imagen.

¿Una organización criminal?

El juez Eloy Velasco dictó prisión incondicional, cierto, para cinco de los trece detenidos por sospechar de la existencia de "una organización criminal" dentro de la firma Acuamed. Situó como cabecilla de la red al que fuera director general de la empresa pública, Arcadio Mateo. Y lo hizo pese a que en una de las siete obras investigadas en esta trama, la desaladora de Bajo Almanzora, el propio Velasco desveló un supuesto pacto económico con FCC que trascendería a los directivos de Acuamed y vendría impuesto "desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]". Pese a lo cual, la sangre judicial no llegó a esos supuestos cargos.

Para Velasco, la cúpula era Arcadio Mateo del Puerto, que habría actuado en connivencia con ejecutivos de grandes empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos gestionados por la empresa estatal Acuamed. Y él, desde ese cargo, se encargaba de todo.

Así es la historia paralela de este caso. También de Velasco. También sobre tramas, sobreprecios, publicidad y campañas electorales. También con nombres de altos cargos públicos. Pero que no ha tenido la misma explosión que Púnica o Lezo. Y, me temo, que nunca la tendrá.