Del Golpe a la derrota: el golpismo en Cataluña ha muerto, ahora queda su resaca

De no haber acudido el Gobierno al Tribunal Constitucional, con notable riesgo político, a estas alturas el nuevo presidente de la Generalitat sería el viejo, Carles Puigdemont. Y de no haberse aprobado en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos; es bien probable que el recién investido hubiese proseguido con su alocado pulso independentista, malversando sus funciones y las de las instituciones catalanas.

En lugar de esa imagen, la que ayer vimos en el Parlament, con una tensión mínima y sin agitación callejera alguna, fue la imagen de la derrota y la división del soberanismo. Desde que se frenó en seco la DUI con la Constitución en la mano y las herramientas jurídicas y políticas del Estado de Derecho, lo que hemos presenciado es un deterioro público de una farsa peligrosa.

En lugar de Puigdemont, fugado, la imagen del Parlament ahora es la de una derrota del secesionismo y su división fraticida

Primero, los partidos golpistas fueron incapaces de presentarse a unas Elecciones que decían ser ilegítimas en una lista única. Después perdieron los comicios, aunque entre todos ellos lograran la mayoría parlamentaria. A continuación empezaron a pasar por el banquillo o se fugaron sin apenas contestación en la misma calle que agitaron con infinita irresponsabilidad. Y, finalmente, han fracasado reiteradamente en la búsqueda de un president viable.

Todo ello compone una tranquilizadora estampa democrática que coloca a cada uno en el papel que merece y salvaguarda la democracia española y catalana, por mucho que quienes más las han pisoteado intenten presentar las consecuencias de sus probables delitos en un acto de represión que nunca ha existido.

Es cierto que el independentismo no ha desaparecido ni desaparecerá; y no lo es menos que su penetración tóxica en el tuétano de la sociedad catalana, con una operación de ingeniería social que dura décadas, exige una estrategia firme y continuada en el futuro. Pero se ha logrado lo más importante: colocar este conflicto en el marco constitucional adecuado y demostrar la eficacia de un Estado sólido donde actúa, desde el respeto a los procedimientos y la contundencia de sus fundamentos, la separación de poderes.

La fractura en el seno de Junts pel Catalunya, el enfrentamiento entre ésta y PdeCat y ERC y, por último, la distancia hacia todos ellos de la medieval CUP; evidencia que el procés ha derivado en una lucha fraticida entre quienes quieren monopolizar en término de votos y ascendencia social ese virus creado por todos, el independentismo más tóxico de cuantos recorren Europa.

Porque por mucho que políticos, medios y juristas del mismo corte ideológico dediquen más tiempo a enmendar, con notable arrogancia, las decisiones del Ejecutivo, del Senado, del Supremo y de la Audiencia Nacional; lo único cierto es que España se ha protegido correcta y dignamente de un desafío infame que sólo ha generado empobrecimiento, división y crispación en Cataluña y con el resto de España.

Lo importante no es qué haga el soberanismo, sino cómo se comporte el Estado: frenado el Golpe, toca cauterizar las razones que lo impulsan

La Justicia no es un producto de intercambio moldeable a supuestas conveniencias políticas ni, tampoco, un instrumento estratégico para dirimir conflictos ajenos a su ámbito. No hay delitos, pues, que puedan obviarse para lograr una pacificación que tiene otro camino más sencillo y decente: elegir a un presidente que respete las leyes que a él mismo le confieren sus competencias y ejercer esa labor en los parámetros legales y políticos prescritos en la Carta Magna y el Estatut.

Si el secesionismo no es capaz de entender eso, el Estado de Derecho tendrá que seguir aplicando sus defensas por tiempo indefinido. Y si lo entiende, no habrá razón alguna para obviar que la tarea de rehabilitación democrática en Cataluña no habrá hecho otra cosa que empezar: frenar el Golpe es una cosa; evitar la manipulación educativa y mediática de una parte nada desdeñable de la población, otra bien distinta, que sigue pendiente y debe ser innegociable.

El 155 es un artículo legal, desde luego, pero también un concepto que resume la nueva relación que debe mantenerse entre las instituciones catalanas y el conjunto del Estado: ni uno menos de los derechos recogidos para la Generalitat; pero ni uno más de los abusos que su nombre se han perpetrado durante lustros.