La violencia del 'procés'

¿Hubo o no violencia? ¿Tiene que juzgar los hechos la Audiencia Nacional? ¿Se ha 'estirado' el Código Penal para lograr un objetivo político y poder meter en prisión preventiva a Junqueras y siste consellerse de Puigdemont?

A las dos primeras preguntas, la respuesta ha sido negativa; y a la tercera postiva. Al menos para quienes respaldan a los cabecillas del procés, una amalgama de partidos vinculados a la independencia o que, sin estarlo, se muestran contrarios a la aplicación del artículo 155. Y, junto a ellos, un variado grupo de juristas y de medios de comunicación de perfil progresista, con Podemos como estandarte.

Para todos ellos, por resumir su mensaje, ni existió delito de rebelión ni, de algún modo, tiene sentido haber recluido en distintas prisiones madrileñas a buena parte del Govern de la Generalitat, a la espera de que lo esté al completo, con Puigdemont al frente, cuando la euroorden internacional de detención ya cursada tenga efectos.

Ni se ha forzado la ley para juzgar por rebelión ni debe inhibirse la Audiencia Nacional, según notables juristas

¿Tienen razón? ¿Se ha forzado la máquina de algún modo? No, y mucho menos en la fase procesal actual: para empezar, explican fuentes jurídicas, la imputación provisional de ese delito concreto puede diluirse en el propio proceso. Ahora se trataba de señalarlo, como en cualquier otra causa compleja donde primero se fijan los tipos penales máximos y después, en el transcurso de las diligencias, se confirman o no en función de la mismas.

El concepto de violencia

Pero en este caso hay algo más. La violencia, señala el exfiscal General del Estado, Eligio Hernández, no tiene por qué ocurrir en el mismo instante de la rebelión formal -en este caso la proclamación de la DUI- ni en el lugar exacto de esos hechos: el acoso a la Guardia Civil y la Policía Nacional, la utilización de los Mossos como 'ejército' del Golpe o la instigación de la población civil a enfrentarse con los Cuerpos de Seguridad son episodios de violencia evidentes y vinculados al 'Alzamiento'. Lo suscribe uno de los grandes fiscales de España, Ignacio Gordillo, en declaraciones a Antena 3: "Claro que se puede juzgar a los acusados por rebeldía".

La propia juez Lamela lo resume en un auto demoledor de 19 páginas en el que se detalla con precisión la preparación de un Golpe democrático durante más de dos años, la activación de las muchedumbres, el uso de la Policía autonómica y el liderazgo en todo ello del Govern, directamente o a través de entidades muy vinculadas a él como Òmnium o la Asamblea Nacional Catalana, dirigidas por los ya célebres Jordis.

La magistrada argumenta que los encarcelados sí cometieron violencia con sus actuaciones, al urdir una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, al apoyar y alentar "movilizaciones tumultuarias" y "contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y auspiciar al "brazo civil del levantamiento", en referencia a las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium.

La utilización de la violencia es uno de los requisitos que prevé la Ley en la comisión del delito de rebelión. La juez explica que las defensas de los acusados han señalado que sus defendidos no están de acuerdo con la violencia y que "no han propugnado actos violentos". Sin embargo, la magistrada advierte: "Olvidan con ello que, como ya se ha expuesto, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevaría a la celebración del referéndum del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".

Este dato es clave, según los juristas consultados para esta información. "La violencia no es sólo el uso de armas y no tiene que serlo en el momento exacto en que se anunció la DUI en el Parlament. Puede ser antes y sin pistolas", explican.

Los cabecillas

Por ello, precisamente, la juez recuerda que "todos ellos" formaban parte del Gobierno catalán, que los acuerdos se tomaban "de forma conjunta", en "reuniones periódicas" y todos eran "conocedores" de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que "consentían y apoyaban". En este punto, precisa que lo que el Gobierno de Puigdemont respaldaba también incluía "movilizaciones tumultuarias organizadas".

La magistrada cita en su auto las "concentraciones y movilizaciones" promovidas por la ANC y Òmnium y recuerda que parte de los consejeros pertenecían a una u otra organización o a las dos.

La violencia no tiene que ser sólo con armas ni ocurrir en el mismo instante de la rebelión, en este caso la DUI

El brazo civil

Lamela explica que las citadas asociaciones actuaron como el "brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades" del Gobierno catalán, que favoreció movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de octubre.

Respecto a las concentraciones que hubo esos días, señala que se produjeron mientras se desarrollaban una serie de diligencias de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando una "muchedumbre se concentró ante los edificios registrados".

La magistrada, una vez más, enlaza la casi perfecta sincronización entre la reacción de grupos organizados en la calle con mensajes públicos y decisiones formales de miembros del Govern, que incluso presumieron en público del papel que harían los Mossos en caso de tensión o de la prohibición de atracar a barcos destinados al apoyo logístico de los Cuerpos de Seguridad. Todo ello con nula discreción.

Recuerda las ocurridas en las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación, en la sede del PSC donde "se llegó a agredir a militantes socialistas", en la sede de la CUP y en la imprenta de Bigues i Riells. Todas ellas en Barcelona, además de las ocurridas en Sabadell mientras se llevaba a cabo un registro en el domicilio particular del jefe de Gabinete de Gobernación, Joan Ignasi Sánchez; y en Les Franqueses del Vallés, durante el registro del domicilio de José María Jové Lladó.

En la consejería de Junqueras

No obstante, precisa que la actuación "más significativa" tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, donde los congregados "pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil". Allí retuvieron a la Comisión judicial, que no pudo salir del edificio hasta el día siguiente.

Aún más, entre el final del verano y el 1-O se han documentado ya más de cien actos tumultuarios, de distinta intensidad, contra los Cuerpos de Seguridad, realizados por distintos grupos y siempre coincidentes con un discurso político incendiario en el que, de un modo u otro, se justificaba casi todo. Incluso el propio Puigdemont llegó a pedir a los ciudadanos que presionaran a los alcaldes de sus municipios que no habilitaran espacios para el referéndum ilegal del 1-O.

Entre los argumentos judiciales, incluye el llamamiento que realizó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un mitin organizado por la ANC en Sant Joan Despí, en el que estaba acompañado de Jordi Sánchez, ya en prisión por orden de la misma magistrada.

Puigdemont alentó ese día el "enfrentamiento" de los asistentes con los alcaldes que no querían ceder locales para el 1-O, según la juez, que recuerda las palabras del expresidente: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

El papel de los Mossos

También cita la concentración que lograron llevar a cabo el 1 de octubre las asociaciones civiles soberanistas, que "ofrecieron resistencia" y trataron de "impedir el acceso de la fuerza policial" a los centros de votación del referéndum ilegal.

Según la juez, la coacción a los Cuerpos de Seguridad llegó a instigarse desde las instituciones

A ello, la juez añade la actitud "pasiva" de los Mossos d'Esquadra "manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir cuando los agentes de la Benemérita eran agredidos e incluso llegando a "increpar" a los guardias civiles que ejercían su función.

Entre los argumentos, la magistrada afirma que los Mossos "llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía alertando a los congregados en los colegios" electorales de que las citadas fuerzas del orden se dirigían a determinados lugares.

Acoso a Policía y Guardia Civil

Todo ello, se une, según la magistrada, el hecho de que desde las instituciones catalanas se impulsaron acciones de "rechazo" contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía, "alentadas por los propios querellados".

En este contexto sitúa los comentarios del Consejero de Territorio, Josep Rull, en la red social twitter. El 21 de septiembre escribía: "En efecto, no les hemos dejado atacar". Y sobre los agentes alojados en los puertos de Barcelona y Tarragona, publicó el 22 de septiembre, tras estimar que costaban mantenerlos allí 300.000 euros al día: "Para reprimir no hay congelación de cuentas, ni límites al déficit público".

La intimidación

La magistrada precisa también que los querellados tenían "en exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, integrado por más de 17.000 efectivos armados, "con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban".

La magistrada acompaña estos argumentos de declaraciones realizas por el Consejero de Interior, Joaquim Forn, el pasado 11 de octubre cuando aseguró, al ser preguntado si podrían producirse enfrentamientos entre los Mossos y las FCSE: "si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías".

El auto recoge también el comunicado que realizó la Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, "alentando la convocatoria de huelga general": "El Gobierno se ha adherido a la huelga general prevista para mañana 3 de octubre (...). El personal que se sume al paro no se le computará esta ausencia".

Rebeldía verosímil

El delito de rebeldía y el uso de violencia, pues, son lo suficientemente verosímiles para que, cuando menos, se instruya la cuasa. Y se haga desde la Audiencia Nacional, pues los hechos procesados atentan potencialmente contra la forma de Gobierno, requisito indispensable para que se atiendan desde esa instancia judicial y no desde un juzgado ordinario, como también exigen los detractores de la juez Lamela.

En todo caso, es sorprendente, según fuentes judiciales, que se discuta tanto sobre el delito de rebeldía, como si de no existir éste el Golpe no hubiera incurrido en otros de formidable gravedad: la conspiración para rebeldía, la secesión, prevaricación o malversación de fondos son ya de inmensa gravedad. Pueden sumar condenas conjuntas de más de 20 años de cárcel. Y nadie se atrave a discutirlos. Ni siquiera quienes más andan buscando la manera de desmontar el trabajo de la magistrada, una profesional con 30 años de trayectoria y una contrastada independencia: no pertenece a ninguna asociación y no tuvo el apoyo del sector conservador, donde sus rivales la incluyen, cuando hace pocos meses quiso presidir la Sala de lo Penal de esa misma Audiencia Nacional.