La falacia del referéndum pactado

¿Está el PSOE estudiando cómo impulsar un referéndum pactado, con Podemos y los partidos soberanistas, que desbloquee la situación en Cataluña y le acerque a un pacto, después de las Generales, con todas esas formaciones? La vieja idea que ya estuvo presente tras las últimas Generales y que, de hecho, provocó la creación de una Gestora en Ferraz, vuelve a flotar en el aire.

El fracaso de la comisión de reforma constitucional, enfriada a las primeras de cambio por los propios padres de la Carta Magna la semana pasada, estaría detrás de la idea de resucitar ese Plan B, aunque nadie en el PSOE lo reconoce en público y muchos, en cambio, se oponen frontalmente. Pero es, al menos, una posibilidad que el sanchismo nunca ha descartado del todo y que sin duda forma parte de la hoja de ruta de su socio potencial, Pablo Iglesias.

Si algo está claro, pese a ciertos titubeos iniciales, es que Podemos se siente mucho más cerca de los independentistas catalanes que del bloque constitucional, a quien tilda despectivamente de "monárquico" para recuperar sus viejos ataques a la Transición y al "Régimen del 78" y califica desde el 21D con un nuevo apelativo en la misma línea: "El bloque del 155".

La campaña de Podemos

Sus principales dirigentes han tildado la defensa de la Constitución como "golpe democrático contra Cataluña" y cada día, desde Echenique a Monedero pasando por Irene Montero, repiten las consignas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau si cabe en una versión más dura contra la legalidad: el desastre el 21D, con sólo ocho diputados, le ha llevado a la formación morada a cambiar el foco sobre Cataluña para centrarse en la agenda social, pero eso es de cara al resto de España. Allí, los intereses de Colau pesan mucho y el conflicto seguirá en el epicentro de la estrategia de Podemos.

El discurso tiene mucho que ver con el bajón en las expectativas de Iglesias y con la evidencia, siempre presente pero disimulada, de que no ostenta todas las fuerzas que presenta como propias: en Cataluña En Comú es la marca de referencia, al igual que en Galicia lo es En Marea. el secretario reina, pero no gobierna, por utilizar el símil regio.

En esa tesitura, Podemos ha encontrado una fórmula para disimular su posición, opuesta a la Constitución, que en realidad es un truco ante el ciudadano: apelar al diálogo, en abstracto, y defender públicamente un referéndum pactado para Cataluña que, técnicamente, sólo podría hacerse si el Congreso cede a la Generalitat sus exclusivas competencias para hacer consultas. Y es ahí donde el PSOE, que ha dado muchos tumbos en esta historia, puede volver a entrar en escena una vez concluya la investidura del nuevo Govern.

Es un ardid, cuyo desenlace esconden los dirigentes de Podemos de manera premeditada. En primer lugar, según fuentes jurídicas consultadas por ESD, no es sencillo transferir una competencia privativa del Estado a una autonomía para preguntar sobre algo contrario a la Constitución. El artículo 149.1.32º de la Carta Magna no permite atajos para una cesión que afecte a la soberanía.

Un camino sin salida

Tampoco las Leyes de Consulta autonómicas, existentes en Euskadi y Cataluña, son un camino: el Tribunal Constitucional anuló la aprobada por Ibarretxe, a instancias del Gobierno que entonces presidía por Zapatero. Y la misma Magistratura ya ha declarado ilegal la ley ad hoc que Puigdemont improvisó para intentar dar una pátina formal a su referéndum.

Pero hay algo más. En el caso supuesto de que, de alguna manera inimaginable, se transfiriera a la Generalitat la capacidad de organizar un referéndum, seguiría siendo prácticamente imposible la independencia. Esto es lo que Podemos oculta y lo que apenas nadie le recuerda.

La explicación es sencilla. Si en esa hipotética consulta legal, como reclama la formación de Pablo Iglesias, venciera la secesión; sería necesaria una reforma de la Constitución para que el resultado de la votación tuviera consecuencias.

Un referéndum... nacional

Y algo así no se podría lograr nunca. Ni siquiera aunque Rajoy y Sánchez se pusieran de acuerdo, un suponer, y Podemos se incorporara tras haberlo impulsado. Hasta en ese escenario, imaginario e imposible, los dirigentes políticos no podrían sortear las obligaciones legales que impone una reforma constitucional de tal calado.

Lo prescribe el artículo 168 del Título X de la Carta Magna. Un cambio tan traumático de la ley de leyes exige un procedimiento muy laborioso que en la práctica lo hace casi inviable para siempre: primero debe haber un apoyo de dos tercios del Congreso; después hay que disolver las Cámaras y convocar nuevas Elecciones Generales y, en el caso de que las nuevas Cámaras ratifiquen la reforma previa, consultar a todos los españoles a través de un referéndum nacional.

Una consulta inútil

La independencia no puede concederse por un acuerdo político y la cesión competencial de un eventual referéndum sólo serviría para medir el respaldo a la independencia y al constitucionalismo, pero nunca para provocar decisiones sin contar con el conjunto de los ciudadanos. La soberanía nacional decide, siempre y en último caso, aunque la trampa de Podemos simule lo contrario. Quizá para ganarse un espacio bajo el sol electoral catalán, cuando la tormenta cese.

Por qué Podemos presenta como alternativa una propuesta simplemente inútil, maquillando su verdadera naturaleza, puede ser una incógnita. Lo que no lo es, con la Constitución en la mano, es quién tiene la última palabra. El manido pueblo soberano.