Las propuestas frenadas por el Gobierno a la oposición llevaban a la bancarrota

120.000 millones de euros es, aproximadamente, el triple del coste total de la Sanidad y la Educación pública de todas las Comunidades Autónomas españolas. Y se aproxima mucho al capítulo más jugoso de los Presupuestos Generales del Estado, las pensiones, con 139.000 millones anuales.

Pero también es el coste que tienen todas las improvisaciones de la oposición, fundamentalmente de Podemos y del PSOE, tramitadas como proposiciones de Ley y frenadas por el Gobierno, en el uso de sus potestades durante el trámite parlamentario, para evitar algo muy parecido a la bancarrota de España.

La oposición ha propuesta hasta 26 medidas sin explicar de dónde saldría el dinero que abocarían a la quiebra

Se trata de hasta 26 medidas sin presupuestar ni encajar en los recursos reales de España que, sin embargo, se han presentado formalmente durante lo que va de legislatura para forzar la imagen de un Ejecutivo insensible socialmente y, a la vez, presentar a sus promotores como paladines de distintas causas y colectivos.

Según la información documental a la que ha accedido este periódico, el importe de esas casi treinta medidas alcanza los 87.300 millones de euros extra, en torno al 7.5% del PIB anual. O visto de otra manera, de ser aprobadas y aplicadas, el déficit superaría el 10%, una cifra inasumible para las arcas y que, en el pasado, era indiciaria de un rescate total desde la Unión Europea.

Algunas están en trámite

A esa cifra de proposiciones paralizadas, hay que añadirle otros 30.000 millones de euros que sí se están tramitando o pueden hacerlo en breve, una factura sólo algo menor que la disponible para todos los Ministerios de España en sus planes de inversión. Se trata de una nueva Prestación de Ingresos Mínimos promovida por los sindicatos que sumaría otros 15.000 millones de euros extraordinarios o del derribo del techo de gasto en los Ayuntamientos, con casi 7.000 millones de euros más en juego.

El Gobierno ha tenido que frenar 'locuras' que elevarían el déficit al 10% y costaban más que todas las Comunidades juntas

La anulación de la regla de sostenibilidad en las pensiones sería el último asalto al Presupuesto, hasta alcanzar entre propuestas frenadas y otras en marcha los 120.000 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud del gasto, baste recordar que la financiación de todas las Comunidades de régimen general (la totalidad a excepción de País Vasco y Navarra) sólo alcanza los 94.000 millones de euros.

O recortes o más impuestos

Aunque para una parte de la opinión pública es muy tentador escuchar esos cantos de sirena, lo cierto es que sólo se pueden abonar esas facturas extra de tres maneras: recortando de otros servicios, algo que los promotores de las propuestas no han dicho ni señalado; subiendo los impuestos a pesar de que la carga fiscal ya es muy elevada o recurriendo a endeudamiento y déficit, que son para la economía y el Estado de Bienestar, a la larga, lo que la contaminación para el medio ambiente.

Fuentes del Gobierno de España aseguran a este medio que, aunque resulte incómodo ante los ciudadanos, parar la mayor parte posible de estas iniciativas es un "ejercicio de responsabilidad". El veto, potestativo del poder Ejecutivo para muchas de estas proposiciones, atiende a un único fin a su juicio: evitar que se ponga en juego el futuro de los españoles.