España no se puede dejar humillar

La absoluta certeza de que la Generalitat y los partidos y movimientos que la han secuestrado no lograrán, ni con el referéndum ilegal de hoy -o en lo que quede convertido- ni con una eventual declaración unilateral dentro de unos días, la independencia buscada a la fuerza; hace aún más inaceptable este episodio y lo convierte, en exclusiva, en un irresponsable y peligroso conflicto social.

La Generalitat sabe que nunca logrará la independencia: sólo busca ya un conflicto social callejero

Nada más, y nada menos. Porque Cataluña no obtendrá la secesión nunca, porque ni es legal ni la defiende la abrumadora mayoría de españoles y al menos la mitad de los catalanes ni, en ningún caso, la consiente la comunidad internacional y la totalidad de sus instituciones.

Golpe de Estado

Y los instigadores del Golpe de Estado, que es la definición correcta para su comportamiento, son bien conscientes de ello. Que pese a ello traten de enfrentar a los ciudadanos entre ellos y contra el Estado lo dice todo de la catadura ética, personal y política de Puigdemont y sus siniestros compañeros de viaje.

Sólo buscan generar un clima irrespirable de enfrentamiento institucional y callejero, que puede culminar con un baño de violencia, al objeto de mantener el pulso, huir hacia adelante y agudizar una tensión social ya enorme.

Todo ello es achacable en exclusiva a los golpistas, por mucho que una parte de la política y los medios de comunicación españoles guarden una lamentable equidistancia o, incluso, contemplen con simpatía la revolución y busquen responsables inexistentes en un Estado al que acusan, en falso, de no querer dialogar ni ser capaz de dar pasos políticos para encontrar soluciones.

Todo ello insufla legitimidad a un movimiento ilegal y xenófobo que, amén de no lograr su objetivo para Cataluña, la ha sumido en un retroceso de libertades, cultura y económico que contraviene la primera obligación de un gobernante: buscar el bienestar de sus ciudadanos y no cargarles de problemas que no tenían para imponerles soluciones que no buscaban.

El prestigio de España como Estado de Derecho y democracia occidental no puede ser humillado hoy por una banda

Llegados a este punto, hay que distinguir entre lo que se haga en adelante y lo que debe hacer hoy, Día D de la escalada secesionista. Y no debe haber dudas al respecto: la imagen y el prestigio de España como Estado de Derecho y democracia occidental no puede ser humillado por una banda que, simplemente, ha desafiado la convivencia y despreciado los pilares más elementales de una democracia digna de tal nombre.

Sofocar sin duda

Es obvio que sofocar la asonada incorpora indeseados riesgos de orden público y que, en la medida de la posible, la respuesta legal para restituir el orden ha de ir acompañada del mayor esfuerzo para lograrlo sin disturbios. Pero si la única manera de que eso no ocurra es humillar a España, a sus instituciones y a su democracia, habrá que aceptar antes el precio de la confrontación que el de la rendición.

Ojalá la respuesta del Estado no necesite ser especialmente intensa y la performance secesionista, inflamada y anunciada de manera increíble durante semanas y con todos los focos apuntando, termine hoy aceptando sin más la autoridad real y moral de los poderes públicos nacionales. Si ello no es posible, y al desafío legal se le añade otro físico, serán ellos quienes deban cargar con semejante barbaridad, que parecen ir buscando con denuedo.

Un fracaso

Porque la alternativa de mirar para otro lado y dejar hacer no sólo es indigna de un país con una mínima autoestima, sino inadecuada para acabar con esta locura a corto y medio plazo: España lleva desde 1978 jugando a eso, con la ingenua intención de integrar a todos por el curioso procedimiento de permitirles la exclusión de los demás. Y no sólo no ha funcionado, sino que ha incrementado un viaje suicida a la ruptura que hoy debe empezar a fracasar definitivamente.