Rajoy declarará sin mezclarse con los acusados

Tranquilidad y distanciamiento. Ésa parece ser la consigna del presidente del Gobierno y del PP ante su cita, este miércoles y en calidad exclusivamente de testigo, con el tribunal que enjuicia la primera etapa de la trama 'Gürtel', el laberíntico montaje trazado por el empresario Francisco Correa que se liga a la supuesta financiación irregular de los populares.

El Tribunal le permitirá declarar en un estrado, sin los 37 acusados detrás compartiendo imagen con el presidente

Pero por dentro, la indignación en Moncloa es tan elevada como la discreción a la hora de trasladarla: oficialmente se acata la decisión judicial, que se intentará resolver demostrando que Rajoy estaba muy lejos de los hechos juzgados y que carece de datos al respecto, pero de puertas para adentro el enojo es mayor.

Cospedal se quejó

Se cree, y sólo Cospedal se atrevió a decirlo en público a través de un comunicado difundido nada más conocerse la citación, que llamar al presidente a un juzgado y obligarle a declarar en persona es, simplemente, inaceptable en un momento en el que no se distingue socialmente la enorme diferencia entre acudir como testigo o hacerlo como imputado.

Rajoy va en la primera condición, y lo hace por la insistencia de una asociación que en el entorno popular se relaciona con el PSOE: antes de que que lograr sentar al presidente en el banquillo, las autoridades judiciales habían rechazado hasta por tres veces reclamar su presencia. Y de repente todo cambió.

Poco que aportar

En todo caso, Rajoy prepara con sus colaboradores y el abogado del PP, Jesús Santos, su declaración como testigo ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), a pesar de que tanto Moncloa como su partido sostienen que tiene "poco" o "nada" que aportar, según fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.

Rajoy declarará como testigo este miércoles en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) en relación a la contratación de servicios de organización de eventos y adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa por parte del PP.

Es la primera vez en la democracia española que un presidente del Gobierno en ejercicio se sienta ante un tribunal de la Audiencia Nacional. En su día, Felipe González declaró ante el Tribunal Supremo por el 'caso GAL', pero ya había abandonado el Palacio de la Moncloa.

El Mundo publicó dos fotos sin precedentes en distintos años: Felipe en el Supremo por los 'GAL', y la Infanta Cristina en el juicio del caso Noos

Asuntos electorales

Rajoy no testificará por su condición de jefe del Ejecutivo, sino por haber sido vicesecretario general del PP entre 1990 y 2003 y "responsable de asuntos electorales". Aún así, es una de las comparecencias ante un tribunal con mayor expectación en los últimos años, -tal y como fue la de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos- para la que se han acreditado más de un centenar de periodistas.

En las filas del PP causó sorpresa y malestar que el tribunal finalmente atendiera la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular y a quien se sitúan en la órbita del PSOE, para citar a Rajoy como testigo, dado que esa misma petición había sido rechazada hasta en tres ocasiones. "Estoy a lo que dispongan los tribunales", dijo públicamente entonces el propio jefe del Ejecutivo, para evitar que se pensara que su partido no quiere colaborar con la Justicia.

Pozuelo y Majadahonda

Eso sí, fuentes del PP y del Gobierno citadas por EP han recalcado estos días a que Rajoy tiene "poco" o "nada" que aportar en esa declaración. Desde 'Génova' subrayan que ha sido citado para hablar de las campañas electorales en los municipios de Pozuelo y Majadahonda, en las que "no tenía ningún tipo de responsabilidad".

Tanto el abogado del PP, Jesús Santos, sus colabores y el partido le están ayudando en la preparación de esa declaración, han indicado las fuentes consultadas. De hecho, se produce un mes después de que desfilarán por la Audiencia Nacional Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja, que también ocuparon puestos clave en la cúpula del PP y que negaron haber recibido sobresueldos y donaciones a cambio de adjudicaciones.

A pesar del "ruido" que en el PP esperan esta semana, fuentes del partido dan por "amortizada en líneas generales" la trama Gürtel y no creen que provoque más desgaste del que ya han sufrido estos años y se ha reflejado en un retroceso electoral.

El presidente del Tribunal sí votó a favor del uso de video, pero la mayoría se opuso

Prohibida videoconferencia

La comparecencia de Rajoy comenzará a las 10.00 horas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional y será de forma presencial, pese a que él solicitó que fuese por videoconferencia por motivos de seguridad y ser el medio "menos perturbador" en el ejercicio de sus funciones.

La mayoría del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal subrayó que esta sede judicial tiene "mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales" donde el presidente acude habitualmente a actos. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular y defendió que fuera por videoconferencia.

No obstante, con el fin de preservar su imagen institucional, los jueces han permitido que testifique desde el estrado y no frente a ellos y delante del banquillo de los 37 acusados en esta causa, tal y como han hecho el resto de testigos.

Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio declara como testigo en un juicio por corrupción. No se conocen precedentes, ya que Adolfo Suárez acudió voluntariamente a testificar en el marco del 'caso Banesto' en 1995, cuatro años después de haber abandonado la política y Felipe González lo hizo por escrito 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, aunque en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había dejado el cargo.

Arenas, Oreja, Acebes, Rato (en la imagen los cuatro) y Cascos ya declararon en la Audiencia como testigos

La petición de Adade

La acusación popular, Adade, pidió que declarara alegando que "la conciencia social exige sanciones" y que para comportamientos o posiciones orgánicas en las personas jurídicas "resulta necesario oír a sus máximos responsables", en casos como en este procedimiento el partido que lidera Rajoy está acusado de "haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal".

Es más, la acción popular destacó en su escrito que en el juicio que implica a varios ex altos cargos del PP se ha podido constatar que el abogado que representa a los 'populares' ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios -los entonces alcaldes, Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo- y viéndose clara la intención "de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy", cargando las responsabilidades a "escalones inferiores".

El mismo día también irá a declarar, como testigo, el presidente del Senado, Pío García Escudero

Campañas y financiación

Este miércoles también es el día señalado para que el presidente del Senado, Pio García-Escudero, testifique en este mismo juicio -a petición del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega- para dar cuenta de cómo se organizaron las actos electorales del PP y cómo se financiaron durante la etapa en la que él fue presidente de los 'populares' madrileños (1993-2004) y el coordinador nacional de la formación política en diversas campañas.

Precisamente, la declaración de la cuarta autoridad del Estado también fue rechazada al inicio del juicio. No obstante, Pio García-Escudero sí que declaró en calidad de testigo durante la instrucción del 'caso Gürtel', en el marco de la pieza separada en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero Luis Bárcenas por los denominados 'Papeles de Bárcenas.

El presidente del Senado admitió ante el entonces juez instructor Pablo Ruz -que se desplazó hasta su despacho oficial en la Cámara Alta- haber percibido sobresueldos de 700.000 pesetas mensuales (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 por las funciones que desempeñaba en el Grupo Popular en el Senado, los cuáles, aseguró, fueron tributados a Hacienda.

También, reconoció haber recibido del PP 24.000 euros en el año 2000 que correspondía a un préstamo que le hizo la formación política para rehabilitar su vivienda en Madrid tras sufrir un atentado de ETA.