La deuda pública bate récord mientras familias y empresas se aprietan el cinto

El contraste es demoledor: las familias y empresas españolas (en un 90% pymes muy alejadas del estereotipo del IBEX) redujeron su deuda en más de 22.000 millones en 2016, último ejercicio 'auditado' por el Banco de España, el Ministerio de Economía, los organismos reguladores y los gabinetes de estudios de entidades como BBVA o Bankia.

Mientras el Estado triplicaba sus deudas y morosidad, los hogares y las empresas la reducían en miles de millones

Mientras, las Administraciones Públicas han batido otro récord histórico al llevar su endeudamiento hasta el 100.33% del PIB en el picomás alto de 2017, y a estabilizarla en torno a esa cifra ya de manera estable. O si se prefiere, hasta el 1,129 billones de euros, más de la riqueza total del país. Y no será porque las facilidades están de parte de los primeros.

En realidad, es al revés: es el Estado quien consume buena parte del crédito disponible, costoso o directamente negado para el 75% de las empresas españolas, según los informes de CESGAR, la asociación de sociedades de garantía recíproca, pocos sospechosa de animadversión al sector público del que forma parte, resumidos en un dato escalofriante: la concesión de crédito en los años de crisis, a partir de 2008, se ha desplomado hasta un 44%.

Esto es, si aquel año la Banca concedió unos 950.000 millones en préstamos empresariales, la cifra apenas supera los 531.000 millones en la actualidad, pese a lo cual la deuda privada ha bajado hasta un 82% del PIB frente al 115% alcanzado en las postrimerías de 2010. Todo ello dibuja un paisaje adverso que probablemente explica el cierre de cientos de miles de empresas sin, al menos, el calor o el reconocimiento social que acompaña a otros 'desahuciados', pese a que las pymes y empresas familiares dependen al menos tres cuartes partes del empleo y los ingresos fiscales del Estado.

Y el paro, quizá por ello, también ha asolado el sector pese a la evidente recuperación de los dos últimos años: durante la larga crisis, y pese a las quejas de los sindicatos de la Administración Pública, el número de puestos de trabajo dependientedel erario se ha mantenido en el entorno de los tres millones: la práctica totalidad de los despidos, pues, vienen del ámbito privado y han afectado por igual al contratado y al contratante.

Entre zancadillas

El cuadro final no admite réplicas: mucha menor financiación (hasta los Presupuestos Generales del Estado en negociación prevén un recorte de 108 millones de ayudas a las pymes), a un precio superior y con una exigencia de garantías en un contexto de brutal recesión en el que el auténtico sector empresarial español, alejado de los clichés y la demagogia que convierte a la excepción -una multinacional cotizada- en norma, ha tenido que superar la crisis sin ayudas, con zancadillas y no pocos estigmas encima.

El crédito a las pymes se ha desplomado un 44%; y la mitad de ellas ya ni siquiera intenta pedir un préstamo

Aún más, la presión fiscal no ha dejado de subir, incluso con decisiones tan estrambóticas como obligarlas a adelantar el Impuesto de Sociedades para cuadrar las cuentas públicas o, aún más dañino, la negativa a permitir el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social o a Hacienda pese a la normativa que supuestamente se lo concedía.

El mismo informe de la asociación de SGR resumía el drama con una cifra casi estremecedora: el 50% de las pymes ya ni se plantean intentar pedir un crédito; o no pueden aportar las garantías que les exigen o acumulan deudas con Hacienda o la Seguridad Social que no impiden endeudarse a la Administración pero cierran el crédito al sector privado e incluso le estigmatizan con listas de morosidad en las que se mezclan a defraudores con simples deudores de menor enjundia que cualquier ayuntamiento de pedanía española. Pese a ello, 2016 cerró con un crecimiento de más del 6% de la cifra total de creación de nuevas pymes.

El esfuerzo de las familias

Y el mismo esfuerzo cabe decir de las familias, la otra gran ancla durante la recesión: su deuda supone el 64% del PIB, frente al 83% de 2010, de nuevo con datos oficiales de los organismos reguladores recopilados para este artículo. Y en cifras, el cuadro es igual de elocuente: los hogares están endeudados en 713.000 millones, casi 20 puntos porcentuales menos que al finalizar el terrible 2010. Mientras, ese mismo periodo, el Estado ha multiplica por tres su propia deuda.

En las casas, en resumen, la recesión ha sido respondida con austeridad, imaginación y un esfuerzo que no realiza, en ningún caso, el sector público supuestamente consagrado a atender al ciudadano y no a mantenerse gracias a él.

Un último dato comparado refleja la desigual carga de esfuerzo del sector privado frente al público: en 2016 las familias y las empresas bajaron su endeudamiento en 21.895 millones de euros. En ese mismo periodo, ampliado hasta el pasado mes de marzo según el último apunte contable del Banco de España, las Administraciones Públicas lo elevaron en otros 32.500 millones.

Y no es ninguna temeridad sospechar que el déficit real del Estado supere con mucho el ya ruidoso 100,33% del PIB, a juicio de algunos especialistas en materia económica que lo elevan hasta en 20 puntos más.

Las familias han hecho un esfuerzo heroico, bajando 20 puntos su deuda mientras el Estado la elevaba sobre el 100% del PIB

En todo caso, las sombras a futuro son aún más inquietantes que en el presente: con un sector empresarial exhausto, la subida de tipos de interés que presagia la decisión ya adoptada en ese sentido por la Rerserva Federal de Estados Unidos, apunta a un incremento del coste de financiación de la deuda española, siquiera leve y paulatino, pero probable a medio plazo.

Del desigual esfuerzo entre el ámbito público, que bien es cierto que aumenta su deuda y su déficit también porque sostiene las pensiones o los servicios básicos pero no principalmente a causa de ellos; da pruebas un último dato sorprendente: si el Estado, las Comunidades y los Ayuntamientos superan el billón de deuda pese a tener para sí el poder recaudatorio, legislativo y sancionador y agotar en sí mismos buena parte del crédito; la entidad responsable de 'señalar' las deudas del resto también está entre las más morosas.

Los cerca de 18.000 millones de euros que soporta de déficit la Seguridad Social son el emblema de un problema vigente con una deuda pendiente bien distinta que, pese a los intentos, jamás se abordará con decisión: la reforma a fondo de las Administraciones Públicas. Aunque este Gobierno la ha intentado más que ningún otro, por cuestiones de necesidad, está lejos de haberlo hecho a fondo.

Y no parece próximo ese momento. Una de los primeros anuncios del año del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue crear más puestos de funcionario y convertir en fijos a los interinos. Lo público, esa palabra mágica a la que apelar para casi todo.