El secesionismo mira a Estrasburgo, ese Tribunal europeo experto en apoyar a ETA

El mismo día en que, de manera folclórica, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunciaba que iba a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para buscar su amparo y poder investir a Puigdemont; se conocía la condena a España desde esa misma instancia europea por la supuesta brutalidad empleada por los Cuerpos de Seguridad contras dos etarras responsables del atentado de la T4.

Son dos escenas que parecen no guardar relación pero, en realidad, la tienen por la trayectoria del Alto Tribunal de insólito amparo a los peores y, en consecuencia, su previsible utilización desde el secesionismo en su melodramática carrera hacia la nada.

ERC disimula para que no parezca que ya ignora a Puigdemont; pero lo hace mirando a Estrasburgo

Que Torrent esté intentando simular que toda ERC está volcada en una designación que en realidad no quiere, apurando los plazos y apelando a las más altas instituciones para justificar luego su negativa a seguir al alocado Puigdemont es una cosa.

Pero que elija por si acaso a ese Tribunal, precisamente, no es casual: ha demostrado sobradamente una sensibilidad extrema hacia las peores causas políticas. Y ha adoptado, en el pasado y en el presente, resoluciones que tienen más de ideológico y sectario que de institucional y jurídico.

¿Pagar a terroristas?

Obligar a España a indemnizar a terroristas, con mil muertos de ETA sobre la mesa y 300 crímenes sin aclarar, es una ignominia intolerable y humillante que legitima, de un plumazo, la vergonzosa propaganda etarra sobre las inexistentes torturas de los Cuerpos de Seguridad y sobre la impunidad del Estado.

Estrasburgo siempre sale en defensa de las peores causas contra España: ETA lo fue; el soberanismo lo intenta ahora

Basta con recordar que, precisamente por saltarse las líneas rojas de la lucha antiterrorista, el Estado de Derecho envió a prisión a nombre clave de aquella época como el ministro Barrionuevo, el general de la Guardia Civil Galindo o los altos cargos Vera, Damborenea y Sancristóbal: la guerra sucia se persiguió y la democracia española respondió a los excesos propios con la misma contundencia y apego a la ley.

Imponer ahora una multa económica que acabará en los bolsillos de dos desalmados, tras enmendar un fallo del Tribunal Supremo que desvelaba el enésimo montaje de una denuncia falsa, es indecente y, en la medida de lo posible, debe ignorarse desde el Gobierno. Por respeto y por dignidad de las víctimas y a la Guardia Civil, que tantos asesinados dejó en aquel triste camino.

Contra la justicia española

Especialmente cuando, en este mismo epígrafe, Estrasburgo ya tumbó en 2013 la llamada 'Doctrina Parot', una fórmula legal avalada por las más altas instancias jurídicas españolas que pretendía algo tan de sentido común como que los terroristas cumplieran sus condenas de manera íntegra. Otro fallo político acabó con ese recurso y, al igual que ahora, avaló de forma bochornosa el discurso abertzale.

Por eso no es de extrañar que el independentismo mire a este Tribunal plagado de políticos que dice tutelar los Derechos Humanos pero, en realidad, actúa casi siempre al calor de los prejuicios ideológicos de sus componentes: si alguien puede avalar el desvarío secesionista y las ínfulas del prófugo Puigdemont, es Estrasburgo. Tiene un amplio y lamentable historia al respecto.