La (insólita) guerra de las 35 horas

Los sindicatos andaluces, con Podemos a su lado, han declarado una guerra que no pueden ganar pero que, además, resulta sorprendente: defender la jornada de 35 horas para los empleados públicos de Andalucía, rechazada por el Tribunal Constitucional, y asegurar a continuación que gracias a ella se generaba empleo.

Andalucía tiene una deuda desbocada, pero aún así engordaba el gasto en personal para tapar las jornadas de 35 horas

Casi medio millón de personas trabajan para la Administración Pública en Andalucía en sus distintas formas (comunidad, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas), la comunidad que en esto encabeza el ránking nacional. También en paro juvenil, en una dudosa clasificación sin parangón en Europa.

A los funcionarios autonómicos, cerca de 270.000, la Junta de Andalucía les concedió una reducción de dos horas y media en su jornada semanal, genéricamente ubicada en las 37.5 horas para el conjunto de España: siete horas y media al día de presencia y siete de productividad, descontada la media hora reglamentaria para descanso.

Un recurso del Gobierno Central (que implantó la jornada tipo de 37.5 horas en la Ley de Presupuestos Generales de 2013), consciente del coste que tendría esa misma medida para los más de tres millones de empleados públicos de toda España, acaba de provocar su suspensión cautelar desde el Constitucional, que tiene ahora cinco meses para adoptar una decisión definitiva.

La decisión crucial

De momento, su fallo atiende a cuestiones competenciales (la Junta no puede tomar determinadas decisiones que escapan de su ámbito), pero el próximo invierno deberá meterse en el fondo de la cuestión y tomar un camino que lo puede cambiar todo: si ratifica la suspensión, la Administración no podrá aplicar las 35 horas en ningún sitio del país; si por contra la levanta, la vida no será igual en municipios, provincias y regiones de toda España.

¿Pero es razonable? Los sindicatos andaluces y Podemos creen que sí. El partido de Pablo Iglesias va más lejos que nadie y ha llegado a exigir la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien considera responsable del recurso ante el Constitucional: "Ha amnistiado a las riquezas más poderosas del país mientras ataca y persigue sin tregua a los trabajadores andaluces", claman sus portavoces.

Huelga

Y las centrales no se quedan atrás e, incluso, ponen cifras al impacto de la decisión: "Calculamos que 8.000 trabajadores al menos se pueden ir a la calle", explican antes de anunciar inminentes manifestaciones y hasta una huelga para defender lo que consideran "un derecho". Lo resume el presidente de CSIF, la central mayoritaria en el sector público andaluz, José Luis Heredia.

La deuda andaluza es de 32.000 millones: cada andaluz debía 550 euros en 1994; hoy se acerca a los 4.000€

En un comunicado ha considerado la suspensión como una "mala noticia" y ha tildado sus consecuencias de "duro ataque" porque "supone un nuevo retroceso a la recuperación de la Función Pública y de la economía andaluza".

¿Es razonable? El propio mensaje del dirigente sindical revela el quid del asunto: al reducir la jornada laboral, la Junta tiene que contratar más personal para atender el mismo trabajo que, en el ámbito privado, no suele hacerse en jornadas continuas de siete horas reales como es habitual en el sector público. Esto es, el sobrecoste para una Comunidad que está entre las tres más endeudadas de España.

La deuda andaluza se acerca al 22% de su PIB, lo que equivale a 32.000 millones: cada andaluz debía 550 euros en 1994; hoy se acerca a los 4.000€. Y el déficit, aunque se ha contenido precisamente por imposición general de Hacienda en el conjunto de la Administración española, sigue disparado en el 0,33%, lejos eso sí del increíble 6.75% del 2011.

Voracidad recaudatoria

¿Puede aguantar una economía como la andaluza un ritmo de gasto inferior, de largo, al de sus ingresos? ¿Y es sostenible generar empleo artificial según el servicio asignado (en otros como en Sanidad o Educación faltan) para compensar el tiempo libre extra de sus empleados públicos?

La respuesta es negativa a ambas preguntas y explica, tal vez, la posterior voracidad recaudatoria posterior de la Junta de Andalucía, incapaz de retirar el Impuesto de Sucesiones, objeto de una gran respuesta social, porque perdería unos ingresos que necesita para sostener su inmenso aparato público.

Otro dato lo atestigua: la tasa de paro en España suele ser más alta allá donde el peso público es mayor, con Andalucía y Extremadura como grandes ejemplos. Quienes lo niegan alegan que aún sería peor si el peso de los funcionarios fuera inferior, pero es la pescadilla que se muerde la cola: a más gasto público en empleados, menos productividad y más déficit, dos problemas que lastran el crecimiento económico de ambas regiones.

Uno de cada cuatro euros

Y en general de España, un país teóricamente con menos funcionarios que otros de Europa, con Francia como caso paradigmático, pero a un coste superior: se calcula que cada español dedica casi 10.000€ diarios a mantener a su Administración, con un dato revelador: uno de cada cuatro euros del presupuesto total se consagra, en exclusiva, a pagar nóminas de los empleados públicos, una cifra sólo superada en Europa por Dinamarca, donde las prestaciones sociales quizá compensen el gasto y la presión fiscal existente.

En España, al menos en Andalucía, ese esfuerzo se pretende dedicar a reducir la jornada laboral de quienes, visto así, tienen la fortuna de emplearse en una Administración teóricamente dedicada al ciudadano que, en la práctica, dedica los exiguos recursos económicos a sí misma.

Un último dato lo confirma: la comunidad gobernada por Susana Díaz es, junto a Asturias y Cataluña, la que carga a sus ciudadanos de mayor presión fiscal. Aunque luego no les pregunte si considera bien gastado el dinero, por ejemplo, en hacer más fácil la vida de sus funcionarios, adheridos ya a un convenio colectivo que probablemente haría las delicias de cualquier trabajador por cuenta ajena o autónomo. Así es la vida.