Violencia en Lavapiés: el enésimo mal ejemplo de 'carmenas' y 'colaus'

Es muy difícil no acongojarse por la situación de los llamados manteros, inmigrantes subsaharianos explotados por mafias a cambio de retribuciones miserables y una exposición pública muy elevada en condiciones penosas. No es un asunto fácil de resolver y, desde luego, tampoco resulta sencillo de juzgar, pues tan cierto es que desarrollan una actividad ilegal que perjudica al comercio regulado como que son seres humanos a los que hay que tratar de entender.

Conjugar ambas cuestiones es la clave de este asunto, que ni puede solventarse obviando los derechos de los comerciantes, que pagan sus impuestos y no se merecen más mordiscos de la crisis; ni puede hacerse tampoco obviando la triste naturaleza de estos vendedores.

La violencia callejera lleva años contando con la complicidad de gobiernos, dirigentes y partidos que así la incentivan

Esto es una cosa y la otra, bien distinta, los infames disturbios sucedidos en el madrileño barrio de Lavapiés. Ni son justificables ni son tolerables, los hayan cometido los propios manteros o, como parece más que probable, instigado y protagonizado los mismos grupúsculos antisistema que siempre se suben a cualquier carro que permita violencia y agitación.

Kale borroka

Ni siquiera la desgraciada muerte de uno de los senegaleses, por causas naturales pero en un escenario delicado de persecución policial, cambia esa lectura: la violencia en la calle nunca es razonable, y las escenas vividas en Lavapiés se corresponde con ese nuevo tipo de kale borroka que llevamos años soportando en España, con excusas políticas y protecciones institucional muy lamentables.

Lo último es especialmente grave. La cobertura que desde hace mucho tiempo para acá dan determinados partidos y determinados dirigentes a los agitadores, sea en Barcelona, en Madrid o en Burgos; no sólo contradice las obligaciones y responsabilidades más elementales de todos ellos; sino que además legitima a los salvajes al dotarles de una razones políticas decentes que por supuesto no existen.

Con la Policía

Criminalizar a la Policía, que es lo habitual, también es inadmisible y se corresponde con el mismo tipo de falacia esgrimida durante el referéndum ilegal de Cataluña el pasado 1-O o, hace más tiempo, en las llamadas 'Marchas de la Dignidad' en Madrid: se trata de legalizar la violencia, en cualquiera de sus caras, y para ello denunciar la inexistente brutalidad policial es imprescindible para caricaturizar, a continuación, la represión del Estado. Aunque siempre haya más heridos en los Cuerpos de Seguridad que en los violentos.

Que el Gobierno de Carmena en Madrid o el de Colau en Barcelona hayan estimulado todo esto no es una opinión, sino un hecho del que dan cuenta incesantes declaraciones, dudas y decisiones. Y que una parte de Podemos también lo hace, no admite discusión: se empieza por aplaudir cuando alguien proclama su deseo de "asaltar el Congreso" y se termina incendiando la calle con cualquier excusa. Unas repugnantes, y otras tan tristes como el estado de estos pobres manteros.