Prisiones, la gran olvidada
Son los grandes desconocidos, con un trabajo muy duro y peligroso rodeado de situaciones de riesgo que nadie conoce. Los funcionarios de prisiones explican su situación en este largo texto.
Prisiones, la gran olvidada
No deja de sorprenderme la reacción que provoca mi respuesta cuando me cuestionan acerca de mi profesión. Mi contestación siempre es la misma: “Soy vigilante. Pero también policía, psicólogo, jurista, demasiadas veces sparring, otras muchas antidisturbios y experto en resolución de conflictos, también sanitario o bombero, incluso informático, cartero, electricista y fontanero, y, últimamente, hasta casi sindicalista, puesto que hago la función de éstos”. “No es posible que te dediques a todas esas cosas a la vez” es lo que me suelen interpelar, a lo que yo respondo “por supuesto que si, ¿no ves que soy Funcionario de Prisiones?”.
Desarrollar nuestro trabajo en un medio tan hostil, no hace más que poner en valor a un colectivo abandonado
Nosotros, como Funcionarios de Prisiones, somos los principales garantes del cumplimiento del Artículo 25.2 de la Constitución Española, sobre el que se sustenta toda la legislación penitenciaria. A pesar de la importancia de nuestra labor, llama poderosamente la atención el gran desconocimiento existente sobre ésta en gran parte de la ciudadanía. “¿Pero tú no estarás en contacto con los presos, no?”, “¿Estaréis muchos funcionarios con ellos, no?” o “¿Estaréis muy protegidos, verdad?” son algunas de las cuestiones que más se repiten en el momento que alguien descubre a qué nos dedicamos.
80 internos por funcionario
Cuando respondemos que no sólo estamos en contacto con los internos, sino que convivimos con ellos, interactuamos y compartimos el mismo espacio, y que lo hacemos generalmente solos o, en el mejor de los casos, junto a otro compañero, la sorpresa y el asombro es la tónica habitual de su reacción.
Y ya, cuando hacemos ver que lo frecuente es estar a cargo de una media de 80 internos por funcionario, con unos guantes anticortes más propios de jardineros que de profesionales de la seguridad, un bolígrafo bic y un walkie-talkie que no siempre funciona como única medida de protección, el asombro deja paso a la incredulidad.
EL ABANDONO PÚBLICO DEL GOBIERNO
No dejo de observar y comprobar cómo históricamente el hermetismo y la opacidad han sido la nota predominante en lo que a prisiones se refiere. El Gobierno, con el Ministro del Interior a la cabeza, a diario hace guiños a otros cuerpos con los que compartimos Ministerio y complementamos funciones, como son la Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, mientras el trabajo y esfuerzo de los dos últimos son públicamente reconocidos y valorados por nuestros Gobernantes, a Prisiones se nos mantiene en el más absoluto abandono, sin recibir la más mínima muestra de reconocimiento a nuestra labor y sin reforzar en nada nuestra imagen de cara a la sociedad.
Y esta disparidad se acentúa aún más si tenemos en cuenta que quienes se encargan de custodiar y hacer cumplir las penas privativas de libertad de esos delincuentes a los que las FCSE detienen somos nosotros. Y lo hacemos con unos medios materiales y humanos absolutamente deficientes y con una formación que roza la inexistencia.
DÉFICIT EN LAS PLANTILLAS Y PROCESO PRIVATIZADOR
Recientemente, el Gobierno reconoció un déficit de más de 2000 plazas sin cubrir en la Administración Penitenciaria pese a estar presupuestadas y a sabiendas que ese ahorro repercute directamente en el aumento de la inseguridad en las cárceles. Esta es la cifra oficial. Pero la realidad es que la falta de personal asciende a más de 3000 puestos de trabajo, a lo que hay que sumar una RPT por actualizar, lo que incrementaría más si cabe el número de vacantes.
Si a este hecho le sumamos una media de edad cercana a los 50 años, con un importante porcentaje de la plantilla aproximándose a la edad de jubilación, el conjunto dibuja un cuadro en el que se nos presenta un futuro incierto, donde mucho tiene que cambiar la política actual de nuestros dirigentes si queremos ver revertida esta situación.
Y, desde luego, ese giro no pasa, precisamente, por el proceso privatizador iniciado hace unos años por esta Administración. Primero, porque no soluciona el envejecimiento y falta de personal que existe en el interior de las cárceles, circunscribiéndose el servicio de las empresas de seguridad privada a cubrir la vigilancia perimetral. Y, segundo, porque suponen un sobre coste difícil de entender, máxime cuando estamos tan necesitados de una mejor dotación de medios, pudiéndose haber destinado ese dinero a cubrir esa necesidad.
Son muchas las situaciones en las que nos vemos obligados a poner en riesgo nuestra integridad física
El convenio con estas empresas tiene un coste para las arcas públicas de 60 millones de euros y lleva aparejado la contratación de unos 900 trabajadores. Atendiendo a estas cantidades, podemos llegar a la conclusión que cada trabajador aportado por estas empresas suponen un gasto público de unos 60.000€, más del doble del coste de un empleado público. Pero lo que más llama la atención de estas cifras es que el sueldo que termina percibiendo el trabajador apenas alcanza el 25% de esa cantidad, y eso en el mejor de los casos.
Me pregunto si no hubiera sido más rentable (al menos para los bolsillos de los contribuyentes y no para los ajenos) dedicar esa cantidad a ampliar las plantillas donde verdaderamente hacen falta, aliviando en algo la inseguridad creada y la tremenda carga de trabajo que llevamos soportando estos últimos años.
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN. SIN FORMACIÓN
Al ya comentado menoscabo en la seguridad que supone el déficit de personal que soportamos, debemos añadir los escasos medios de protección que nos facilita la Administración para desarrollar nuestro trabajo. Si oscuro se presenta el panorama que compete a los recursos humanos, peor está, si cabe, lo referido a los medios y medidas destinados a velar por nuestra integridad física y que deberían garantizar, no sólo ya nuestra seguridad, si no la de los propios internos.
Son muchas las situaciones en las que durante el ejercicio de nuestras funciones nos vemos obligados a poner en riesgo nuestra integridad física, ya sea para intervenir en conflictos entre internos o para salvaguardar nuestra propia seguridad al vernos amenazados por ellos.
Y estas intervenciones las llevamos a cabo ya no solo con unos medios deficientes, obsoletos y, en muchos casos en mal estado, sino que lo hacemos bajo una alarmante falta de preparación y formación que sólo la experiencia acumulada a lo largo de los años evita que haya que lamentar más incidentes graves de los que ya venimos sufriendo.
Desde hace 5 años, sin éxito, se denuncia este problema
Enfrentarnos a incendios donde el humo limita la visibilidad prácticamente al cero y sin saber lo que te vas a encontrar contando como única preparación con un curso de apenas 15 horas que recibiste hace años; apaciguar un plante o motín sin preparación en resolución pacífica de conflictos; reducir a un interno que presenta un grave estado de alteración que hace todo lo posible por agredirte mientras tú debes limitarte a usar la fuerza física indispensable para inmovilizarlo, y hacerlo sin conocimientos en defensa personal; inmovilizar a un interno con correas mecánicas encontrándose éste en un fuerte estado de agitación cuando nadie te ha explicado cómo hacerlo; prevenir la radicalización yihadista sin que te formen para ello o encarar un brote psicótico de un interno con patología psiquiátrica sin conocimientos sobre estas dolencias, son nuestro día a día y un claro ejemplo de la necesidad de afrontar una reforma que signifique una actualización tanto del proceso formativo como de la forma de enfrentarse a dichas situaciones.
Nos toca prevenir la radicalización yihadista sin que te formen para ello o encarar un brote psicótico de un interno
Y esa reforma debería ir encaminada, por un lado, hacia la especialización de puestos, creándose distintos grupos de intervención con la preparación adecuada a la situación que deben abordar. Y por otro lado hacia una actualización de los medios materiales destinados a proporcionar seguridad, adecuándolos a los tiempos que vivimos, de forma que nos permita acometer los distintos conflictos que surjan de una manera más segura y proporcionada. No debe consentirse por más tiempo que la formación que recibamos sea a través de cursos de 15 horas que realizas cada muchos años.
AGRESIONES QUE NO CESAN
En la actualidad, los Funcionarios de Prisiones son el cuerpo perteneciente a la Administración Pública que más agresiones soportan al año.
Son muchos los elementos que intervienen en el índice tan elevado de agresiones que venimos soportando en los últimos años. A los ya mencionados de falta de personal, medios y formación, hay que sumar uno con el que nos hemos encontrado recientemente, la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa que tenemos en el manejo de las múltiples situaciones de alteración que sufren y provocan.
Todos estos condicionantes se ven agravados por la ausencia de un desarrollo legislativo que nos incluya como agentes de la autoridad a todos los efectos, con el factor disuasorio que ello supondría, y un protocolo contra agresiones que no se preocupe en maquillar las estadísticas buscando poner cada vez más trabas a la hora de denunciar las agresiones.
Enfermedades
El conjunto de todos estos factores hace que cada día tengamos que lamentar la agresión sufrida por un Funcionario de Prisiones, viendo con estupor como la Administración no hace más que ignorar tan grave situación.
El hecho de desarrollar nuestro trabajo en un medio tan hostil, exponiendo nuestra integridad física tanto a agresiones como a enfermedades contagiosas y viviendo continuas situaciones de estrés y tensión, y hacerlo, además, bajo las condiciones tan precarias ya descritas, no hace más que poner en valor la profesionalidad de un colectivo abandonado por sus dirigentes y desconocido por la sociedad.
Pese a sentirnos los grandes olvidados, no dejamos de estar orgullosos de ser Funcionarios de Prisiones.