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Enrique Redondo de Lope

87 millones de injusticias

Los ataques a los Cuerpos de Seguridad y el desafío al Estado en Cataluña han costado mucho más de los casi 100 millones revelados por el Ministerio del Interior. Y es un problema lejano ya.

El ministro Zoido

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87 millones de euros. Ni uno más, ni uno menos. Esa orgiástica, desmesurada y excesiva cifra es la que el Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha hecho pública como el montante total que ha costado el despliegue de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña con motivo del esperpento celebrado el 1 de octubre.

Para entender este aquelarre secesionista habría que retrotraerse unos años atrás, o mejor unas décadas

“Hemos pagado todos los españoles por la irresponsabilidad del gobierno independentista”, declaró muy ufano y satisfecho el dirigente popular, como si la caballería (con él a la cabeza) hubiera acudido a salvar a los pobres españoles, ingenuos y confiados, de la manada independentista que por sorpresa ha bajado de las cumbres pirenaicas para la conquista, a sangre y fuego, de su tierra prometida.

Pues mira no. De sorpresa nada. Al simpático (y normalmente pagado de sí mismo) ministro sevillano hay que darle la razón en que indudablemente hemos pagado (nos han obligado a pagar) por las actuaciones secesionistas y oníricas de una clase política que se consideraba por encima del bien y del mal… ¿Pero porqué actuaron así?

El supremacismo

Quizás para entender este aquelarre secesionista habría que retrotraerse unos años atrás, o mejor dicho unas décadas. Y es que Once upon a time una pequeña Comunidad Autónoma donde sus dirigentes decidieron arriesgarse a darle un pequeño chinazo al Estado. Total, por esa trasnochada ley electoral, sus 4 votos eran necesarios para la gobernabilidad de un país que ellos deseaban dinamitar, así que con el monedero a buen recaudo, merecía la pena tomar el riesgo. Y ¡Oh sorpresa! LaEspañaquenosroba no responde a la provocación, los pichones se ciscan en las escopetas… Y de ahí a más a más… pues 87 millones de euros.

Y es que cuando el Estado cede en su monopolio legislativo y rinde su capacidad coercitiva, obvia la sinrazón de la creación de un sistema educativo perverso y supremacista, deja crear una red clientelar de contactos y empresas en el denominado Paraíso Catalán y permite tejer una red de medios de comunicación tanto pública como privada mediante subvenciones y favores pues tampoco es para llevarse las manos a la cabeza que su cuerpo de seguridad se asemeje más a la Guardia Nacional Bolivariana de Maduro que a una policía moderna y europea del Siglo XXI.

Tampoco es de extrañar que la clase dirigente catalana se sintiera por encima de leyes y demás zarandajas

Por otro lado tampoco es de extrañar que, cual niños consentidos, la clase dirigente catalana se sintiera por encima de leyes, normas y demás zarandajas que, cuales chinitas en zapatos, no las consideraba más que pequeños incordios. Porque, como declaró un insigne líder secesionista, “las leyes no pueden estar por encima del Parlamento”. Ya se sabe, la dictadura de la mayoría frente al respeto de la minoría, el imperio de la ley doblado por los sueños dictatoriales y egocéntricos de unos lideres ungidos por los Dioses de la mitología Catalana.

87 millones de euros nos ha costado. Pero no es verdad. Nos ha costado mucho más. Nos ha costado el bochorno de ver cómo se manipulaba la información de la actuación policial, con los medios europeos reflejando las consignas secesionistas de centenares de heridos. ¿Qué se ha demostrado que no es verdad? Pues sí, pero en el Siglo XXI, en la época de twitter y Smartphone, lo que vale es lo que impacta, y la batalla propagandística, como siempre, cayó del lado del alzamiento.

Destrozos impunes

Nos ha costado ver humillada a la Policía Nacional, ver atada de pies y manos a la Guardia Civil, ver como unos señores, pagados y mantenidos por el dinero público, arengaban a cientos de manifestantes que rodeaban a la policía judicial, los cuales tuvieron que escapar de una manera vergonzosa por la puerta de atrás mientras sus vehículos oficiales eran destrozados sin que “la policía” hiciera nada por impedirlo.

87 millones de euros que pagaremos todos. Y que no serán los últimos. No se vayan muy lejos. Pongan TV3, porque vi luz y subí, y si escuchan la música es que el baile continúa.

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