Ladrones envueltos en una bandera

La sentencia del llamado 'Caso Palau' retrata definitivamente toda una época de la política catalana y explica, probablemente, su lamentable deriva antisistema hacia el soberanismo. El tribunal ha condenado a Convergencia, marca primigenia de una estirpe que comenzó con Pujol, continuó con Mas y terminó en Puigdemont, por financiarse sistemáticamente con dinero de mordidas a empresas adjudicatarias de jugosos contratos de la Generalitat.

Han sido 40 años de saqueo en nombre de una patria a la que robaban y enfrentaban

Es decir, la maquinaria política y electoral del partido hegemónico en Cataluña durante 40 años se activaba subordinando a sus intereses las decisiones económicas de las instituciones de todos los catalanes, en el ejemplo más palmario de la existencia de un régimen patrimonialista y además corrupto.

Porque en los cobros millonarios, que llevarán a la cárcel a los responsables técnicos del partido pero en realidad condenan estética y políticamente a sus máximos dirigentes, se resume la voracidad totalitaria de un auténtico régimen: cómo no dar por supuesta la utilización perversa de la educación y los medios de comunicación públicos cuando se llegó aún más lejos poniendo el presupuesto total al servicio de una causa.

Bandera y botín

El nacionalismo ha pervivido y crecido en Cataluña al calor de una banda perfectamente organizada que ha sometido desde 1978 las instituciones del conjunto de los ciudadanos a la estrategia de permanencia en el poder de un partido concreto. Y es razonable intuir que, cuando esos vergonzosos privilegios se han visto amenazados por la acción de la justicia en un país agotado por la corrupción, han respondido redoblando los esfuerzos soberanistas.

Porque el 'procés' es, no sólo pero ante todo, una huida hacia adelante de unos cuantos políticos temerosos de la acción judicial que, para mantener su impunidad y privilegios, se han envuelto en una bandera que en realidad intentaba tapar sus vergüenzas y poner a salvo su botín.

La sentencia obliga aún más a desalojar al soberanismo de Cataluña, un régimen corrupto y frentista

La cantidad y variedad de casos delictivos en que andan sumidos los patriarcas del nacionalismo catalán es tan amplia como indiciaria de la magnitud de sus desfalcos, de la temeridad de sus formas y de la tranquilidad con la que perpetraban todo ello desde el poder. Por graves que sean tantos otros casos de corrupción como la Gürtel o la Púnica, sólo los ERES en Andalucía alcanzan la magnitud de Cataluña, pues en ambos casos se da una circunstancia única especialmente reprobable: se han cometido desde las propias instituciones y denotan un carácter sistémico.

Que la sentencia coincida con la negativa de los letrados del Parlament a avalar la investidura telemática del fugado Puigdemont y se difunda a apenas 48 horas de la constitución de la cámara autonómica catalana ofrece una razón más para que los partidos ajenos al independentismo hagan el mayor esfuerzo posible para buscar alternativas a este régimen corrompido.

Higiene democrática

¿Cómo nadie puede dudar de la necesidad imperiosa de desalojar de todas las instituciones a un partido identificado, ya exclusivamente, por su asalto a la Constitución y sus tropelías económicas? Incluso aunque aritméticamente no salgan las cuentas, Ciudadanos, PSC, PP y En Común Podem tienen la obligación de aliarse contra esta organización criminal que, paradójicamente, puede seguir controlando el mismo Govern desde el que impulsó todas sus fechorías.

Especialmente relevante es lo que haga el partido de Pablo Iglesias y Ada Colau, que van a retratarse como nadie en muy pocas horas. Si además de mirar para otro lado ante el Golpe de Estado impulsado desde la antigua CiU hoy condenada le ayudan ahora a dominar el Parlament, todo el mensaje supuestamente regenerador de Podemos y sus marcas blancas habrá quedado definitivamente enterrado.

Cataluña, por razones de higiene democrática, necesita un cambio, abrir las ventanas y recuperar una mínima sensatez. Y todo ello empieza por el respeto elemental a la ley y termina con la sustitución de los jerarcas del secesionismo ladrón en cuanto se pueda. Mientras, que al menos queden retratados y aislados, sin la más mínima colaboración que ayude a blanquear su indecorosa imagen. Porque no era España quien robaba a los catalanes, sino los autores de tan lamentable eslogan.