Casi mil millones en sanciones están en el limbo

En 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió una sentencia histórica contras la grandes distribuidoras de cine en España, con Walt Disney y Sony Pictures. Tendrían que pagar alrededor de 3 millones de euros por vulnerar las reglas del juego y concertar una política comercial conjunta que, en la práctica, eliminaba competidores y les permitía crecer en su cuota de mercado, ya por entonces de dos tercios del total.

Competencia investiga y sentencia, pero su capacidad recaudatoria es, al corto plazo, casi nula

Pero no sirvió de mucho. Más de una década después, aquella sanción no se ha cobrado aún, perdida en un labertinto de recursos e impugnaciones que convierte en papel mojado el 97% de las sanciones del nuevo organismo creado para controlar los usos -o los abusos- de los operadores de presencia masiva en servicios estratégicos como las telecomunicaciones o la energía.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto desde su creación, a finales de 2013, un total de 272 sanciones por valor de 914,66 millones de euros, aunque lo recaudado apenas supone el 3% de esa cantidad, sólo 29,81 millones.

EL CONGRESO YA LO SABE

Así figura en un informe de la CNMC enviado al Congreso con el que se responde a las preguntas planteadas por el diputados socialista Antonio Hurtado, que había pedido datos de las multas impuestas desde 2013, la cuantía de las mismas, su recaudación y la distribución de las sanciones por sector.

Este superregulador es la fusión llevada a cabo en 2013 de seis organismos supervisores anteriores: Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

El sector con más sanciones dictadas por la CNMC desde 2014 es el energético, con un total de 86 sanciones, seguido por las sanciones referidas por la competencia, con um total de 77 resoluciones aprobadas. El sector de las telecomunicaciones ha recibido 56 sanciones y el audiovisual, 53, según cita la agencia EP.

Sin embargo, esta clasificación se altera en el cómputo de las cuantías, ya que las multas por infracciones de competencia acumulan el 90% del total económico de las multas. Así, desde 2014 las sanciones por vulnerar estas normas ascienden a 852,78 millones de euros. Le siguen las multas dirigidas al sector energético (25,7 millones de euros), las telecomunicaciones (24,2 millones) y el audiovisual (11,93 millones).

DESCIENDE EL IMPORTE DE LAS MULTAS

Tras expedir 47 sanciones por un valor de 81 millones en 2014, su primer año efectivo, el regulador alcanzó la cifra récord de 555,7 millones de euros en 90 multas durante 2015. A partir de ahí, el importe de multas descendió hasta 244,2 millones de euros en 106 sanciones en 2016 y todo indica que en 2017 volverá a caer en términos cuantitativos.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quevedo

Así, hasta el pasado 30 de abril de 2017, la CNMC ha dictado 29 multas por un total de 33,7 millones de euros, la mayoría de las cuales, igual que en años anteriores, por vulneraciones de las reglas de la competencia (26,2 millones de euros en cinco sanciones durante los cuatro primeros meses del año).

El sector energético concentra 21 de las 29 sanciones emitidas en 2017, pero apenas contabiliza 1,2 millones de euros en multas. Las dos multas en el sector de las telecomunicaciones suponen 6 millones de euros mientras que la única sanción en el audiovisual supone 222.600 euros.

¿POR QUÉ LA RECAUDACIÓN ES MÍNIMA?

En su respuesta al parlamentario socialista, el organismo explica también el proceso que existe entre la resolución de una sanción y el efectivo cobro de la multa. En primer lugar, incide en la alta proporción de suspensión provisional del pago como consecuencia de la interposición del recurso ante la Audiencia Nacional, una práctica que el organismo señala como "sistemática" por parte de las empresas sancionadas.

Asimismo, advierte de que en el 80-90% de los casos en los que las empresas solicitan la suspensión de la obligación del pago de la multa, la Audiencia Nacional concede la misma previa una vez se constituya una garantía. Pero en caso de que no se solicite o la Justicia no la conceda, la CNMC subraya que el pago "tiene un cierto carácter provisional", pues puede verse sujeto a posible reversión, total o parcial, en función de la sentencia firme. Estos pagos no se registran, justifica el organismo, ya que "constituiría un dato incierto, debido a su provisionalidad".

COBRAR LAS MULTAS: ENTRE OCHO Y DIEZ AÑOS

El camino hasta cobrar una multa impuesta por el regulador puede extenderse durante ocho y diez años, tal y como reconoce el propio organismo. Así, la tramitación de un recurso interpuesto ante la Audiencia "tiene una duración media entre dos y tres años", aunque la propia CNMC reconoce que éste plazo puede superarse. En este sentido, destaca que "muchas resoluciones de 2013 están todavía pendientes de sentencia".

En todo caso, este plazo también puede alargarse ya que, según el regulador, "la mayor parte de los casos" son "susceptibles de ulterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo". Un recurso, el del Alto Tribunal, que "suele tener también una duración media de entre dos y tres años", apostilla. "Por todo ello, el resultado de la revisión judicial de las resoluciones de la CNMC puede no conocerse hasta transcurridos cerca de cinco o seis años".

DE RECURSO EN RECURSO

¿Por qué, entonces, el propio organismo habla de prácticamente una década para cobrar una multa? Tal y como refleja en la propia contestación a Hurtado, la CNMC recalca que las resoluciones de las diferentes instancias judiciales pueden dar lugar a varios escenarios.

En el caso de que la multa sea confirmada, ésta puede satisfacerse en período voluntario o remitirse para su cobro a la vía de apremio -a través de la Agencia estatal de Administración Tributaria-, en cuyo caso la información sobre el resultado de dicho apremio (cobro efectivo o incobrable por insolvencia) se demoraría uno o dos años.

En 2005 se sancionó a las distribuidoras de cine: doce años después, no se ha podido cobrar aún

Si los tribunales dictan la reducción o aminoración de multa, y que el resultado de la minoración sea 'líquido' -en cuyo supuesto de nuevo se plantea su pago en período voluntario o remisión por la vía de apremio para su cobro-, o que no sea 'líquido' y exija un recálculo por la propia CNMC.

PENDIENTES DEL COBRO DE UNA MULTA DE 2005

Este recálculo, señala el organismo, exige aproximadamente seis meses y puede ser de nuevo impugnado a través de la vía contencioso-administrativa, con la consiguiente posibilidad de suspensión de la obligación de pago y la demora inherente a la tramitación de los recurso, entre cinco y seis años.

Como ejemplo, el regulador recuerda que el expediente sancionador a Distribuidores de Cine, resuelto en 2005, recurrido ante los tribunales, y que en noviembre de 2015 se impuso la necesidad de recalcular el importe de la multa. Una vez fue recalculada, fue de nuevo impugnada. Actualmente se encuentra pendiente de decisión, por lo que los datos sobre multas de 2005 aún no pueden ser cerrados.

Así, entre 2014 y 2017 (hasta el 24 de abril de este año), el organismo únicamente ha podido cobrar 29,81 millones de euros de las multas impuestas. En 2016, el importe total recaudado ascendió a 13,65 millones de euros. Durante los cuatro primeros meses de 2017, la CNMC ha recaudado 714.873 euros.