En busca de Fiscal General del Estado

Se busca nuevo Fiscal General del Estado. Y rápido. Urge sobreponerse al fuerte impacto que, entre el Gobierno, la clase política y la judicatura, ha provocado la repentina muerte de José Manuel Maza en Argentina. Y no solo porque se trata de un puesto clave en nuestra Administración, sino también, y especialmente, por los importantes asuntos que están en manos judiciales y sobre los que debe tener parte la Fiscalía General en relación al desafío soberanista en Cataluña.

Para salir del paso, el vacío está resuelto. El sistema de sustitución del Fiscal General está contemplado en el artículo 17 del estatuto de la carrera y de este modo será el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo "quien sustituya al Fiscal General del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante". Por tanto, será Luis Navajas el sustituto provisional hasta el momento en que se cumplimenten los trámites para la elección del próximo Fiscal General, que, si no hay contratiempos, puede durar poco más de un mes.

Estos trámites también están regulados. Simbólica y formalmente el nombramiento corresponde al Rey pero la propuesta compete al Gobierno que ha de escuchar al Consejo General del Poder Judicial, donde en estos momentos existe una mayoría conservadora. La participación del Congreso de los Diputados en la designación es puramente testimonial. Simplemente se comunica a la Comisión de Justicia, que no somete a votación el candidato elegido por el Ejecutivo. Si no se producen imprevistos, la tramitación podría estar concluida antes de Navidad.

El Rey nombra al Fiscal General del Estado, pero es una pura formalidad. 

Pero en el ínterin, existen procedimientos judiciales abiertos de enorme trascendencia. En concreto, el Tribunal Supremo debe decidir si asume la investigación de los miembros del Govern encarcelados y de ‘los Jordis’, los líderes de las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, y suma ese procedimiento al que ya está siguiendo contra diputados del Parlament, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Cualquier recurso que presenten los imputados deberán de contar con la intervención de la Fiscalía en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Todo ello con las elecciones del 21-D de fondo.

¿Un fiscal del Estado o del Gobierno?

Además de las circunstancias especialmente complicadas en las que se produce este relevo, está también la controversia que suele acompañar a la elección de este cargo, a cuenta del excesivo control que suele tener el Gobierno sobre él. Está por ver precisamente si el Ejecutivo mantiene en su idea de situar a un juez al frente de la Fiscalía o si trata de contentar a la carrera, que ha elevado el tono de sus críticas especialmente en los últimos meses.

Concretamente la pasada primavera los representantes de las tres asociaciones de fiscales reclamaron en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados directamente que el Gobierno dejara de tener la potestad de nombrar y cesar al Fiscal General del Estado para garantizar la autonomía de la institución.

Las asociaciones de fiscales reclaman que la figura del Fiscal General no esté controlada por el Ejecutivo. Para ello proponen que tenga el apoyo mayoritario del Congreso y que su mandato no coincida con la legislatura.

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria-, Concepción Talón; la vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María de las Heras; y el portavoz de la Unión Progresista Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés; coincidieron entonces en la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que este cargo deje de estar en manos gubernamentales.

"No debemos olvidar en ningún momento que la Fiscalía está separada del Poder Ejecutivo", aseveró Talón, "y no es en ningún caso ni correa de transmisión, ni elemento de comunicación entre el Gobierno y los tribunales". La presidenta de AF recordó que en 2007 se reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pero, en su opinión, no fue "suficiente" para ganar independencia.

Dos de las propuestas que, en este sentido, formularon las asociaciones es que el aspirante que presente el Gobierno sea sometido a voto y aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados, y que el mandato del Fiscal no dure cuatro años, sino que se alargue a cinco, de modo que no coincida con las legislaturas.

El que se designe ahora será el cuarto Fiscal General que asume el cargo desde 2011. Antes que el malogrado Maza, estuvieron Eduardo Torres Dulce, que dejó el cargo por diferencias con el Gobierno tras la consulta independentista del 9-N; y Consuelo Madrigal, que ‘desapareció’ casi de un día para otro por divergencias, al parecer, sobre los nombramientos que el Gobierno propuso como jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.