Y ahora, más ley y más democracia

Por mucho que una parte de la política catalana y española, con distinto objetivo pero un enemigo idéntico; y una porción no desdeñable de los medios de comunicación denominados progresistas, hayan querido presentar el 1-0 como una fiesta de la democracia y al Estado de Derecho como una fuerza de opresión, la realidad sigue siendo la misma.

Y no es difícil ni de definir ni de evidenciar: las instituciones catalanas han perpetrado un Golpe de Estado, utilizando los recursos públicos para encabezar un movimiento ilegal y agresivo y embarcando en el proceso a una parte de la ciudadanía catalana.

Todo con un único objetivo: derribar la democracia española por la fuerza, saltándose la ley, destrozando la convivencia y pretendiendo convertir la opinión de una minoría ruidosa, sin respeto a los procedimientos siempre esenciales en una democracia, en los propietarios de las decisiones.

Es cierto, en unos tiempos en que el espectáculo televisivo se impone a todo, que las imágenes de urnas, votos y ciudadanos frente a policías y guardias civiles tienen un relato más sencillo y épico; pero resulta vergonzoso no entender algo tan elemental como que los Cuerpos de Seguridad no se movilizaron para evitar una votación democrática, sino para impedir un delito.

Que estuvieran dispuesto a cometerlo cientos de miles de ciudadanos, convocados por unos dirigentes políticos irresponsables, no cambia la naturaleza de los hechos ni los legitima. Tampoco la insoportable ligereza de los medios de comunicación más proclives a defender todo lo que dañe al PP o a Ciudadanos, aunque sea a costa de pisotear la democracia y dañar a la España más libre, democrática y próspera de la historia.

Si el consenso no es posible y el PSOE se une de algún modo al nacional- populismo, que haya Elecciones

Ni siquiera el blanqueamiento del golpismo concedido por partidos como Podemos y dirigentes como Pablo Iglesias o Ada Colau invierte los términos de la asonada, impropia en el fondo e indecente en las formas, utilizada por Puigdemont como una mera excusa para declarar la independencia unilateral, tal y como confesó al finalizar el bochornoso 'recuento'.

Que una parte de la prensa internacional se haya dejado llevar también por esa inexistente realidad paralela en la que unos pobres ciudadanos soportan la represión de un intransigente Gobierno refleja un mal endémico de nuestro tiempo, la trivialización de todo y la hegemonía de los relatos emocionales y demagógicos, siempre más fáciles de trazar y de esparcir frente a otros, más profundos y complejos.

Pero nada de ello altera la máxima de que una democracia debe defenderse cuando es atacada, utilizando todos sus poderes a partir de la ley, especialmente cuando éstos protegen sus valores más profundos en términos sociales, históricos, jurídicos y, por qué no, nacionales.

Discutir si el Gobierno ha sido suficientemente enérgico es tan injusto como, sensu contrario, sostemer que se ha pasado de la raya en la respuesta: todos los errores que ha cometido España en Cataluña -los contrarios a los reiterados por el soberanismo- comenzaron hace cuarenta años con el acto de generosidad, concesiones y reconocimiento al autogobierno catalán que es la Constitución y, en consecuencia, no se podían enmedar en un sólo día.

Se trataba de evitar la consulta ilegal y, pese al despliegue de urnas de pacotilla, votos triplicados y recuentos bochornosos; en lo sustantivo se evitó con la suficiente eficacia y dignidad teniendo en cuenta las circunstancias.

La pregunta es, pues, qué se puede hacer ahora. El fracaso del referéndum no va a hacer desistir al soberanismo, que se ha quitado la careta anunciando la independencia, y no puede hacer retroceder al Estado de Derecho.

Por eso es importante que todas las decisiones que se adopten en adelante, incluyendo la supresión de la autonomía en Cataluña y la puesta a disposición judicial de los máximos responsables de la Generalitat, con el máximo consenso: el del PP, Ciudadanos y PSOE sería sin duda suficiente; pero hay que ver hasta dónde llegan los socailistas en un respaldo que no es al PP, sino a España, pero le crea serios problemas.

Y si ese acuerdo no es posible y la unidad frente al desafío se resquebraja por la alianza pasajera del populismo y el nacionalismo y las dudas de los socialistas, siempre habrá un último y poderoso recurso: preguntarle a los españoles, en unas Elecciones Generales que decidirán como nunca tal vez el futuro de España.