El agujero que permite que el dinero público financie campañas electorales

Un agujero con entrada en los ayuntamientos y en los parlamentos regionales y salida en las cuentas de los partidos políticos. Por ahí fluye una corriente de dinero público, sin que ninguna norma concreta ponga reparos ni controles. Y así lo ha atestiguado el mismísimo Tribunal de Cuentas, que considera que las aportaciones públicas que reciben los grupos municipales y autonómicos son recursos de los partidos, y "una vez forman parte" de ellos, pueden ser destinadas a campañas electorales, aunque reconoce que existe un cierto vacío legal en torno a este tema.

Asimismo, en relación a los años 2014 y 2015, el órgano fiscalizador certifica que Ciudadanos no aportó suficiente documentación en sus cuentas sobre el traspaso de su grupo parlamentario en Cataluña a las cuentas del partido.

De este modo lo han expresado en estos días las consejeras del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro y María José de la Fuente en la comisión de investigación de la financiación de los partidos del Senado, ante la que comparecieron en la segunda sesión monográfica centrada en las finanzas de Ciudadanos. En el foro solo participa el PP ante el boicot de la oposición, que lo considera una maniobra de distracción de la comisión del Congreso centrada en la supuesta financiación ilegal de los 'populares'.

El Tribunal de Cuentas viene reclamando desde 2001 una reforma legal para dotar de una finalidad a las subvenciones de los partidos en los Ayuntamientos y en las Cámaras autonómicas

Frente a la insistencia del PP con el desvío que hace Ciudadanos de las asignaciones públicas de grupos municipales y autonómicos a la cuenta del partido, y que, a su juicio, podría haber sufragado campañas electorales, las técnicas han señalado que "una vez" se les otorgan, las ayudas públicas pueden ser utilizadas para campañas electorales debido a la falta legislación al respecto de estas aportaciones.

"Las aportaciones que reciben de los grupos municipales son recursos y forman parte de los recursos de los partidos, una vez que forman parte de ellos, los partidos le dan el destino que estima oportuno", ha explicado Genaro, preguntada por la fiscalización de esta asignación pública. "Cuando contabilizamos las campañas, reflejamos que todos los recursos empleados sean aportaciones del partido, de sus fondos, pero no se puede identificar de donde vino ese fondo inicialmente. Podría venir de grupos municipales, de los parlamentarios o de donaciones", ha subrayado.

El limbo en el que flotan las subvenciones

Ambas consejeras han apuntado a que existe un vacío legal, "un limbo", con respecto a la utilización de las asignaciones públicas de grupos parlamentarios y municipales, y apuntan a que los reglamentos de los parlamentos son "parcos" sobre "lo que son las subvenciones y para que son".

"Hay un vacío sobre si debiera existir limitaciones al destino de los fondos que reciben los grupos parlamentarios y municipales", ha indicado Genaro, mientras De la Fuente ha mencionado un texto del Tribunal de Cuentas que ya en 2001 subrayó la "conveniencia" de que la subvención se aplicara para su finalidad.

Según han explicado las consejeras, la ley de Financiación de Partidos establece que los recursos públicos de los partidos pueden proceder de las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales. Sobre el fin de las ayudas, debería venir regulado en los Reglamentos de los parlamentos.

En el caso de los ayuntamientos la ley de Base de Régimen Local refleja que las subvenciones no se puedan destinar al pago de remuneración de personal o a la adquisición de bienes que puedan suponer activos fijo de carácter patrimonial.

Los traspasos indocumentados de Ciudadanos

Ante las preguntas del portavoz 'popular' Luis Aznar sobre la falta de documentación en los traspasos del grupo de Ciudadanos en el Parlament, que se justificaron bajo un contrato de asesoramiento, Genaro ha señalado que no contaron con la documentación exigida. "No entramos a analizar esto porque no tenemos documentación, la hemos solicitado, pero no disponemos de esa justificación", ha apuntado Genaro.

En esta cuestión De la Fuente ha señalado que la justificación de esos servicios de asesoría y de gasto por disposición de bienes no contaron con un desglose y no estuvieron justificadas. "Toda operación tiene que estar justificada y sustentada, toda operación requiere eso. Al tribunal no se le ha aportado documentación justificada, por eso hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", ha concluido la consejera del órgano fiscalizador.