¿Pena de Telediario hasta para un presidente?

Declarar por videoconferencia es, desde 2004, de lo más habitual: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo permite para casos fáciles de comprender: aquellos en los que el papel del citado es el de testigo y sus circunstancias personales o laborales justifican librarle de la presencia física en el juzgado.

Desde Artur Mas a Chaves, Errejón, Bescansa o el ciclista Contador declararon 'por plasma'

A esa opción se han agarrado deportistas como Alberto Contador, testigos de casos sonados como el del Fórum Filatélico y Afinsa y, sobre todo, un sinfin de políticos: desde Manuel Chaves, cuando era vicepresidente tercero de un Gobierno de Zapatero, para el llamado 'caso Trapsa', hasta Artur Mas y una veintena de dirigentes de la antigua CiU, cuando se juzgaba el sonado asalto al Parlament de Catalunya que terminó casi con una evacuación de sus señorías.

Y no sólo ellos. Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, ambos de Podemos, tampoco tuvieron que personarse en la sala de juicios cuando fueron citados, también como testigos en una denuncia contra el partido interpuesta por un afiliado de Cataluña. Incluso Rodrigo Rato, del propio PP, y Alberto Aza, de la Casa Real, utilizaron esa modalidad de testimonio en un juicio tan mediático como el 'Noos', coronado con la absolución de la Infanta y la condena de Iñaki Urdangarín.

Una treintena de precedentes

Hay más de treinta precedentes, pues, de figuras públicas, entre ellas también la de algunos comunicadores célebres que pudieron prestar su testimonio desde su ciudad de residencia aunque la vista se celebrara en Madrid, por ejemplo. Al presidente del Gobierno, sin embargo, no le han concedido la opción y tendrá que sentarse en la silla de testigos de la sala de la Audiencia Nacional que, en una nave en San Fernando de Henares, enjuicia una de las piezas de la trama Gürtel.

Aunque no está acusado de nada, Mariano Rajoy tendrá que retratarse elpróximo 26 de julio en el mismo espacio donde las cámaras han imortalizado alguno de los rostros más emblemáticos de la corrupción contemporánea, con Bárcenas, Correa, Blesa o Díaz Ferrán como epítomes de ello. Y parecerá uno más, al menos quienes han presentado su declaración como un símbolo de su 'culpabilidad' en el proceso: ésa es la pena de Telediario, una condena anticipada y preventiva que derriba las garantías procesales y supone un estigma doloroso para quien la sufre.

Rajoy y el portavoz, Rafael Hernando, ayer en el Congreso

¿Por qué el Tribunal, pese a ser consciente de esas consecuencias, no ha permitido a todo un presidente utilizar la misma modalidad de testificación que tantos otros de menor jerarquía institucional? No hay respuesta para eso, pero en el PP ha sentado a cuerno quemado, aunque oficialmente el propio Rajoy se haya limitado a mostrar su respeto a la decisión y al cumplimiento de sus obligaciones. No ha llegado a decir que estaba "encantado", como se expresó cuando trascendió la citación, pero en público no se ha quejado de nada.

¿Un agravio?

No ocurre lo mismo en su partido ni en el Gobierno, donde la sensación de agravio cada vez que interviene la Justicia está asentada. Le puso palabras a esa idea la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los pasillos del Congreso: "Hay que recordar que testificales por videoconferencia son habituales en nuestro sistema. Por tanto, no se pedía nada más que algo que viene siendo una constante en los tribunales como bien sabe cualquiera que, como es mi caso, ha trabajado en ese ámbito".

Cuanto más acusan al PP de manipular la Justicia, en realidad más sufre las penas de Telediario, a juicio del partido

Y la secretaria general, Dolores de Cospedal, insistió en lo mismo, al calificar de "rareza" que el tribunal deniegue al presidente declarar desde Moncloa. La número 2 del PP ha sido la más beligerante en su formación con este asunto, y de ella salió el duro comunicado inbicial cuado se hizo público que Rajoy tendría que declarar como testigo en la Gürtel, sin estar imputado por nada.

Ningún presidente del Gobierno ha comparecido en sala por ningún caso, y cuando lo hizo Felipe González en los 90 por los GAL ya no estaba al frente del Ejecutivo. El precedente de Rajoy, en contraste con lo de otros dirigentes de inferior estatus institucional, coincide además con otra campaña, a juicio del PP, igual de injustificable: la que presenta a la Justicia como un poder subordinado al Gobierno y a pilares de la misma, como el Fiscal General del Estado José Manuel Maza, como un recadero del poder político. La revelación de que el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, participaba en una sociedad offshore en Panamá, propietario de un único inmueble como herencia de sus padres, ayuda a redoblar los ataques.

Pena de Telediario

En las filas populares el contraste entre el trato al presidente y la retahíla de decisiones policiales y judiciales no sólo adversas, sino también televisadas casi en directo, y la acusación de manipulación judicial, sienta igual de mal que la propia pena de Telediario que puede aguardar a Rajoy justo antes de las vacaciones de agosto.

Recuerdan la larga ristra de imputaciones y detenciones, el currículo de Maza como el juez que, sin ir más lejos, archivó la querella contra Podemos por su supuesta financiación ilegal con dinero de Venezuela, y arguyen que no sólo es falsa la acusación sobre su intervención en la Justicia española, sino que en realidad ocurre lo contrario y contra el PP se adoptan decisiones más mediáticas y políticas que judiciales, en un entorno de presión que tiene mucho que ver con la indigestión de algunos resultados electorales de sus rivales.

Tan es así que en Génova han elaborado un recopilatorio, difundido por Europa Press, de aquellos casos de políticos del PSOE, Podemos y PDeCAT a los que estos últimos años se ha permitido declarar por videoconferencia, a diferencia de lo que ocurrirá con Mariano Rajoy el próximo 26 de julio cuando acuda a testificar en persona ante el tribunal que enjuicia la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).