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La historia de un kafkiano proceso contra el 'amigo' de Obiang en España

Detenido en 2015 por sus relaciones con el siniestro Obiang, su rocambolesca historia desde Canarias está repleta de giros. Se llama Kokorev, y parece salido de una película.

Obiang, el controvertido dictador de Guinea

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Cuando sistemáticamente los ciudadanos españoles son preguntados por los problemas de la justicia, uno de los recurrentes es la lentitud. Y no falta razón. No sólo en los casos de corrupción que abren telediarios. También en los que aparecen en un segundo plano. Es de libro en este sentido la investigación que se sigue durante toda una década contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, afincado en Las Palmas, denunciante paradójicamente de una compleja operación de manipulación en su contra que mantiene en vilo a las partes.

En una instrucción que le ha llevado a permanecer dos años y medio en prisión preventiva, que ha sido archivada en dos ocasiones, y sobre la que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha reconocido que no se ve un horizonte penal claro para el juicio, las últimas horas han propiciado un giro de 180 grados de consecuencias hoy impredecibles.

La jueza canaria Ana Isabel de Vega tiene sobre su mesa el escrito basado en un informe pericial elaborado por Juan Martos Luque, prestigioso perito informático, que revela la manipulación en la recogida de pruebas practicada por la UDYCO canaria en el llamado ‘caso Kokorev’, detrás del que hay un supuesto lavado de dinero de unos veinte millones de euros.

La pericia cuestiona absolutamente la memoria USB entregada por el testigo estrella del caso, Ismael Gerli, sobre el que pivota gran parte de una acusación que corre el riesgo ahora de deshacerse. En el informe, elaborado por Martos Luque a instancias del abogado de los Kokorev, José Antonio Choclán (fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional) se refieren “graves deficiencias observadas en algunos soportes analizados, que condicionan la completa invalidez de la prueba, así como la manipulación de determinados particulares unidos a las actuaciones“.

Las defensas de la familia hispano-rusa han puesto en conocimiento de la jueza las demoledoras conclusiones del análisis científico de esa ‘prueba especial’ en la que se había convertido el USB de Gerli: “Del análisis del pen drive hemos podido extraer evidencias de manipulación del mismo por parte de la policía española (con creación, borrado y modificación de archivos)”.

El “pen drive” era hasta hoy de vital importancia en la instrucción y considerado un pilar sobre el que se mantenía la acusación contra el empresario ya jubilado y enfermo. Sobre él no sólo se tendrá que pronunciar la jueza canaria De Vega sino el fiscal anticorrupción, Luis del Río, alineado hasta hoy con las tesis de la magistrada del blanqueo de capitales.

El USB de la polémica

La propia UDYCO, que se resistió a entregar este USB crucial a la jueza (que incluso avisó a los agentes de desobediencia si no lo depositaban en el juzgado) admitió no respetar los protocolos de recogida de material informático. Los agentes de policía reconocieron que del lápiz de memoria no habían obtenido la firma digital o ‘código hash’, “imprescindible en un proceso de tratamiento de este tipo de evidencias ante cualquier tribunal”, el único elemento que permite acreditar ante un juez que sobre la memoria no se han producido alteraciones ni manipulaciones.

El testaferro denunciante, en una imagen de Confilegal

En este sentido, el perito concluye no sólo en relación a supuestos documentos de los Kokorev que se almacenaban en el USB sino en relación a la propia declaración ante la policía de Gerli, que “se observa de una forma evidente la existencia de numerosas evidencias de que el dispositivo original ha sido manipulado en momentos posteriores a la declaración presentada por el Sr. Gerli“.

Esta manipulación constatada científicamente y presentada ante el juzgado nº5 de Instrucción de Las Palmas es el último episodio de un proceso kafkiano que comenzó en la Audiencia Nacional contra el presidente de Guinea Ecuatorial y sus familiares, y que terminó derivándose hacia Vladimir Kokorev como supuesto hombre de paja, un empresario ya jubilado y enfermo que ha acreditado que suministraba barcos y bienes de equipo al gobierno de Obiang.

Los retrasos

La Fiscalía General del Estado tramita un expediente por irregularidades/ilegalidades en la investigación del caso. Además del dossier sobre el que tendrá que pronunciarse el departamento de Julián Sánchez Melgar, el Parlamento Europeo ha denunciado en diversos foros (Bruselas y Estrasburgo) las condiciones ilegales de prisión preventiva aplicadas a Vladimir Kokorev, en un asunto que llegó al Comité de Peticiones de la Unión Europea.

Las sospechosas dilaciones en esta interminable investigación están motivadas por el hecho de que dos comisiones rogatorias, precisamente a Guinea Ecuatorial y Ucrania, están en el limbo después de que fuesen aprobadas el pasado verano: esas peticiones de auxilio judicial, según ha sabido este periódico en fuentes del caso, “no han llegado a su destino” y, aún más, “ni siquiera consta que hayan sido libradas”.