19 Ayuntamientos contra sus ciudadanos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la "actitud entorpecedora" de 19 ayuntamientos de toda España y del Colegio de Abogados de Guipúzcoa con sus propios ciudadanos, a los que ha ignorado en temas aparentemente menores que afectan a su vida cotidiana: "Detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta".

Los Gobiernos municipales no responden ni siquiera a temas menores: es fácil de imaginar qué no hará con los relevantes

Esta institución considera "administración entorpecedora" a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos hasta en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y remitirle la información solicitada, tal y como impone la Ley de Transparencia de obligatorio cumplimiento.

La Defensora interviene

En caso de no colaborar, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como ha hecho ahora con estas administraciones y el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.

Aunque la institución maneja otros grandes expedientes referidos a comportamientos de distintos Ayuntamientos en asuntos de gran relevancia, en este caso Becerril se ha referido a cuestiones más domésticas que afectan a vecinos particulares pero que, a la vez, evidencian la insensibilidad de los Gobiernos municipales de casi una veintena de ciudades españolas.

Así, ha trasladado el caso del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) por no responder a un ciudadano en 404 días; el de Vejer de la Frontera (Cádiz) por la ausencia de respuesta en 342 días sobre el acceso de animales a espacios públicos, y el de Mojácar (Almería) por no modificar días las condiciones de contratación de los apartados postales solicitada por el Defensor hace en 212 días.

Se incluyen también en este listado de administraciones "entorpecedoras" el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), que no ha respondido ante un desacuerdo relativo con un expediente sancionador de tráfico (392 días); el de Cudillero (Asturias) por no restablecer el suministro de agua a una finca (502 días); el de Gozón (Asturias) que no ha contestado sobre la implantación de una zona de estacionamiento regulado en 370 días.

Sin transparencia

En Salas (Asturias), el quejoso pone de manifiesto que el ayuntamiento no ha recuperado parte de una vía pública que ha ocupado un particular (198 días). El consistorio de La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife) tampoco ha contestado a las denuncias de unos asuntos urbanísticos (343 días).

Arganda del Rey es uno de los municipios señalados por el Defensor del Pueblo. Su alcalde, Guillermo Hita, preside además la FMM

Según Julio Naranjo, director general de Arpinum Asociados, primera consultora de España especializada en Transparencia, la labor del Defensor del Pueblo es "fundamental" para acabar con ese comportamiento "en cientos de ayuntamientos de toda España. En este caso se señalan temas aparentemente pequeños pero muy indiciarios de la actitud de los Gobiernos. En otros asuntos que afectan a más personas, desgraciadamente la actitud de opacidad o silencio a menudo es la misma".

Uno de los alcaldes señalados es el de Arganda, que a más inri preside la Federación Madrileña de Municipios

En la lista también figura el Ayuntamiento de Noblejas (Toledo) ha enviado una información al Defensor que no concuerda con lo manifestado por el reclamante (198 días), mientras que el de Talavera de la Reina (Toledo) no responde a un recurso contra liquidación de un impuesto (212 días).

El de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) tampoco ha dado la cara ante las quejas de ciudadanos por las molestias ocasionadas por ruidos y olores de animales (471 días) y Matallana de Torío (León) no ha resuelto una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IVI (212 días).

De Norte a Sur

El Consistorio de Reus (Tarragona) no ha notificado la retirada de vehículo de vía pública en 370 días; Arganda del Rey (Madrid) no ha respondido a un ciudadano que solicita información sobre la tasa de alcantarillado (239 días), o Colmenar de Oreja (Madrid) que en 315 días no ha contestado sobre la solicitud de licencia a una clínica veterinaria.

Gilet (Valencia) no ha contestado ni reparado los daños ocasionados en una fachada al colocar una señal de tráfico (525 días), mientras que Zalamea de la Serena (Badajoz) continúa sin atender un problema de contratación pública (308 días).

Gondomar (Pontevedra) no ha contestado a un ciudadanos en que está en desacuerdo con una multa de tráfico (463 días) o Porto do Son (A Coruña) que tampoco ha dado una respuesta por la contaminación de un manantial por aguas residuales en 229 días.

En cuanto al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, la Defensora del Pueblo califica a esta entidad de "entorpecedora" porque lleva 187 días sin contestar a la Institución por la queja presentada por un ciudadano tras la actuación del abogado de oficio asignado por este colegio.