El negro horizonte de las pensiones

La hucha de las pensiones está agotada; la esperanza de vida se alarga; la pirámide poblacional envejece por la baja natalidad y, durante años, se han pactado prejubilaciones, especialmente en el sector público y sus aledaños, con costes desmedidos.

En un país con un nivel de paro alto y unos salarios bajos, el panorama del sistema es ya hoy inquietante. Pero mañana será imposible. La certeza tiene cifras y previsiones contundentes que, sin embargo, chocan con el miedo del Gobierno, de cualquier Gobierno, a reformar el modelo: el Pacto de Toledo nació para buscar consenso en un ámbito crucial, pero a la hora de la verdad el acuerdo es inviable. Aunque todos saben que hay que algo algo. Y con urgencia.

Las previsiones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya ha advertido a España de la complejidad a la que se enfrentará en el futuro para la sostenibilidad del sistema público de pensiones debido al envejecimiento de la población, ya que apunta a que el país tendrá en 2050 la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, solo superada por Japón.

Sólo Japón tendrá una tasa de jubilados por habitante superior a la de España, cuyo sistema está amenazado

Así se desprende del último informe sobre el sistema de pensiones publicado por el organismo internacional, en el que se incluye un apartado específico sobre España, y donde señala que, a pesar de la "importante" reforma del sistema realizada en 2013, existen aún enormes limitaciones, como la edad media de salida del mercado laboral, que se estancó en 2013, o la falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación.

En concreto, en los próximos 32 años, cuando la generación nacida en la década de los noventa esté próxima a la jubilación, observará cómo 77,5 de cada 100 habitantes serán pensionistas, frente al 30,6% de 2015 o el 19% de hace 40 años. Esta ratio solo será superada "ligeramente" por Japón, que en 2050 contará con 77,8 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes.

En ambos casos, se situarán muy por encima de la media de la OCDE, donde el 53,2% de la población tendrá más de 65 años en 2050, o del conjunto de la Unión Europea que, según cálculos del organismo, se situará en el 56%, en detrimento del 44% restante que tendrá entre 20 y 64 años.

La 'generosidad'

De igual modo, la institución presidida por el mexicano Ángel Gurría asevera que la tasa de sustitución neta -pensión que se recibe como porcentaje del último salario percibido- o 'generosidad' de las pensiones en España es demasiado alto, ya que se sitúa en el 82%, frente al 63% de la media de los países del 'club industrializado'.

"El envejecimiento de la población, que se acelerará a un ritmo muy rápido en España, presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones", asevera la organización que agrupa a 35 países de todo el mundo.

En este sentido, la OCDE apunta al factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que vinculará la pensión inicial de los jubilados a la esperanza de vida desde los 67 años en el momento de jubilarse, así como al índice de revalorización, que se aplica desde 2014, para ayudar a equilibrar las finanzas de las pensiones en el corto plazo.

Así, la OCDE señala que el sistema de pensiones concederá tasas de sustitución relativamente altas para los trabajadores con una carrera completa, especialmente para los asalariados con ingresos medios y altos, a pesar de la introducción del factor de sostenibilidad.

De igual modo, subraya que la edad legal de jubilación, actualmente establecida en 65,3 años, aumentará gradualmente hasta situarse en los 67 años en 2027. Sin embargo, a partir de ese año, las personas que hayan contribuido durante al menos 38,5 años (en contra de los 36,5 años requeridos actualmente) podrán jubilarse a los 65 años y contar con la pensión completa.

La evolución de la pirámide poblacional en España entre 1970 y 2050

En este orden de cosas, la OCDE sostiene que, a pesar del rápido envejecimiento que se producirá en la población española, la edad media de jubilación se situará por debajo de la proyectada para la OCDE en 2027 (65,8 años para hombres y 65,5 años para mujeres) y sustancialmente por debajo de la estimada en países como Dinamarca (74 años) o Italia (71 años).

¿Y el paro?

"La evolución actual del mercado de trabajo puede desafiar la adecuación de los ingresos futuros para los jubilados", asevera el documento. Según apunta, el alto desempleo persistente debilita la acumulación del derecho a las pensiones a muchas personas que se encuentran en edad de trabajar.

Al mismo tiempo, existe una parte de la población que, aunque trabaja, lo hace con contratos temporales -en 2016 el 26% del total de los contratos eran temporales, el doble de la media de la OCDE- lo que aumenta el riesgo de interrupciones en la trayectoria profesional y, por ende, en las cotizaciones. En España se requiere que se haya trabajado al menos durante 15 años para poder beneficiarse de una pensión regular.

Pocos incentivos

Por otro lado, la OCDE destaca que España es uno de los países con mayores obstáculos para combinar el trabajo y las pensiones y prolongar así la vida laboral tras la edad de jubilación, aunque admite que ciertas trabas se redujeron con la reforma de 2013.

Es posible combinar el trabajo con las pensiones en todos los países de la OCDE excepto en siete, entre los que se incluye España, donde se aplican límites a los ingresos por encima de los cuales se reducen los beneficios de la pensión combinada.

En España, las pensiones de los jubilados que continúan trabajando se reducen en un 50%. Además, no obtienen derechos de pensión adicional a pesar de que hay que pagar un 8% sobre la base de cotización declarada como cuota de solidaridad.

Cataluña, más dañada

En ese contexto general, el presente también arroja conclusiones llamativas sobre el mantenimiento del sistema, que sería muy difícil en algunas comunidades autónomas de no estar dentro del régimen general nacional. Así, Cataluña ha registrado un déficit de 3.240 millones de euros en noviembre y se ha situado como la comunidad más deficitaria de España en el sistema público de pensiones, según datos de la Intervención General de la Seguridad Social analizados por Convivencia Cívica Catalana.

Cataluña es la comunidad con más dificultades para pagar sus pensiones; Madrid la mejor de largo

En concreto, las cotizaciones sociales pagadas por los afiliados catalanes en el undécimo mes del año han sido "insuficientes" para pagar las pensiones sufragadas por la Seguridad Social en Cataluña.

Teniendo en cuenta este déficit, Convivencia Cívica Catalana cree que con una hipotética separación de Cataluña de España, las pensiones catalanas sufrirían una caída del 15%. Así, la pensión media de un pensionista catalán bajaría 144 euros mensuales.

Andalucía y Madrid

Por detrás, en 'números rojos' le siguen Andalucía (3.111 millones de euros de déficit) y Galicia (2.528 millones de euros). Por el contrario, Madrid se ha situado como la autonomía española con mayor saldo positivo para la Seguridad Social.

De hecho, los ingresos vía cotizaciones de los madrileños han superado a los gastos en pensiones en Madrid en 1.527 millones de euros. Junto con Madrid, también han registrado números positivos Baleares (406 millones de euros) y Canarias (320 millones).

A nivel provincial, Barcelona, con un déficit de 2.588 millones, se ha situado como la provincia que provoca más 'números rojos' a la Seguridad Social, seguida de Asturias (2.327 millones) y Vizcaya (1.394 millones).

Según Convivencia Cívica Catalana, la Seguridad Social es deficitaria en Cataluña desde hace años porque la relación entre afiliados y pensionistas en Cataluña es del 2,01, mientras que en el resto de España es del 2,08.

También se debe a que la pensión media que paga el Estado a los pensionistas catalanes es "más elevada" (+4,6%) y a que el número de pensionistas en Cataluña es "sustancialmente superior" al correspondiente a su población. En Cataluña reside solo un 16% de la población española y, sin embargo, en esta región se cobran el 17,9% de todas las pensiones que paga el Estado. En el último ejercicio anual, la Seguridad Social tuvo que aportar cerca de 5.000 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones de todos los jubilados catalanes.