¿Por qué nadie propone un rescate de las empresas en España?

Ya lo dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace escasas semanas, en los albores del debate sobre financiación autonómica en el que algún líder como Miquel Iceta, del PSC, llegó a sugerir la condonación de la deuda en Cataluña: "Tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y, en especial, la que tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver qué parte de esa deuda se corresponde con insuficiencias del sistema de financiación actual”.

Esa idea puede trasladarse de manera inminente en una moratoria de varias décadas para reintegrar sus deudas, acumuladas durante los mismos años en los que las familias y las empresas la reducían de manera espectacular. Algunos medios de comunicación, como Okdiario, incluso ponen ya un plazo para esa moratoria: treinta años. Durante ese tiempo, las regiones se olvidarán de lo que deben, que será asumido por el Estado. Es decir, por el ciudadano y el ámbito privado.

El contraste de todo tipo entre cómo vive la Administración y cómo subsiste el sector privado real, alejado del IBEX 35 y de las grandes cifras, es abrumador. De la empresa tipo de España, muy distinta del estereotipo de las multinacionales con el que a menudo se juzga al conjunto del sector empresarial español, depende casi todo: entre el 70% y el 90% del empleo y los ingresos fiscales del Estado, según la fuente estadística que se elija y los conceptos que se incluyan, proceden de las pymes, del pequeño comercio, de la empresa familiar y, en último instancia, de los propios autónomos.

En la crisis no ha cerrado ningún ayuntamiento ni universidad pese a sus deudas: sí lo han hecho 200.000 empresas pequeñas

Y, sin embargo, son las grandes olvidadas de la crisis pese a su decisivo impacto en la economía española. En estos años de hundimiento económico se han rescatado bancos, salvado autopistas de peaje y, en general, sacado a flote con dinero público, deuda y déficit, todo el aparataje de la Administración española: en enero, último mes cerrado, el endeudamiento del Estado batió su enésimo récord para situarse en el 98.14% del PIB.

Nada público cierra

Ningún ayuntamiento ni universidad ni televisión pública ha cerrado, pese a que sus cuentas son tétricas y no resistirían en el ámbito privado ni tres meses. Sí han bajado el cierre más de 200.000 empresas pequeñas y medianas, un contraste abrumador.

La propia Seguridad Social tiene un déficit cercano a los 20.000 millones de euros, el Estado adeuda más de un billón y hay consitorios, comunidades o empresas públicas con una morosidad escalofriante que sobrevivien, sin embargo, porque tiene el poder recaudtorio y la capacidad de subir impuestos o de recortar servicios sin tocar su desproporcionada estructura política y laboral.

¿Condonar deuda CCAA antes?

Pero ninguna de ellas aparece en listas de morosos reservadas a las pymes, que viven un calvario expresado en datos y discursos: nadie habla nunca de rescatarlas, mientras ya se discute en público incluso de absorber la deuda autonómica y se anuncia mayor relax con su déficit.

De la situación de las pymes, así como del esfuerzo brutal que ellas y las familias han hecho en comparación con el del Estado, da cuenta una cifra demoledora: las familias y empresas españolas redujeron su deuda en más de 22.000 millones en 2016, último ejercicio 'auditado' por el Banco de España, el Ministerio de Economía, los organismos reguladores y los gabinetes de estudios de entidades como BBVA o Bankia.

Mientras el Estado triplicaba sus deudas y morosidad, los hogares y las empresas la reducían en miles de millones

Mientras, las Administraciones Públicas han batido otro récord histórico al llevar su endeudamiento hasta el 100.33% del PIB. O si se prefiere, hasta el 1,129 billones de euros, más de la riqueza total del país. Y no será porque las facilidades están de parte de los primeros.

El Estado lo consume todo

En realidad, es al revés: es el Estado quien consume buena parte del crédito disponible, costoso o directamente negado para el 75% de las empresas españolas, según los informes de CESGAR, la asociación de sociedades de garantía recíproca, pocos sospechosa de animadversión al sector público del que forma parte, resumidos en un dato escalofriante: la concesión de crédito en los años de crisis, a partir de 2008, se ha desplomado hasta un 44%.

Esto es, si aquel año la Banca concedió unos 950.000 millones en préstamos empresariales, la cifra apenas supera los 531.000 millones en la actualidad, pese a lo cual la deuda privada ha bajado hasta un 82% del PIB frente al 115% alcanzado en las postrimerías de 2010. Todo ello dibuja un paisaje adverso que probablemente explica el cierre de cientos de miles de empresas sin, al menos, el calor o el reconocimiento social que acompaña a otros 'desahuciados', pese a que las pymes y empresas familiares dependen al menos tres cuartes partes del empleo y los ingresos fiscales del Estado.

Y el paro, quizá por ello, también ha asolado el sector pese a la evidente recuperación de los dos últimos años: durante la larga crisis, y pese a las quejas de los sindicatos de la Administración Pública, el número de puestos de trabajo dependientedel erario se ha mantenido en el entorno de los tres millones: la práctica totalidad de los despidos, pues, vienen del ámbito privado y han afectado por igual al contratado y al contratante.

Entre zancadillas

El cuadro final no admite réplicas: mucha menor financiación (hasta los Presupuestos Generales del Estado en negociación prevén un recorte de 108 millones de ayudas a las pymes), a un precio superior y con una exigencia de garantías en un contexto de brutal recesión en el que el auténtico sector empresarial español, alejado de los clichés y la demagogia que convierte a la excepción -una multinacional cotizada- en norma, ha tenido que superar la crisis sin ayudas, con zancadillas y no pocos estigmas encima.

El crédito a las pymes se ha desplomado un 44%; y la mitad de ellas ya ni siquiera intenta pedir un préstamo

Aún más, la presión fiscal no ha dejado de subir, incluso con decisiones tan estrambóticas como obligarlas a adelantar el Impuesto de Sociedades para cuadrar las cuentas públicas o, aún más dañino, la negativa a permitir el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social o a Hacienda pese a la normativa que supuestamente se lo concedía.

El mismo informe de la asociación de SGR resumía el drama con una cifra casi estremecedora: el 50% de las pymes ya ni se plantean intentar pedir un crédito; o no pueden aportar las garantías que les exigen o acumulan deudas con Hacienda o la Seguridad Social que no impiden endeudarse a la Administración pero cierran el crédito al sector privado e incluso le estigmatizan con listas de morosidad en las que se mezclan a defraudores con simples deudores de menor enjundia que cualquier ayuntamiento de pedanía española. Pese a ello, 2016 cerró con un crecimiento de más del 6% de la cifra total de creación de nuevas pymes.

El esfuerzo de las familias

Y el mismo esfuerzo cabe decir de las familias, la otra gran ancla durante la recesión: su deuda supone el 64% del PIB, frente al 83% de 2010, de nuevo con datos oficiales de los organismos reguladores recopilados para este artículo. Y en cifras, el cuadro es igual de elocuente: los hogares están endeudados en 713.000 millones, casi 20 puntos porcentuales menos que al finalizar el terrible 2010. Mientras, ese mismo periodo, el Estado ha multiplica por tres su propia deuda.

En las casas, en resumen, la recesión ha sido respondida con austeridad, imaginación y un esfuerzo que no realiza, en ningún caso, el sector público supuestamente consagrado a atender al ciudadano y no a mantenerse gracias a él.

Un último dato comparado refleja la desigual carga de esfuerzo del sector privado frente al público: en 2016 las familias y las empresas bajaron su endeudamiento en 21.895 millones de euros. En ese mismo periodo, ampliado hasta el pasado mes de marzo según el último apunte contable del Banco de España, las Administraciones Públicas lo elevaron en otros 32.500 millones.

¿Una pequeña esperanza?

La nueva ley de autónomos, impulsada por Ciudadanos y apoyada por el PP, es un ligero indicio de que algo podría estar cambiando en un sector íntimamente relacionado, precisamente, con las pymes. Y hay algo más para pensar en que, tal vez, alguien esté empezando a tomarse en serio la magnitud del problema.

Así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció a mediados del año pasado que el Gobierno planteará medidas para impulsar el tamaño y la escala de las empresas y que, a tal efecto, el entonces ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, presentaría este mes un informe con las primeras iniciativas que "servirán para que en el futuro España avance en la buena dirección". Poco más se supo al respecto, más allá de una ley de autónomos que no toca el problema real y ni siquiera lo rodea: la empresa tipo española, la pequeña, necesita un rescate.

"El Gobierno está comprometido y, por ello, está trabajando en la elaboración de una estrategia de crecimiento empresarial", apuntó entonces Rajoy, tras explicar que la idea es la de abordar las causas que limitan el tamaño de las pymes y las vías que impiden incrementar su crecimiento, ya que es "un problema muy importante" para la economía española en general.

Más reformas

"Debemos continuar con las reformas, ser más competitivos y prestar atención a algunos temas que pueden contribuir a estos objetivos. El tema capital, sin duda alguna, es el tamaño de las empresas, algo a lo que debemos hacer frente en las próximas fechas", añadió.

En esta línea, reconoció que en España el 99,8% de las empresas que conforman el tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, que aportan la mayor parte del empleo que hay en España y que representan algo más del 60% del PIB. Así, Rajoy ha destacado que lo más importante de estos datos son "lo que significan" y reconocer que la limitación del tamaño empresarial "crea retos de escala".

En España, el 73% de los trabajadores españoles son empleados de pymes, mientras que un 27% trabajan en grandes corporaciones. En el caso de Alemania, país con el que Rajoy ha contrastado los datos de España, un 62% de los trabajadores lo hacen en pymes y un 38% en grandes empresas, 11 puntos más que en España.

Rajoy reconoce el problema de las pymes para tener financiación y anuncia novedades para facilitarlo

Una de las "posibles dificultades" a las que se enfrenta el crecimiento empresarial son los umbrales regulatorios, según explicó el jefe del Ejecutivo. En concreto, el Gobierno ha encontrado más de 130 regulaciones vinculadas al tamaño, que se activan cuando las empresas superan "determinados umbrales", y está analizando si estas regulaciones "dificultan los procesos de convergencia hacia el tamaño óptimo".

Para Rajoy, es "importante" el mantenimiento de un entorno institucional que favorezca al desarrollo de la actividad inversora. El clima de los negocios o las condiciones institucionales son otro vector a tener en cuenta, según el presidente del Gobierno, para aumentar la escala de las compañías españolas.

Sobre el crédito

El Gobierno cree que es "irrenunciable" perfeccionar las regulaciones y fomentar la cooperación entre distintas administraciones. Las dificultades de acceso a la financiación para acometer proyectos empresariales también suelen ser un problema, por lo que el Gobierno piensa facilitar la "disponibilidad de una amplia gama de instrumentos financieros, que vayan desde la investigación hasta las fases de desarrollo" de las empresas.

Buenas intenciones, sin duda, pero a falta de muchas concreciones. Mientras, se seguirá cerrando hoy otra empresa, en silencio o entre críticas, sin que nadie se dé cuenta de que precisamente ahí ha residido el drama para tantos trabajadores. Nunca hubo dinero para quien más dinero ha dado al Estado. Una cruel paradoja.