Estado social, ¿o Estado total?

Desde que el hombre se comprendió así mismo como un ser político y gregario se puede palpar, incluso en la historia más antigua, cómo se han librado luchas tanto intelectuales como sangrientas, las cuales han intentado detener el abuso del poder para salvaguardar al individuo de la tiranía.

Esa política sirve para disolver al individuo en una abstracción como lo es el bien común, con el Estado en todo

Hoy en día esta lucha por preservar a la minoría más real y cierta –como lo es cada individuo– ha mutado; los que antes tomaron las armas para imponer sus ideas hoy se disfrazan de mansas palomas, prometiendo un mejor futuro e igualdad material para la humanidad.

Esta utopía es presentada en la actualidad como el Estado social, el cual tiene por fin último gestionar la “procura existencial”; esto no es más que un eufemismo, ya que en base a esa obligación que asume el Estado de proporcionar un estándar mínimo de vida a sus habitantes, puede excusarse para desconocer los derechos fundamentales de las personas como lo son la vida, la libertad y la propiedad.

¿Y las libertades individuales?

En consecuencia ese supuesto Estado de bienestar no es más que un arma a disposición de la política, que en cualquier momento puede accionarse contra las libertades individuales y desaparecerlas por completo. Bajo ese “orden jurídico” que se impone con el welfare state, se pretende dar apariencia de legalidad a la destrucción de los derechos individuales, ya que de éste se desprende que la prioridad es el bien común o general de la sociedad, en consecuencia queda muy disminuido o en el peor de los casos desprovisto el individuo de medios para hacer valer en cada ámbito en que se desarrolle su interés particular frente a ese coloso que es el Estado benefactor.

Véase entonces, cómo esa organización política sirve para disolver al individuo en una abstracción como lo es el bien común: al asumir el Estado un rol activo tanto en economía, servicios etc, puede -quien dirige todo aquel aparataje estatal- destruir o manipular la democracia, bien sea activamente a través de amenazas de suspensión de beneficios –que en los regímenes más radicales se les otorga la calificación de derechos– o pasivamente a través de la exacerbada repartición de bienes o beneficios, con los únicos fines de permanecer en el poder.

Censura moral

Otra grave consecuencia es la pérdida de la libertad de expresión –aunque no lo parezca–, pues cuando se intenta hacer ver las perversiones que conlleva el Estado social, más allá de las falacias ad hominem típicas de los que defienden esas ideas, siempre se tropieza con la censura moral de que no se desea el bien para los demás y que en consecuencia se está defendiendo intereses “imperialistas” o “multinacionales”, así como otros argumentos falaces que no merece la pena ni mencionar.

En esa misma minusvalía encontramos al derecho de propiedad, el Estado social es la excusa perfecta para desconocer absolutamente este derecho, con ella se pueden “legitimar” todo tipo de expoliación por parte del aparato del Estado, desde empresas hasta viviendas, todo ello basado en que es necesario asegurar tan cacareado bien común.

"Son ideas coercitivas para que las personas no puedan tener conciencia crítica, con la excusa de que es necesario controlar para cumplir con los derechos del pueblo"

Un claro y actual ejemplo de cómo el Estado de bienestar no es más que un instrumento perverso con el cual las tiranías se disfraza, es el régimen venezolano, el cual se ha valido de él y de otras miles de falacias más para desconocer cualquier tipo de orden jurídico que proteja al individuo, para dar “ayudas sociales” que van desde entrega de viviendas, electrodomésticos, divisas para viajes, hasta una perversión más grave como la de entregar comida a través de un sistema de identificación (carnet), para el cual es necesario ofrecer información sumamente personal: quien se atreva a contradecir el ideal “revolucionario queda execrado de todos estos “beneficios”.

Sin conciencia crítica

Vemos, pues, que esas pseudopolítcas no son más que medios coercitivos para que las personas no puedan tener conciencia crítica, poder de decisión sobre su dinero y mucho menos sobre sus propiedades inmuebles, todo ello con la excusa de que es necesario controlar absolutamente todo para cumplir con los “derechos del pueblo”, ya que así lo ordena la Constitución, instrumento en el cual se dan los lineamientos del Estado social.

En conclusión, ya por sí mismo el poder y el estado son instrumentos que pueden acabar con la libertad, por lo tanto otorgarle más poder y más protagonismo en la vida de las personas, es entregar una poderosa arma para exterminar de forma definitiva la libertad, como ocurre en regímenes totalitarios como el de Venezuela, Cuba, Corea del Norte entre otros, donde reina la mentira y la tiranía en nombre del pueblo.

Rubén Guía Chirino es abogado Constitucionalista, miembro del consejo editorial de la Revista de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela y autor de varios ensayos jurídicos, Director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica.