Alerta en el PP: Rajoy se prepara para la "encerrona" de un juez de "Gürtel"

Hace algunos años, no tantos por Dios, José María “Txiki” Benegas que fue secretario de Organización del PSOE, tomaba café (o similares) con un grupo pequeño de periodistas en el bar del Congreso de los Diputados. Había estallado el caso Filesa, un entramado organizado por los socialistas para, sobre todo, y según luego confesaba Javier Solana, financiar el costosísimo referéndum de permanencia en la OTAN.

La bronca era clamorosa y el PSOE intentaba defenderse con uñas y dientes. Benegas nos decía aproximadamente: “Este (el del dinero de donaciones que llega a los partidos) es un bárbaro ejercicio de hipocresía”.

“Mirad -continuaba- cuando al presidente Mitterrand le acusaron de haber recibido millones de francos para sufragar sus campañas, se enfadó hasta tal punto en plena efervescencia del desprestigio a su persona, que en un mitin, creo que fue en Lyon, se dirigió a sus militantes que comían opíparamente bajo una carpa electoral y les preguntó si sabían exactamente quién o quiénes habían pagado la fiesta. Los asistentes enmudecieron y Mitterrand, presidente de la República Francesa nada menos, les increpó así: “O, ¿es que pensáis que esto lo habéis pagado vosotros con unas cuotas que muchos ni siquiera abonan?”. Benegas continuó: “Pues aquí pasa lo mismo”.

Aquí, en España, en el Partido Popular, hubo un tiempo en que Francisco Correa campaba a sus anchas. Poseía una casa deslumbrante en uno de los barrios más lujosos de Madrid, en Somosaguas, y allí recibía a tirios y troyanos, a gentes del Partido Popular y a empresarios que acudían a la llamada de Correa para entregar sus dádivas y de paso para asegurarse un buen trato preferencial para sus negocios en el momento en que el PP llegara al poder.

Contra lo que se ha escrito, Correa no era el visitante, era el anfitrión. En su casa, en su jardín se apalabraban condiciones y se sumaban acuerdos, algunas veces, hay que decirlo, con la presencia de algún alto, altísimo cargo del PP que entonces disfrazaba sus amores en el acogedor domicilio de Correa.

El, Correa, y sus asistentes ya estaban comprobando como sus métodos habían resultado extraordinariamente rentables en la Comunidad de Madrid, una región para el PP fundamental en la que cada elección municipal, y desde luego las autonómicas, se convertían en un festival esplendoroso en el que no faltaba de nada.

Correa utilizaba para el caso a su hombre de confiaba, el gallego Pablo Crespo, que era el encargado de visitar a los alcaldes del PP para pedirles que los contratos más suculentos de cada villa fueran a parar su bolsa común. Alguno se resistió y rápidamente fue obsequiado con un plan premeditado de acoso y derribo que le terminó dejando fuera de la palestra política.

En el PP nadie duda que el juez De Prada se convertirá en el azote inmisericorde de un Rajoy que le responderá, en el peor de los casos, con sus sarcasmos habituales

Correa actuaba por un lado y Francisco Granados por el suyo; llamaba a los alcaldes más ricos de la región y les urgía a que los empresarios, y sobre todo constructores, de la zona, contribuyeran a los fastos de cada campaña. El pago llegaba incluso a superar los sesenta mil euros. Si algún munícipe alegaba reparos de conciencia Granados, con su mejor labia, le restaba preocupaciones y le decía que ese tipo de donaciones no estaba en absoluto prohibidas por la ley, lo cual entonces era estrictamente verdad.

También tranquilizaba a los más pacatos indicándoles que esa forma de contribución funcionaba por compartimentos estancos, o sea, que el gran poder del partido, desde Aznar a Rato pasando por los sucesivos secretarios generales, no tenían por qué “estar al corriente de cómo nos las arreglamos en Madrid”. Frase textual por supuesto.

En unas horas, Mariano Rajoy se sentará en la Audiencia Nacional enfrente de los tres jueces que han decidido (bueno, dos de ellos) que comparezca físicamente y no por videoconferencia. Quien conoce a uno de estos magistrados, Julio de Miguel, aún no se explica las razones de su cambio de parecer, del criterio favorable a la comparencia televisada a la personal, en una butaca, eso sí, que no recuerde para nada a un banquillo convencional.

Quien conoce a este juez se pregunta: “¿Cómo es posible que sucumbiera a las presiones miserables (literal) de José de Ricardo de Prada que como todo el mundo sabe está más cerca de Podemos e incluso de los presos de ETA que de cualquier partido democrático?

Veremos como actúa De Miguel, pero nadie duda que De Prada se convertirá en el azote inmisericorde de un Rajoy que le responderá, en el peor de los casos, con sus sarcasmos habituales. Dicen en el PP: “Si De Prada quiere romperle los nervios a Rajoy que esté atento porque probablemente sea el presidente el que se los rompa a él”.

Rajoy saldrá airoso de la Audiencia Nacional pero le espera un vapuleo mediático sin precedentes en la historia política española desde la Transición a nuestros días.

En todo caso, Rajoy saldrá limpio del acoso judicial de dúo formado por De Prada y el pusilánime De Miguel, pero tendrá que soportar hasta por lo menos el próximo domingo, un vapuleo mediático sin precedentes en la historia política española desde la Transición a nuestros días.

Puestos a no explicarse nada, en la sede central de PP se mesan los cabellos recordando que los seguros protagonistas de esta crucifixión son los televisivos empresarios que han sido favorecidos permanentemente por el Partido Popular, empresarios que, eso sí, saben muy bien a quien o a quienes no tienen que molestar demasiado para que su negocio no se resienta en el futuro.

Esta es la situación a pocas horas de la escrache rajoniano en el que participan como palmeros e incluso como picadores los abogados de la Asociación de no se qué europea, presididos por el ínclito Javier Ledesma Bartret, militante de toda la vida del PSOE, a quien no se le conoce una sola actuación profesional dirigida no ya contra su partido, que eso por supuesto, sino contra alguien que tenga una mínima relación con la izquierda montaraz a la que él pertenece.

Si alguna razón existe para compartir con muchos y muy prestigiosos juristas su apuesta por eliminar la acción popular de nuestros procesos en los tribunales, Ledesma y su Asociación engordan los motivos.