El 35% de los ayuntamientos incumple con los tribunales de cuentas

Cada ayuntamiento tiene su propio convenio colectivo, que a menudo consagra un coste laboral sobre el presupuesto total más alto que en ninguna otra administración pública. Contratan, suben impuestos, inventan tasas, crean organismos y empresas y, en general, operan con una autonomía inmensa y poco escrutinio ajeno.

Piden que no se les pague desde el Estado mientras no rindan cuentas

Salvo el del Tribunal de Cuentas que, en su versión regional denominada Cámara, fiscaliza las cuentas de cada ciudad por ley y con carácter anual. Es, junto al control del techo de gasto que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria para municipios endeudados -que da la última palabra al Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos de cada uno de ellos-, el mayor control financiero que tienen obligación de respetar los alcaldes.

Incumplidores

Pero sólo teóricamente. Las triquiñuelas para intentar saltarse a Montoro, aprobando presupuestos que fijan un gasto alto seguro y unos ingresos artificiales de la misma dimensión, son aún mayores al respecto de la Cámara de Cuentas autonómica, como evidencia un dato demoledor revelado por el conjunto de órganos de control financiero: el 35% de los ayuntamientos de España, más de uno de cada tres, no ha entregado sus cuentas aún.

Los tribunales de cuentas de todo el país se han cansado y exigen medidas legales para que todas las administraciones públicas locales cumplan con la obligación de remitirles la información para ser fiscalizadas, puesto que un 35 por ciento de los ayuntamientos, según los datos de 2015, último año disponible y cerrado, no lo hace.

Los responsables de doce tribunales de cuentas en 2017

El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEx) de las comunidades autónomas han firmado sendas declaraciones para que se adopten medidas legales encaminadas a reducir y homogeneizar los plazos de rendición de cuentas del sector público, así como para impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales.

Las diputaciones son mejores que los ayuntamientos, aunque el 13% de ellas no se fiscaliza

En concreto, estos tribunales piden entre otras medidas que se ponga como fecha límite para efectuar la rendición de cuentas y que sea, en general, la del 30 de junio del ejercicio siguiente, con las adaptaciones y los periodos transitorios que sean necesarios.

Además, para estimular este ejercicio piden entre otras cosas reforzar los recursos de los interventores locales, así como la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menor dimensión.

Medidas coercitivas

También, revisar y actualizar las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración, y condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias a la efectiva rendición de cuentas.

Además, estos tribunales piden también al Gobierno que haga efectiva también la retención de la participación en los tributos del Estado para los municipios incumplidores.

Según Julio Naranjo, socio director general de Arpinum Consultores, la falta de rendición de cuentas es, junto a la inaplicación de la Ley de Transparencia en su totalidad, el gran agujero negro de la administración municipal en España. "No se deben gestionar tantos recursos públicos sin un control superior ni tampoco sin rendir cuentas a la opinión pública, pero además es que no se puede legalmente. Y aunque ahora parece que sale gratis incumplir, cada vez el precio legal, jurídico, económico y político de quienes ignoren sus obligaciones va a ser mayor", explica.

Javier Rodríguez Palacios (PSOE) gobierna Alcalá con Podemos, en un caso paradigmático: acaba de aprobar un presupuesto de 188 millones con apenas 130 millones de ingresos reales

Alcalá, un caso llamativo

El pasado 31 de diciembre de 2015, el 76 por ciento de las entidades locales del país había entregado al órgano fiscalizador correspondiente sus cuentas del ejercicio 2014, una tasa más baja que la de 2013, cuando lo hizo el 82 por ciento. Son los últimos datos firmes de que se disponen.

En concreto, había cumplido con la obligación el 65 por ciento de los ayuntamientos, el 87 por ciento de las diputaciones y todas las áreas metropolitanas. Los niveles más bajos de rendición en plazo fueron los de cabildos y consejos insulares (30%), las mancomunidades (43%) y las agrupaciones de municipios (25%).

Mientras familias y pymes reducían su deuda; el Estado no ha hecho más que engordar la suya

En España hay más de 8.000 corporaciones locales y, si bien su deuda conjunta se ha reducido en los años de crisis, sigue superando los 30.000 millones de euros, con casos tan llamativos en España como el de Alcalá de Henares, la segunda ciudad de Madrid.

Allí, un gobierno compuesto por PSOE, Podemos y una expulsada de IU tiene un presupuesto de 188 millones de euros pese a que la última liquidación de ingresos conocida sitúa el dinero real disponible en poco más de 130 millones, de los cuales en torno a 80 se dedican a personal y salarios de los propios políticos.

Y además con una deuda aproximada de 200 millones sólo ante entidades bancarias que encuentra por corolario un hecho probablemente único en toda España: por distintas causas, seis de los catorce miembros del Tripartito gobernante están imputados, entre ellos tres de Podemos y el propio alcalde, Javier Rodríguez Palacios, a más inri responsable de la comisión de Ética del PSOE madrileño.

Y además contratan...

En el conjunto del sector público, la deuda ha batido su propio récord en el último año y ya ha superado en varias ocasiones el 100% del PIB, con una dato revelador: mientras decrecía el endeudamiento de pymes, empresas y familias en los años de crisis; el del Estado no ha dejado de crecer hasta superar todas las marcas.

Con Madrid sin presupuestos pese a haberse iniciado ya 2018 y Barcelona con un Gobierno en minoría, otro dato sobre la vida municipal llama a la inquietud: los años de crisis apenas han variado los convenios colectivos que consumen buena parte de los presupuestos municipales en muchas ciudades endeudadas, pero eso no es óbice para que sigan ampliando sus plantillas. Hasta 22.000 puestos de trabajo nuevos se crearon a lo largo de 2017 en los ayuntamientos españoles. Y la cifra no dejará de subir.