Escolarizar en español en Cataluña, un derecho exigible con o sin 155

Escolarizarse en español en los colegios públicos de Cataluña debiera ser una obviedad, pero ahora mismo es un indignante imposible: cualquier padre que quiera hacer algo tan simple en estos momentos, tiene que conformarse con inscribir a su hijo en un colegio privado, a cargo del erario público. Es decir, confinar al chaval en un gueto educativo, en lugar de integrarle en su espacio natural.

Ese contrasentido nunca tuvo que consentirse: no hay inmersión lingüística ni protección de ninguna lengua ni identidad cultural que justifique la exclusión de una lengua tan propia de los catalanes como el catalán; y quienes quieren hacerlo demuestran la intención política que está detrás de la simple defensa de un patrimonio ciertamente valioso.

Escolarizarse en español en España, como en francés en Francia o en italiano en Italia; nunca puede ser una agresión. Y quien lo vea así, confiesa sus objetivos funestos: transformar una lengua, que siempre es un puente, en una trinchera y una plataforma de construcción de una identidad nacional excluyente y enfrentada a la compartida.

Las lenguas son puentes, no trincheras. El soberanismo quiere que el catalán excluya parte del patrimonio de los catalanes

La educación pública en Cataluña ha sido, junto a los bochornosos medios públicos de la Generalitat, el trampolín del secesionismo, la lanzadera de un mensaje destructivo de agravio que conviene frenar: no para desproteger el catalán, una lengua rica que en sí misma carece de intenciones y merece amparo, sino para evitar que se manipule como arma arrojadiza.

Libertad individual

Ni siquiera hace falta explicar por qué alguien querría escolarizar a sus hijos en español. Y mucho menos es necesario recurrir a cifras sobre la supuesta escasa demanda para defender ese derecho: como todos, nunca dependen de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo y de una concepción democrática de la libertad individual.

Que se estudie en español dentro de España no puede depender del 155: con o sin él es un derecho

Por eso hay que esperar que el Gobierno, a propuesta de Sociedad Civil Catalana, permita para el próximo curso que los residentes en Cataluña elijan en qué idioma quieren que sus descendientes estudien en la escuela. Y no es preciso vincular esa reforma, tan elemental, a la vigencia del artículo 155: si éste declina por la investidura de un nuevo Govern respetuoso con el marco constitucional, seguirá teniendo todo el sentido defender ese derecho.

Basta con acabar con la estigmatización del español y de quienes quieren estudiar en español sin salir de centro público de su entorno. Y para lograr tan razonable objetivo han de adoptarse cuantas medidas oportunas y reactivar la Alta Inspección Educativa, desmovilizada en exceso incluso para hacer cumplir las reiteradas sentencias desoídas sobre el número de clases en castellano que ya son obligatorias en la educación catalana.

Contra el supremacismo

No se trata de menospreciar el catalán ni de buscar su debilitamiento. Algo así sería empobrecedor y propio de sociedad mediocres. Pero es ése mismo razonamiento el que respalda el estatus del español en Cataluña. Un idioma que es propio y además hablan casi 500 millones de personas en todo el mundo no puede ser hurtado a los niños catalanes ni señalado como emblema de un inexistente españolismo anticatalán.

Que el PSOE muestre reticencias o llegue a oponerse a esta obviedad es lamentable y demuestra los endémicos problemas que tiene este partido para enfrentarse sin complejos al supremacismo separatista, que tiene en la lengua una de sus principales herramientas. El PP y Ciudadanos, únicos partidarios claros de esta medida, han de prosperar en ella con o sin el respaldo de dos partidos que se dicen nacionales pero nunca saben medirse al nacionalismo excluyente. Quizá si los electores toman nota de las extravagantes reacciones del PSOE y de Podemos en este tipo de debates, comiencen a hacerlo.