Transparencia, ¿la solución de la Justicia?
El CGPJ y el Consejo de Transparencia formarán a la judicatura, con cursos, talleres y jornadas; en una ley decisiva para que aprendan a aplicarla.
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia
La transparencia lo es todo, y la Ley que lo regula, desconocida o aplicada exclsuivamente como una cuestión estética o de comunicación, puede ser la clave para gestionar los asuntos públicos e, incluso, mejorar significativamente el funcionamiento de la Justicia.
Así lo creen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG, que acaban de firmar un acuerdo de colaboración para que los miembros de la judicatura, funcionarios y ciudadanos profundicen en el conocimiento y la aplicación de la Ley de Transparencia.
El conocimiento y aplicación de la Ley de Transparencia favorecerá la acción de la Justicia, según los firmantes
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, han suscrito un protocolo por el que ambas instituciones colaborarán en diversas áreas de actividad como la celebración de acciones formativas, cursos, talleres, ciclos, conferencias y foros de debate sobre la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dirigidos a los miembros de la judicatura.
Según ha informado el CGPJ en un comunicado, estas jornadas están dirigidos a profesionales, organizaciones, asociaciones, colegios profesionales, medios de comunicación, profesorado universitario y no universitario y tendrán con el fin de "divulgar la cultura de la transparencia y la sensibilización social en todas las materias relacionadas con transparencia activa y pasiva y buen gobierno".
Además, el órgano de gobierno de los jueces y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trabajarán conjuntamente en la organización de las acciones formativas destinadas a los empleados públicos, en particular, y a los ciudadanos en general. Asimismo, miembros del CGPJ colaborarán en la revista 'Transparenta', editada por la otra institución.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ
La Ley de Transparencia, impulsada por el Gobierno, es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las Administraciones Públicas, sean nacionales, autonómicas o municipales. Pese a su carácter obligatorio, es frecuente su incumplimiento total o parcial, pues suele limitarse al primero de los tres capítulos que la conforman, el realtivo a la difusión de información pública.
Un servicio pionero
Según Julio Naranjo, director general de Arpinum Asociados, consultora especializada en la materia que brinda este servicio a ElSemanalDigital y ESdiario de manera pionera en el campo de los medios de comunicación, "tan relevante o más es la ley en todo lo concerniente al buen gobierno, donde está clave seguramente de un cambio a mejor de la gestión pública, del freno a la corrupción y de la confianza del ciudadano en la política y la Administración".
Por otro lado, la organización privada Transparencia Internacional ha opinado de la polémica sobre las filtraciones a los medios en casos judiciales sonados, y sugiere la creación de una oficina de prensa en la Fiscalía para "canalizar la información a los medios, de una manera rigurosa y objetiva, superando las filtraciones, y respetando escrupulosamente el secreto del sumario, de forma similar a lo que ya existe en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional".